En 2010, el déficit en materia de viviendas en Argentina alcanzaba a 3.024.954 de hogares, el 25 por ciento de los hogares del país.
De quienes necesitaban una vivienda, el 48 por ciento habitaba una vivienda recuperable, el 15 por ciento habitaba una vivienda irrecuperable y el 38 por ciento restante padecía hacinamiento de hogar. En tanto, más de 5 millones de personas viven actualmente en 4.416 barrios populares, fruto de urbanizaciones informales, según estimaciones oficiales.
Por lo tanto, así se configura el déficit habitacional en Argentina, que, según la medición tradicional realizada a partir de los Censos Nacionales de Hogares, Población y Vivienda, en 60 años sólo ha mejorado en términos relativos (porcentuales), manteniéndose bastante estable en términos absolutos en torno a los tres millones de viviendas.
Ante el mencionado escenario de un déficit estructural en materia habitacional, una publicación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Unne, reflexionó sobre los cambios, vaivenes y restricciones estructurales de la política habitacional en Argentina.
«La política habitacional argentina en perspectiva histórica: entre las buenas intenciones y las restricciones estructurales» se denomina el artículo a cargo de Miguel Ángel Barreto, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Unne (FAU) e investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Territorial y del Hábitat Humano («Iidthh», Conicet-Unne). El mismo plantea los desafíos estructurales que quedan por delante para subsanar la profunda crisis habitacional que padece el país.
Se destaca que, la producción habitacional (pública y privada) alcanzó a absorber y en algunos períodos intercensales a disminuir levemente el crecimiento del déficit asociado al incremento de la población, pero no a reducirlo estructuralmente.
EN TERRITORIO
Desde mediados de los años setenta, el Estado cuenta con un sistema de provisión pública de vivienda social estructurado en torno al Fonavi, el cual dispone de financiamiento y una organización institucional por ley. Pero el Fonavi experimentó periódicas transformaciones y momentos de crisis relacionados con los vaivenes de los cambios de orientaciones políticas de los gobiernos, que han venido debilitando el funcionamiento del mismo, haciendo surgir nuevos programas y acciones por fuera de su organización administrativa, tendientes a orientar la política habitacional según este accionar pendular de los sucesivos gobiernos.
Este vaivén tiene como trasfondo una tensión constante entre dos concepciones en pugna sobre la vivienda social: como derecho social (de acceso desmercantilizado) o como bien mercantil (de acceso bajo las reglas del mercado).
Los distintos períodos que se sucedieron desde entonces se han caracterizado por implementar políticas en uno u otro sentido y han afectado a este sistema, aunque no siempre fueron ideológicamente puras y siempre primaron mixturas importantes, condicionadas por las distintas fuentes de financiamiento y las disputas internas entre los diferentes actores que predominaron en cada gobierno y durante cada etapa analizada.
«De superarse estos obstáculos, se podrían generar mejores condiciones para su desarrollo e impacto en el territorio», indicó Barreto.
.