Milei vetó la ley de movilidad y mantuvo el bono de $70 mil

Tal como anticipó EL LIBERTADOR, la sanción de la normativa que mejora las remuneraciones del sector pasivo fue vedada en su totalidad por el Presidente de la Nación. La orden administrativa, tomada luego de un encuentro de diputados y senadores de La Libertad Avanza con aliados en la Cámara baja el viernes pasado, fue promulgada ayer, en el Boletín Oficial. Ahora, la decisión reside en el Congreso, donde el cuerpo parlamentario, de mantener su voluntad intacta, podría ser ratificada. En tanto, asociaciones civiles adelantan que impulsarán un amparo colectivo.

El Presidente de la Nación vetó la ley de movilidad y mantuvo el bono de 70 mil pesos luego de reunirse con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) y con aliados en la Cámara baja. El Decreto 782/2024 argumenta que la iniciativa aprobada por el Congreso es «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, ya que no contempla el impacto fiscal de la medida ni determina su fuente de financiamiento». Este ha sido el principal argumento del Ejecutivo desde que la ley fue sancionada. Aunque, además, advierte «graves deficiencias técnicas y operativas» en el proyecto, que lo hacen «irrazonable» y difícil de implementar.
El Gobierno también instó al Poder Legislativo a «actuar con sensatez institucional y de forma responsable, evitando emitir disposiciones que sean inconvenientes para las cuentas públicas o que contradigan las proyecciones del Presupuesto nacional». Asimismo, destacaron que la administración de los recursos públicos debe realizarse de manera responsable, siguiendo los principios de buena administración y procurando el bien común.
El decreto advierte que la iniciativa complicaría la recuperación del sistema previsional, ya que podría generar incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente de financiamiento. Según el Ejecutivo, el impacto de la medida se estima en 6.160.000.000.000 pesos para el año 2024 y en 15.430.000.000.000 pesos para el año siguiente. Estos montos representan el 1,02 por ciento del PBI calculado para el año en curso y el 1,64 por ciento para el próximo año.
En cuanto al gasto previsional que implicaría para la Anses, se calcula que estos importes representarían un incremento del 18,5 por ciento para el año 2024 y del 29,2 por ciento para 2025. Además, si estos gastos se compararan con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida implicaría un aumento del 8 por ciento del presupuesto en términos anuales.

EL GOBIERNO
BREGA POR
UN ORDEN
ECONÓMICO
SUSTENTABLE

El Gobierno recordó que su objetivo principal es alcanzar la emisión monetaria cero, para eliminar la crisis inflacionaria que afecta el poder adquisitivo de los argentinos. En consecuencia, se señaló que la implementación de esta ley «dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas», lo que obligaría a recurrir a financiamiento extraordinario a través de deuda pública o aumentos de impuestos.

La bonificación
se mantendrá

Mientras tanto, el Ejecutivo oficializó un nuevo Bono Extraordinario Previsional de 70 mil pesos para los titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses; beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más; y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago está a cargo de la seguridad social.
Este monto se fijó en el Decreto 783/2024, también publicado ayer. La normativa establece que «para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario».
El decreto también dispone que, en el caso de beneficios de pensión, sin importar la cantidad de copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional.

El Congreso puede insistir en la nueva fórmula

Tras el veto, el Congreso tiene la opción de insistir en la nueva fórmula, lo que requeriría someterla nuevamente a votación y obtener el apoyo de dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras. Primero será tratada en Diputados, Cámara de origen, y luego en el Senado.
Desde la aprobación de la ley en el Congreso, el Gobierno ha fortalecido sus lazos con legisladores aliados, como el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El viernes, se reunió con los principales dirigentes para explicar las razones por las que la medida no sería promulgada. En este contexto, el PRO se comprometió a apoyar la decisión del Ejecutivo, pese a que sus legisladores habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones.
La ley vetada proponía una actualización mensual basada en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), similar al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorporaba una compensación extra del 8,1 por ciento, debido a que el Gobierno otorgó un 12,5 por ciento que no cubre el 20,6 por ciento de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica -que se efectiviza después del pago de los haberes- quede desfasada, se optó por impulsar un mínimo equivalente a 1,09.
Pocas horas después de la sanción de la ley, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que ratificaba lo anunciado previamente por Milei. En el comunicado se acusaba al Congreso de «sancionar un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria», lo que obligaría al Gobierno a recurrir a la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, medidas que, según el comunicado, han llevado al país al fracaso durante los últimos 100 años.

.