Se concretó ayer la retención de servicio, sin asistencia a los lugares de trabajo, de los 300 agentes precarizados que fueron trasladados del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que hace casi 60 días no cobran sus haberes.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Feliciano «Chano» Romero aseguró que los agentes «están recibiendo presiones, intimidaciones y amenazas de perder sus puestos de trabajo si se suman a la medida de acción directa».
Se trata de psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares en hogares de niños y de ancianos con hasta 15 años de antigüedad.
«Desde ATE hacemos responsable directo a las autoridades por la integridad física, mental, por la estabilidad salarial y laboral de nuestros compañeros precarizados quienes, con el más justo de los reclamos, sólo están pidiendo que les paguen los salarios que les deben para poder llevar comida a sus casas», afirmó Romero.
En ese sentido, dijo que los agentes que vienen reclamando por sus salarios, «tienen el mismo derecho de recibir actualizaciones salariales, tener estabilidad laboral, sueldos dignos y todos los derechos que el resto de los trabajadores».
El titular de la organización solicitó «una audiencia con carácter urgente con funcionarios» para abordar la situación de atraso y desfasaje salarial, inestabilidad laboral de los agentes transferidos.
Se trata de becarias, monotributistas y otras figuras precarizantes -que en un 80 por ciento son mujeres con ingresos cercanos a la línea de indigencia- hace casi dos meses no perciben sus haberes ni el plus. Tampoco son contratados ni pasan a planta permanente, a pesar de tener muchos años de antigüedad en áreas como Niñez, Infancia, Familia.
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