En una resolución que marca un precedente clave en la interpretación de los derechos animales, el Fiscal General del Poder Judicial, César Sotelo, ordenó la reapertura de la investigación en el denominado caso “Alita”. La causa investiga el ultraje de una perra por parte de un vecino, identificado como Adolfo Centurión.
El conflicto judicial se originó luego de que el titular de la UFIC n.° 2 de Capital, Raúl Pasetto, decidiera archivar la denuncia argumentando la “atipicidad” del hecho. Según el criterio de Pasetto, al no estar la palabra «zoofilia» expresamente mencionada en la Ley Nacional de Maltrato Animal (n.° 14.346), el acto no podía ser perseguido penalmente.
Un cambio de criterio legal
Ante este cierre, la abogada de la dueña del animal, Liliana Gómez, presentó un pedido de revisión que fue finalmente respaldado por el Fiscal General. En su dictamen, Sotelo realizó una interpretación amplia de la normativa vigente, alejándose del formalismo estricto que paralizó la causa inicialmente.
Para el jefe de los fiscales, el aberrante acto contra “Alita” encuadra perfectamente en el artículo 3, inciso séptimo de la ley de 1954, que define como acto de crueldad el «lastimar animales intencionalmente, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios (…) por el solo espíritu de perversidad».
“Es un tipo penal abierto y no necesariamente tiene que estar establecido expresamente”, sostuvo Sotelo, subrayando que un hecho de esta naturaleza cometido por un humano supone un sufrimiento evidente para el animal.
Pruebas contundentes
Un factor determinante para la reapertura del legajo fueron las lesiones constatadas por veterinarios, las cuales corroboran el daño físico y el padecimiento sufrido por la perra como consecuencia directa del abuso. Para la Fiscalía General, estos daños son motivo suficiente para llevar adelante la persecución penal y evitar la impunidad.
Estado actual de la causa
Con esta resolución, el caso ya no será archivado. El Fiscal General ordenó la reapertura del Legajo de Investigación Fiscal (LIF) y remitió las actuaciones al fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la UFIC n.° 9, quien quedará ahora al frente de la investigación contra Centurión.
Este fallo es visto con optimismo por organizaciones proteccionistas, ya que refuerza la idea de que la justicia debe proteger el bienestar animal basándose en el espíritu de la ley y el daño efectivo, más allá de las omisiones terminológicas en textos legales de hace siete décadas.