Juan Pablo hará gala de «sus dotes diplomáticos» al escuchar al Presidente del Superior Tribunal, que concurrirá acompañado por el fiscal general, César Sotelo. El Gobierno pretende resaltar la importancia de una planificación articulada y de respetar las prioridades establecidas para el normal desenvolvimiento de la gestión provincial. El Gobernador dejará en claro que «el déficit cero no se negocia» y pedirá que las decisiones salariales se tomen en un marco de diálogo previo que evite situaciones de conflicto. En el Ejecutivo son conscientes de que el Presidente del alto cuerpo judicial llega al cónclave debilitado internamente. En el ámbito del STJ viene primando una nueva mayoría que le resta «capacidad interlocutoria».
20-CONTRATAPA-OK-1Días atrás, el gobernador Juan Pablo Valdés se plantó en el centro del ring, bajando una línea clara con respecto a la necesidad de ser conscientes de la gravedad de las cuentas públicas, lo que se refleja en la caída de los niveles de coparticipación de un 15 por ciento. Lo hizo en un reportaje a Radio Dos.
Antes, ya el anterior ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, había sido claro, en el mismo sentido, con los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con una posición que refrendó in totum el nuevo timonel de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot. Éste se reunió en el STJ con cuatro de los cinco ministros, dejando en claro la imposibilidad, tanto en términos económicos como en términos políticos, frente al reclamo de otros sectores que nuclean a 92.000 de los 95.000 empleados públicos.
Terminada la reunión, una vez que se retiraron el Ministro y también el presidente del STJ, Guillermo Horacio Semhan, el resto de los ministros, en mayoría, acordó aceptar la propuesta que llevó Grachot, que consistía en un aumento del 10 por ciento a partir de mayo que, en el caso de los judiciales, absorbería el 6 por ciento que el Gobierno pretende sea dejado sin efecto, para evitar «el efecto cascada» sobre áreas particularmente sensibles como la Policía y la docencia. En el cuerpo se consideró la propuesta en términos positivos, bajo al argumento de no generar un conflicto de poderes y ser solidarios con el resto de los empleados públicos, de modo de no aparecer, ante la sociedad, como «un sector privilegiado», algo que no contribuye a la imagen de los judiciales en la opinión pública.
En los hechos, lo cierto es que, desde diciembre, cuando asumió Guillermo Semhan, las señales no fueron bien interpretadas en la esquina de 25 de Mayo y Salta. Molestó, y mucho, que el bono dado a los judiciales triplicara al que dio la Provincia. Y, luego, que, sin diálogo de ninguna naturaleza y, en el marco de las severas limitaciones presupuestarias, se haya dispuesto un aumento, en dos tramos de 6 por ciento, acumulativos para marzo y abril, con lo cual pareció tomar la delantera en la fijación de la política salarial del Estado provincial; precisamente, cuando el Gobierno enfrentaba la compleja negociación con el sector docente.
En tanto, el Ministro de Hacienda y Finanzas volvió a ser claro al remitir una nota, esta vez a todos los ministros, «salteando al Presidente», explicando «los números de la Provincia» lo cual no fue óbice para que Semhan vuelva a insistir con el reclamo, logrando, esta vez, la tercer firma de uno de los ministros, en ausencia de los otros dos que habían ido a la reunión de la Junta Federal de Cortes en Santa Fe y que se sorprendieron por lo actuado. La nota, obvio, hizo ruido en el Gobierno.
Con todo, y en un nuevo giro en «esta comedia de enredos en la que quedó de manifiesto la falta de cintura política del Presidente, ese tercer ministro volvió sobre sus pasos, adhiriendo a la posición inicial de aceptación de la propuesta del Gobierno. Dejó en claro que no estaba en su ánimo «alterar las cuentas públicas».
En este marco se dio el anuncio, en el último acuerdo, de Semhan, de que estaba gestionando una reunión con el Gobernador, que finalmente logró, aunque se le dejó en claro que «hable por sí».
