El Tribunal Oral Penal de Mercedes declaró la responsabilidad penal de Rómulo Augusto Bobbio por el delito de administración fraudulenta. La causa puso fin a una primera etapa de debate, confirmando una maniobra delictiva que afectó los intereses de la firma Landver S.A.
La investigación, liderada por la Fiscalía a cargo de Oscar Cañete, logró probar que Bobbio, actuando en representación de la firma Balboa y Bobbio SRL, recibió en consignación un total de 1.966 cabezas de ganado bovino. Estos animales debían ser resguardados en el establecimiento «Santa Ana del Trébol», en el departamento de Curuzú Cuatiá, hasta su venta.
Sin embargo, tras sucesivas prórrogas del contrato y ante la falta de novedades sobre la hacienda, los propietarios de Landver S.A. se toparon con una muralla de silencio e incumplimientos. El punto de quiebre ocurrió cuando Bobbio impidió físicamente el retiro del ganado durante una constatación notarial. Días después, allanamientos realizados por la Unidad de Policía Rural confirmaron que casi la totalidad de los animales habían desaparecido del campo. El perjuicio económico se estimó en unos 50 millones de pesos a valores de 2019.
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA
El tribunal, presidido por Jorge Alberto Troncoso e integrado por los vocales Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, fue contundente al descartar la hipótesis de la defensa. Bobbio intentó argumentar que existía una «simulación contractual», pero los magistrados, basándose en actas de vacunación de Fucosa, registros del Senasa y testimonios policiales, confirmaron que el acusado utilizó el contrato de consignación para ganarse la confianza de la empresa y luego perjudicarla.
Además de la condena penal, la justicia hizo lugar a la acción civil reparatoria interpuesta por el apoderado de la firma damnificada, Matías José Mosca Tressens, bajo el marco legal de los códigos Procesal Penal y Civil y Comercial de la provincia.
LO QUE SIGUE
La historia judicial de Bobbio aún no ha terminado. El Tribunal ha convocado a las partes para el próximo 28 de abril, fecha en la que se llevará a cabo el juicio de cesura. En esta audiencia definitiva se debatirá el monto exacto de la pena de prisión que deberá cumplir el condenado y se determinará la mensuración final del daño para la reparación civil.