Los apuntados son Diego Iglesias y Martín Uriona, de la Procunar. La acusación se ventiló en el juicio que se sigue en Corrientes contra el ex juez Carlos Soto Dávila, sus secretarios penales y otras personas. De comprobarse el irregular procedimiento, podría caer el proceso contra el magistrado correntino.
20-CONTRATAPA-1Durante el juicio que se sigue al ex juez Federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, el abogado defensor Aníbal Ibarra denunció a los fiscales federales de la Procuración contra el Narcotráfico (Procunar), Diego Iglesias y Martín Uriona, por utilizar a un narco y hacerlo pasar como testigo para que declararan en contra de un juez Federal y sus secretarios.
Ibarra, abogado del secretario Federal de la ciudad de Corrientes, Federico Grau, pidió la separación de la causa de ambos fiscales de la Procunar porque utilizaron a un narco y lo «disfrazaron» de testigo en la causa penal que se le sigue al ex juez de Corrientes, Soto Dávila, a sus secretarios y a varios abogados para que declarara contra éstos.
El doctor Ibarra sostuvo que los fiscales conocían perfectamente la identidad del supuesto testigo y su vinculación con el narcotráfico, pero utilizaron la reserva de identidad para que no se advirtiera la maniobra. Agregó que ahora, sabiendo de quién se trata, los fiscales quedaron al descubierto, cometiendo varios delitos y engañando a todos para acusar a un juez y quedarse con un juzgado con competencia Electoral.
La maniobra denunciada fue realizada durante los años 2017/18 hasta la actualidad (el falso testigo declaró inicialmente en marzo de 2017 y lo presentaron en el juicio oral que se lleva a cabo en Corrientes hace un par de meses).
Finalmente, Ibarra pidió al Tribunal de Corrientes que separe a los fiscales, que formulen la correspondiente denuncia penal y que se declare nula la declaración falsa del narco que los fiscales hicieron pasar como testigo.
En la audiencia de ayer el abogado defensor Aníbal Ibarra puso en un brete al Ministerio Público Fiscal con esta denuncia de altísimo impacto, que cambia el eje del juicio. Ante la fuerte acusación, el Tribunal cedió la palabra a los fiscales que -sorpresivamente- guardaron silencio y terminaron por pedir diez días para hacer el descargo en audiencia oral, donde deberán someterse a las preguntas de la defensa. Intentaron hacerlo por escrito, pero el Tribunal se plantó y determinó sea en audiencia pública y oral para poner en blanco sobre negro el entuerto.
Durante el debate quedó en evidencia que desaparecieron audios. Además, de los 70 testigos aportados por la Fiscalía ninguno habló de que le haya constado ni visto el pago de coimas. Ibarra antes había denunciado que «bajo la mesa» se había negociado con Morenita Marín la libertad de Lourdes Alegre -su esposa- que fue liberada a los diez días de que Marín se arrepintiera y a quien Soto Dávila había puesto en prisión.
Para el denunciante, para evitar que la maniobra fuera descubierta los fiscales hicieron declarar al supuesto testigo con identidad reservada, pantalla apagada y sistema de distorsión de voz. Sin embargo, Ibarra manifestó saber quién era el supuesto testigo y demostró que no era un testigo sino un narco, que incluso estaba nombrado en la causa como narcotraficante y tenía varias conversaciones con miembros de la banda en donde aparecía comercializando o interviniendo en el tráfico de drogas.
El ex Jefe de Gobierno, consciente de las responsabilidades que asume quien hace una denuncia falsa, no dudó en poner al desnudo una trama que apuntó a desplazar a un juez con competencia electoral logrando su renuncia.
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