De hecho, no será acompañado por ninguno de los otros cuatro ministros, que escucharán el próximo martes las conclusiones de la reunión, no sin dejar de señalar que el Presidente acostumbra a «cortarse solo», lo que lo llevó a enfrentar sucesivas decisiones dentro del cuerpo que vienen «recortándole las atribuciones» que pretendía mantener. Por caso, nunca informó ni invitó a sus pares a una reunión con el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, días atrás.
«LÍNEA ROJA»
El trasfondo del encuentro dista de ser estrictamente económico. El Gobernador pretende tener «una relación aceitada y de respeto mutuo» con el Poder Judicial, aunque bajo reglas claras, con un mínimo de coordinación, dentro de lo que es la política salarial del Estado.
El Ejecutivo provincial ha mantenido una línea de recomposición salarial sostenida, pero austera, ajustando los haberes del sector público de manera escalonada, para no perder frente a la inflación. Sin embargo, el Poder Judicial tomó un camino propio. A través del Acuerdo Extraordinario N° 02/2026, la Justicia se otorgó un incremento que, en los hechos, duplica el porcentaje anunciado por el Gobierno central para el resto de la administración pública.
Para Valdés, esta asimetría no es sólo un problema de equidad, sino de supervivencia financiera. El mandatario advirtió que convalidar ese incremento significaría un bache de 48.000 millones de pesos, una cifra que Corrientes no está en condiciones de absorber sin poner en riesgo el pago de sueldos en tiempo y forma. En la visión del Gobernador, el Estado no puede permitirse el lujo de desfinanciarse en un contexto de incertidumbre; aunque, más allá de lo económico, cuyos números tampoco son relevantes, Juan Pablo no quiere aparecer como un gobierno que va a la zaga de la iniciativa de otro poder, y le preocupa mantener una política de equidad con el resto de los 92.000 empleados públicos ante los que no tendría respuesta si, ahora, diese un paso atrás.
La reunión con Semhan y Sotelo será, en esencia, una mesa de realidades. El Gobernador buscará que comprendan que la independencia de poderes no puede ser ajena a la responsabilidad fiscal compartida.
Corrientes intenta, una vez más, mostrarse como un «isla de orden» en un país convulsionado. Hoy se sabrá si el respeto institucional y el pragmatismo económico logran confluir para preservar la paz social en la Provincia. No parece haber margen para situaciones extremas.
Los tres ministros que aceptaron la propuesta del Gobierno la consideraron realista y superadora. Ahora, el repliegue de un Ministro del Superior que había dado un giro en favor de Semhan, asegura que esa será la decisión institucional del alto Tribunal.
Juan Pablo: «No hay plata»
«No tenemos una fábrica de dinero», había dicho días atrás el gobernador Juan Pablo Valdés, acerca de los acuerdos de incrementos en el Poder Judicial y sus posibles consecuencias en las arcas públicas provinciales.
Juan Pablo fue tajante: «Hoy, cuando uno mira la coparticipación de lo que entra respecto de lo presupuestado, entra menos plata. Nosotros presupuestamos 10 y están entrando 8,50», sostuvo. «Está muy bien que ellos quieran otorgarse aumentos, pero después hay un presupuesto que respetar. Después se van a dar vuelta y van a decir: ‘Che, mandame más plata’, y yo, la verdad, no tengo más plata», sentenció, en declaraciones a Radio Dos.
Entre los recortes nacionales y el reclamo federal
UN PRESIDENTE SIN MAYORÍA. Guillermo Semhan viene perdiendo terreno, puertas adentro del Superior, con sucesivas iniciativas que no lograron la mayoría de tres votos. En los últimos días gestionó, y obtuvo, la reunión con el Gobernador, en la cual la pulseada tendrá un punto final. Lo importante es que, sobre las diferencias, el Gobierno no asume actitudes soberbias. Mantiene abierta la línea de diálogo, más allá de sostener una política de equidad entre todos los sectores de la administración pública, y no quiere comprometer las cuentas públicas.