Se reunirá hoy la Comisión Provincial de Emergencia. El encuentro tendrá lugar en el Ministerio de Producción, a las 9, donde se contará con la presencia de referentes de los distintos sectores del campo correntino, acuciados por la sequía y las diferentes vicisitudes derivadas de la crisis económica por la que atraviesa el país.
Más allá del contenido de la reunión, lo que adquiere una relevancia mayúscula es el tiempo, puesto que este sábado vencerá la prórroga del decreto de Emergencia Agropecuaria y con ello caerán todos los beneficios otorgados a los productores afectados, a quienes les costó acceder a los mismos por distintas trabas administrativas que se aplicaron en las órbitas gubernamentales involucradas al respecto.
En este marco, «es clave la certidumbre», remarcó a EL LIBERTADOR el titular de la Asociación de Sociedades Rurales, Pablo Sánchez. El ruralista goyano será uno de los que participará hoy de la cita en la que también estarán los exponentes arroceros, citrícolas, forestales, hortícolas, entre otros rubros.
A ellos se sumarán delegados de oficinas clave en medio de este panorama. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y el Banco Nación tendrán sus representantes en nombre del Gobierno central; sin embargo, no se sabe si esta vez (ya que no se encuentra estipulado por normativa su participación activa) podría contarse con algún emisario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), actor fundamental para los paliativos que demandan todos los sectores del campo correntino.
Provincia estará representada por el titular de Producción, Claudio Anselmo, que estará acompañado por Obras Públicas, Hacienda y por el BanCo.
UNA MEDIDA
INDISPENSABLE
El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Pablo Sánchez advirtió la proximidad del vencimiento de lo decretado en diciembre por Gustavo Valdés y consideró necesario que se avance sin demoras con la renovación de la prórroga.
«Es que con la emergencia se habilita una serie de beneficios para los productores», enfatizó para luego enumerar cuatro puntos clave. «Lo primero que permite este tipo de medidas es que se tenga un paraguas legal para acceder a beneficios. Dependemos del Decreto del Gobernador y después de la homologación del Gobierno nacional. De ahí es que impactan todos los aspectos formales», indicó.
«Lo importante también es que esto permite identificar a los productores que tengan el certificado, ya sea de emergencia o de desastre agropecuario para acceder a los distintos beneficios», agregó.
De esta manera, subrayó otro ítem de importancia que se desglosa del decreto. «La Provincia puede establecer diferimientos en materia inmobiliaria, entre otros alivios. Y a escala nacional, es crucial todo lo que se haga, porque con la Emergencia habilita cuestiones fiscales que son muy gravitantes. Todo lo relacionado con la Afip es clave para el productor. Lo mismo que las ejecuciones de embargos, hasta prórrogas de pago», especificó Sánchez.
«Así como la Afip también es clave en las cuestiones financieras, por los vencimientos de créditos con los bancos», agregó.
NUEVO PLAZO
SE REQUIERE
Resulta más que oportuno recordar que la primera prórroga del decreto de Emergencia Agropecuaria se rubricó el año pasado, por el término de 6 meses. Después se prolongó hasta fin de año. En diciembre de 2022, Valdés firmó un nuevo período, y fue allí cuando se expuso la dilación burocrática y política que padecen este tipo de escenarios, ya que Sergio Massa (ministro de Economía) recién hizo efectiva la medida en febrero de este 2023, dejando prácticamente 4 meses para tramitar los beneficios. Y será este sábado 1 de julio cuando se termine y deba actuarse en consecuencia.
DEBATE DE JUEVES
POR LA MAÑANA
En esta coyuntura, de calendario apretado, la reunión de hoy en Producción marcará un antes y un después para el campo correntino. «El Estado provincial dispondrá las medidas según los números que tienen, los relevamientos que hicieron. Esperamos que se defina la prórroga», confió el ruralista de Goya, quien además argumentó su postura ya que la crisis está más que probada, tanto por datos aportados por los propios productores, así como los relevamientos hechos por los funcionarios provinciales.
A la Afip
«Los productores estamos planeando hacer una presentación a la Afip para que brinde mayor claridad respecto a las medidas que se deciden. Porque habían dicho que no habría intimaciones por moras, pero sabemos que se están dando», advirtió Sánchez.
«No hay claridad en la información de una oficina tan importante. Se necesita algo muy puntual respecto a los diferimientos de pagos. Es que se iban a realizar a fin del ejercicio próximo a la Emergencia, pero nos enteramos que no se operará de esa forma, sino que se hará desde el 1 de enero de 2024. Pero esta fecha no es el fin del ejercicio próximo a la Emergencia. Estamos en curso del mismo, por lo que tendríamos que hablar de otro plazo, más prolongado. Como, por ejemplo, mediados de año del año que viene. Dependerá de cuándo tienen el cierre según la empresa, la categoría, el productor. Necesitamos que se clarifique», remarcó.
Problemas
vigentes
«Es difícil cuantificar en materia fiscal el impacto negativo que puede llegar a tener el hecho de no contar con el decreto de emergencia. Esta situación que vivimos en el campo, en general, es de pérdida constante», aseveró Pablo Sánchez a este medio, para describir que los efectos de estragos que vienen de hace años son tremendos.
«Por ejemplo, en la ganadería son procesos biológicos y de largos plazos. Entonces, tener una sequía por más de 3 años va dañando progresivamente todo el sistema ganadero. Impacta en el suelo, así en el forraje y en la consecuente alimentación de los animales», detalló.
«Lo primero que se ve es la pérdida de peso del animal, pero hay un montón de intangibles que acrecientan los daños que venimos sufriendo», remarcó, para reconocer que a ello se agrega el hecho de tener que soportar los costos, sujetos además a la inflación y la devaluación de la moneda.
«En función de todo lo que lleva adelante el privado en medio de la crisis es donde el acompañamiento del Estado es vital. Y la principal herramienta que existe es la declaración de Emergencia, individualizar a los productores afectados con los certificados y luego que estos puedan acceder a los beneficios que acarrea el decreto», insistió.
A LA ESPERA DE
PROVINCIA Y NACIÓN
El titular de la Asociación de Sociedades Rurales reconoció que aguardan que la prórroga acarree similares acciones como las de 2022. «El año pasado se operaron beneficios en Provincia que fueron directamente a la exención de impuestos», dijo para hacer hincapié en que «sin embargo, con Nación eso no se aplicó. Se dio con diferimiento».
Sobre la cuestión plazos, ya que se está a horas de que concluya la vigencia del decreto de Emergencia, será un tema a tratar en la reunión de hoy, teniendo en cuenta la premura del calendario en las distintas actividades agropecuarias.
Teniendo en cuenta la dilación anterior luego de que Valdés prorrogara en diciembre de 2022 y que Massa la hiciera efectiva recién en febrero de 2023, Sánchez sostuvo: «Efectivamente ocurrió. Por eso venimos planteando al Gobierno la necesidad de agilizar los tiempos. A la vez, hay toda una burocracia formal que hace que los hechos tengan que estar producidos para determinar la Emergencia. Son incongruencias que tiene la legislación y que acota la capacidad de maniobra de los funcionarios», expresó.
«Nosotros tenemos la obligación de anticiparnos a las cosas. Si estamos sabiendo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, es necesario tomar las medidas urgentes. Entendemos que después todo se termina dilatando y los beneficios llegan tarde o no pueden ser aprovechados por los productores», añadió.
.