Desde el Instituto de Previsión Social decidieron marcar la cancha. Es que aguardan un depósito del Gobierno central, el cual corresponde a jubilaciones y pensiones correntinas. El interventor, Marcos Amarilla dejó en claro que, a pesar de la dilación, los pagos están garantizados. Una embestida administrativa que expone la «guerra fría» latente entre dos administraciones que manejan una relación ambivalente, la cual quedó marcada después de las dos estocadas electorales de los radicales. Un primer capítulo de una novela que promete extenderse a otras dependencias gubernamentales.
03-POLITICA-6El Gobierno provincial sazonó el tenso escenario que mantiene con Nación. Tras los rezongos por la aletargada habilitación de las fronteras, se arremetió desde el ámbito previsional. Fue desde el Instituto de Previsión Social donde se hizo hincapié en una deuda multimillonaria que el Estado central mantiene.
Según especificó el interventor del IPS, Marcos Amarilla, se aguarda el depósito de alrededor de 1.600 millones de pesos adeudados que tienen como fin el pago de jubilaciones y pensiones. «A pesar de la situación, los pagos a los trabajadores pasivos están garantizados», aclaró el funcionario, quien hizo hincapié en que se presentó toda la documentación correspondiente y que «es plata que le corresponde a los correntinos».
La de Amarilla no fue una acción unilateral, se hizo en consonancia con la Rosada correntina, desde donde recordaron que años atrás, el Gobierno nacional firmó un convenio con las provincias que no le transfirieron sus cajas previsionales, entre ellas Corrientes. El acuerdo consistió en el envío de fondos para el saneamiento de estas cajas y así pagar a los jubilados.
El Interventor comentó que, por el momento, les «están remitiendo los mismos fondos que recibimos desde 2018, no están actualizados a pesar que de presentamos toda la documentación correspondiente de 2018 y 2019».
Dejó en claro que se trata de «dinero que le pertenece a nuestros jubilados y pensionados, y que la Provincia saca del Tesoro para poder cubrir el faltante».
Anticipó que el Gobierno de Corrientes pidió una auditoría al IPS para que quede demostrado que la entidad realizó todos los trámites necesarios, la cual se concretará a mediados de noviembre.
Amarilla llevó tranquilidad a la población al decir que el pago a los trabajadores pasivos está garantizado. «Es una de las políticas que el gobernador Valdés tiene en el rubro, junto con el 82 por ciento móvil y que la Caja siga siendo de los correntinos».
Para concluir, el funcionario contó que la comunicación con Nación es permanente y que se espera resolver la situación para que, a partir del año próximo, la provincia reciba los fondos actualizados.
Es un capítulo más de una serie de tensiones que se fueron acrecentando conforme los resultados electorales se fueron dando en contra del Gobierno central, quien veía en la administración Valdés una especie de aliado estratégico; sin embargo, a la hora de la verdad sintió el rigor de las urnas a favor de los radicales. Así, y la preponderancia en el espectro opositor que obtuvo el mandatario correntino, provocó que desde Olivos emitieran la orden a las oficinas de Balcarce 50 que, por lo menos hasta noviembre, se le haga sentir el rigor en cada trámite que deban cursar.
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