Por Pascual Albanese
La conmemoración del primer aniversario del asalto al Capitolio del 6 de enero disparó en el debate público una pregunta inimaginable hasta hace poco tiempo: ¿puede estallar una segunda guerra civil en Estados Unidos? Barbara Walter, una consultora integrante de un equipo de la CIA dedicado a adelantar las tendencias que llevan a los países hacia una guerra civil, autora de un libro de flamante aparición titulado «Cómo se inician las guerras civiles y cómo detenerlas», afirma que «estamos más cerca de la guerra civil de lo que cualquiera de nosotros pudiera creer».
Para Walter, «si usted fuera analista en un país foráneo mirando los sucesos en Estados Unidos -en la misma forma en que vio los elementos de Ucrania o en Costa de Marfil o en Venezuela- recurriría a una lista de verificación, valorando cada una de las condiciones que hacen probable una guerra civil. Y lo que usted encontraría es que Estados Unidos, una democracia fundada hace más de dos siglos, ha entrado en un territorio muy peligroso».
La difusión de esa evaluación, realizada en vísperas de aquel asalto protagonizado por militantes republicanos que desconocían la legitimidad de la victoria electoral del actual presidente Joe Biden, coincidió con la aparición en The Washington Post de un artículo firmado por los generales retirados Paul Eaton, Antonio Taguba y Steven Anderson que manifestaron su «preocupación sobre las postrimerías de la elección presidencial de 2024 y su potencial caos letal en el Ejército».
Los tres generales plantearon la hipótesis que pueda ocurrir un «golpe de Estado» y revelaron que, durante el episodio del 6 de enero pasado, el general Mark Milley calificó de un «9/11 doméstico», hubo un «número perturbador de veteranos y miembros activos del Ejército que formaron parte del ataque». Recordaron que un grupo de 124 oficiales retirados del Ejército, bautizados como Flag Officers 4 America (oficiales de la Bandera por América) publicó una carta que respaldaba las denuncias de Donald Trump sobre el fraude en la elección.
Como otro síntoma del peligro, la tríada de generales citó la declaración del general Thomas Mancino, a cargo de la Guardia Nacional de Oklahoma, un bastión sureño del «trumpismo», quien dijo obedecer al gobernador republicano Kevin Stitt, en lugar de las directivas de Biden, en la controversia sobre la obligatoriedad de las vacunas contra el Covid-19. Alertaron también sobre la «potencialidad de una ruptura total de la cadena de comando en base a líneas partidistas, en un escenario de otra insurrección». Sostuvieron que con Estados Unidos «más divididos que nunca» es necesario tomar medidas para «prepararse para lo peor».
En otro artículo en The Washington Post, Dana Milbank, un politólogo de la Universidad de Yale, señaló que «no es una exageración decir que la supervivencia de Estados Unidos está en riesgo». Coincidentemente, la pareja de analistas formada por Karen y Gregory Treverton, publicó en The Article, un portal británico de Internet, una nota titulada «Viene la guerra civil», en la que consignaron que «sólo falta saber si será librada con pleitos legales y secesiones o con ametralladoras AK15-S».
ESPERANDO EL 2024
Mientras estos pronósticos conmocionaban el ambiente periodístico, la jueza federal Tanya Chutkan condenaba a cinco años y tres meses de prisión a Robert Palmer, uno de los 700 procesados por el asalto al Capitolio. La magistrada subrayó que «tiene que quedar en claro que intentar impedir la transferencia pacífica del poder y agredir a las fuerzas del orden va a recibir un castigo». En tanto, la policía de Iowa detenía a Kuacha Brillion Xiong, un californiano de 25 años equipado de un sofisticado arsenal quien admitió sin ruborizarse que se dirigía a Washington para asesinar a Biden. En su automóvil fue encontrada también una «lista de objetivos» que incluía, entre otros, a los ex presidentes Bill Clinton y Barack Obama.
La idea de que personajes como Palmer o Xiong son simples «locos sueltos» no es plausible en un país donde pululan centenares de grupos ultraconservadores que reivindican su derecho a la portación de armas y no desdeñan el uso de la violencia, con una activa presencia en las redes sociales. Para las agencias de inteligencia, estas células constituyen la mayor amenaza a la seguridad interior, por encima incluso del terrorismo islámico. Estados Unidos tiene en su historial el asesinato de tres presidentes, un método erigido en la versión norteamericana del golpe de estado, y es escenario de frecuentes matanzas colectivas perpetradas por «lobos solitarios».
Existe un desequilibrio entre los dos bandos del conflicto, que no sólo expresan visiones antagónicas sino sectores enfrentados de la sociedad. Los conservadores, mayoritarios en la población WASP (blanca, anglosajona, protestante), cuentan con milicias armadas, entre las que sobresalen las pertenecientes a los «supremacistas» blancos, para quienes los hispanoamericanos no integran esa categoría. Los progresistas, cuya base de sustentación reside en las múltiples minorías de una sociedad crecientemente diversificada, tienen una importante capacidad de movilización, reflejada en la masividad de las demostraciones de protesta de los afroamericanos, los hispanos, el movimiento feminista y el colectivo LGTB, pero carecen de fuerzas de choque de envergadura. Esa característica quedó exhibida en las elecciones de noviembre de 2016, cuando apenas finalizado el escrutinio decenas de miles de manifestantes inundaron las calles para repudiar la victoria de Trump, en lo que fue la primera movilización de repudio contra un presidente estadounidense antes aún de su asunción.
A la inversa de lo que sucedía en la década del 70, las tendencias insurreccionales están situadas más a la derecha que a la izquierda del espectro ideológico. Esa asimetría explica que la amenaza de guerra civil sea un fantasma agitado por los demócratas. Una encuesta del Public Religion Research consigna que el 68% de los votantes republicanos cree que el triunfo de Biden fue producto del fraude. Los republicanos encaran las elecciones legislativas de noviembre con la convicción de que una victoria les allanaría el camino para las presidenciales de 2024.
Los demócratas denuncian que Trump presiona a los mandatarios republicamos de Georgia, Arizona, Pensilvania y Wisconsin, cuatro estados oscilantes que por una escasa diferencia de votos pueden volcar la balanza en el Colegio Electoral, para designar funcionarios adictos en cargos que tienen la responsabilidad de la organización y fiscalización de los comicios a fin de limitar el voto por correo y aumentar las trabas burocráticas para la inscripción en los registros de las minorías hispana y afroamericana. Pero la mayor preocupación entre los demócratas es el temor de que, de volver a postularse y ser otra vez derrotado, Trump impugne el resultado y convoque a la resistencia civil y que esa impugnación sea legitimada por los funcionarios electorales de esos estados y genere una fractura similar a la protagonizada en 1861 por los estados del Sur que dio comienzo a la Guerra de Secesión.
Una encuesta de The Washington Post y la Universidad de Maryland consignó que el 62 por ciento de los consultados estimaba que el bando perdedor no reconocerá al triunfador de la próxima elección presidencial. Habría entonces dos presidentes proclamados y la decisión final recaería en una Corte Suprema de Justicia de mayoría conservadora. Thomas Friedman, un ícono del periodismo político, afirmó que «nunca pensé que terminaría mi carrera cubriendo la segunda guerra civil de los Estados Unidos» y predijo que «ello ocurrirá en 2024».
- Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico
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