A través de encuestas y testimonios en primera persona, la Fundación Derechos Humanos Equidad y Género (Fundheg) recogió los relatos y las experiencias de personas gestantes que viven en contextos rurales en Corrientes, sobre las situaciones de violencia que atravesaron durante sus embarazos, partos, pos partos y también abortos espontáneos en el sistema de salud en la provincia de Corrientes, ya sea en el ámbito público como privado.
«Este proyecto surge como una acción colectiva para visibilizar las violencias ocultas, como la obstétrica, una de las menos denunciadas y más naturalizadas en las prácticas hospitalarias, y en particular cuál es la situación de las mujeres rurales en relación al acceso al parto respetado. Este tipo de violencia existe y es necesario reflexionar sobre ella, como así también pensar en los mecanismos que se puedan diseñar para erradicarla«, explicó su presidenta, Leticia Gauna, en diálogo con EL LIBERTADOR.
Los datos obtenidos de este relevamiento, que cuenta con el apoyo de la Unión Europa y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, en el marco de ayudas a pequeños proyectos de Cerrando Brechas 2, tienen como propósito servir al Estado para que garantice el cumplimiento de las normas vigentes y puedan pensarse políticas públicas para revertir estas situaciones. Los resultados serán compartidos el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
«Desde la Fundaheg venimos trabajando hace varios años en la promoción de derechos de la mujeres y disidencias, en territorios donde la información no llega o llega muy poco, y el acceso a esta, no es vista como un derecho. Nosotras creemos que la información es poder, y el primer paso para tener la fuerza para decir basta o para acompañar a otras en la defensa de nuestros derechos», expresó Gauna.
DESDE ADENTRO
El año pasado, los talleres de capacitación a promotores se realizó en distintos barrios de la Capital y de manera virtual, destinado a referentes sociales y al personal de salud. Este año, los encuentros se destinaron a mujeres rurales que residen en parajes donde «no hay acceso a Internet, la prestación de servicios de salud es precaria o no hay salitas, o el mal estado de los caminos dificulta el acceso a los controles regulares y de calidad», detalló Gauna.
San Luis del Palmar fue una de las localidades elegidas para los talleres de capacitación y el relevamiento del territorio, y para ello formaron un equipo con actores locales. La abogada especialista en violencia de género e intrafamiliar, Milagro Alcaraz Meza comentó a EL LIBERTADOR que las actividades se desarrollaron en tres zonas elegidas por su proximidad a los servicios de salud: el casco céntrico del departamento; El Pontón de la Segunda Sección, el paraje más cercano; y Cerrudo Cué, Borgas, Costa Grande y otros parajes de la Quinta Sección, la más lejana.
En la Segunda Sección, el encuentro fue pactado en la capilla Santa Margarita, donde «participaron mujeres de distintas edades y experiencias, algunas que tuvieron la pérdida de su hijo posterior al nacimiento o abortos espontáneos».
En cambio, en la Quinta Sección, debieron avanzar desde el kilómetro 84 para ir casa por casa. La majestuosidad e imponencia de la naturaleza les impresionó, la cual debieron atravesar con un clima adverso, según el relato de la abogada. Debajo de la llovizna, llegaron a cada casa, lo que lo definió como «una experiencia mucho más enriquecedora».
Además del equipo de la fundación, integrado por la comunicadora Clarise Sánchez Soloaga y la médica Diana Cabral, participaron como actores locales la enfermera del hospital departamental, Adriana Isla; la jefa de la Comisaría de la Mujer y el Menor, Mercedes Romero; de Servicios Sociales de la Policía de Corrientes, María del Valle Alcaraz, y como referente social de la Quinta Sección, Miriam Gauto.
Personal del Servicio Penitenciario local asistieron también al taller brindado en salón Martha Quiles, en el Municipio cabecera del departamento.
RESILIENCIA
«Hay hechos o situaciones que nos ocurren estando embarazadas, durante o después del parto que naturalizamos que no sabemos o nos damos cuenta que es violencia. Quizás lo sentía y me dolía, pero no sabía que era violencia«, puntualizó Alcaraz Meza.
Respecto a las experiencias recogidas, las mujeres entrevistadas de la Quinta Sección contaron que la distancia era un factor determinante para la decisión de trasladarse al casco urbano un mes antes de la fecha estimada de parto para que se adelante y «no les sorprenda en el campo», teniendo que dejar sus hogares y otros hijos a su cargo.
Una particularidad, detectada en los testimonios, fue la resiliencia de las mujeres rurales. «No se quejan del maltrato por tenerlo interiorizado a veces en su diario vivir, a pesar de haber pasado por situaciones de bastante complejidad y vivencias desgarradoras», apuntó la abogada.
NORMATIVA VIGENTE
La violencia obstétrica se encuentra tipificada en la Ley 26.485 y es la que se ejerce sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las personas gestantes, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Por otro lado, la Ley 25.929 -más conocida como Ley del Parto Humanizado-, reconoce los derechos que tiene toda persona gestante, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el pos parto. «Casi 20 años después de la sanción de esta ley continúan ejerciéndose prácticas no recomendadas y tratos deshumanizantes, la posibilidad de conocer que estos derechos están reconocidos, es un paso importante para poder defenderlos y erradicar estas prácticas», insistió la presidente de Fundheg, Leticia Gauna.
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