Corrientes parece zona de guerra, con puentes dinamitados». Así lo describió hace años el por entonces senador nacional, Eugenio «Nito» Artaza. Fue un tiro por elevación contra Vialidad Nacional, en momentos donde en el territorio provincial se padecían las consecuencias de dos derrumbes de puentes carreteros: en el arroyo Iribú Cuá (2017) y el del arroyo Guazú, en Esquina (también en 2017). Ambos por ruta 12. También de socavamientos en otros puntos del trazado vial.
20-CONTRATAPA-12El tiempo pasó, las demoras en la reparación de estos caminos también y el malestar de la ciudadanía se agigantó. A ello se sumó el temor de los que circulan a diario por los caminos, ya que, en el caso de Esquina, hubo que lamentar la muerte de una persona, que no divisó las señales de alto y cayó al vacío en una Ford Eco Sport. Su esposa, Sonia Dzikosky sobrevivió de milagro.
A pesar de todo esto, la historia volvió a repetirse. En este caso, sucedió un nuevo socavamiento, en el kilómetro 1.197 de la misma ruta nacional (N° 12), a la altura de la alcantarilla del arroyo Santa Lucía. Con ello, el consecuente descalabro logístico para la gente, con desvíos para los que necesitan dirigirse hacia Itá Ibaté o Posadas (Misiones), desde Saladas por ruta 118.
Así aparece la necesidad de señalar a los responsables de esta desidia en su significado más específico: negligencia, falta de cuidado. Se trata de Vialidad Nacional en su conjunto, sin desviar la atención a un solo distrito. Al igual que la empresa concesionaria del camino, Corredores Viales SA, la cual -como todas las del rubro- no escatiman en gestiones para aplicar incrementos progresivos en el monto de los peajes, so pretexto de una mejor prestación.
Todo cae en saco roto. Y cualquier ciudadano entusiasta, con compromiso cívico podría accionar en contra de la oficina del Gobierno central, así como contra la empresa.
Millones en recaudación de la firma prestataria y miles de millones de parte de Vialidad Nacional. En ambos casos, con motivos intrascendentes como para justificar, a lo largo de los años, cada desmadre como la que se lamenta en las últimas horas cerca de Santa Lucía.
Resulta inexcusable no haber realizado trabajos de mantenimiento en zonas bajas y de cauces, aprovechando el histórico período de la seca. Más incluso teniendo en cuenta los antecedentes antes mencionados.
Tanto en Vialidad como en la SA, la falta de perspectiva de gestión pareciera ser un factor común en sus principales poltronas. Es que los directivos no pueden no tener en cuenta que la imprevisión (por omisión o falta de aptitudes) genera daños irreparables.
Tal lo ocurrido con los incendios y la falta de inversiones de empresarios forestales para contar con instrumentos como los cortafuegos para anticiparse a escenarios como la catástrofe ígnea.
En este caso no fue la sequía, sino el agua en demasía lo que derivó en un nuevo hundimiento.
Nadie, ni en el organismo vial del Gobierno central, ni en Corredores Viales pareciera haber notado la oportunidad de controlar el estado de los basamentos carreteros.
La negligencia es la única explicación. La cual merece medidas aleccionadoras para que este tipo de situaciones no se tornen una constante, como ya lo son.
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