Así lo adelantó su abogada Mariana Barbitta. «Será una declaración contundente de cerca de dos horas», afirmó.
03-POLITICA-3El 21 de junio se inició el juicio en contra del ex juez Federal, Carlos Soto Dávila, quien está acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas junto a funcionarios, abogados y narcotraficantes.
Durante los debates habrá 75 testigos citados, además de una decena de testimonios con identidad reservada.
En comunicación con Radio Sudamericana, la doctora Mariana Barbitta, abogada de Soto Dávila, hizo saber que el próximo viernes 8 su defendido declarará ante el tribunal. «Será contundente y durará dos horas; será una audiencia muy importante», aseguró.
En el debate, intervienen el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer; la fiscal auxiliar, Tamara Pourcel y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias. El tribunal está compuesto por los jueces Juan Manuel Iglesias (Chaco), Rubén David Oscar Quiñones (Formosa) y Manuel Alberto Jesús Moreira (Misiones), dada la excusación de los integrantes originales del tribunal por su relación con los ex funcionarios acusados en juicio.
«Estamos preparándonos para la audiencia del 8 de julio para comenzar la rueda de indagatorias. Soto Dávila está siendo sometido a un proceso arbitrario», expresó la doctora Barbitta.
Indicó que «cuando se lee la causa, no se puede entender que se investigue a los funcionarios judiciales. La imputación que se le hace a Soto Dávila es disparatada. Lo que sostiene la causa es la declaración de los arrepentidos, quienes se acogieron a un acuerdo con la Fiscalía, involucraron a Soto Dávila, que jamás tuvo una causa penal ni sospecha de nada».
EL CASO
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, los imputados están acusados de conformar una organización criminal liderada por el entonces magistrado Soto Dávila a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes. El resto de los integrantes de la supuesta banda son los secretarios penales de ese Juzgado, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau y los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Tomás Alfredo Viglione, Jorge Ricardo Vallejos y Gregorio Humberto Giménez.
La causa tomó un giro inesperado al inicio del debate cuando tres defensores de distintos imputados lograron cambiar el eje, poniendo la mira sobre el accionar de los fiscales con sospechas de toda naturaleza que quedarán disipadas en el desarrollo de un debate que promete estar para alquilar balcones. Lo que vienen diciendo es muy fuerte. Hablan de negociaciones de los fiscales con los narcotraficantes. Que los arrepentidos fueron usados para la imputación de funcionarios judiciales. Señalan que hubo actuaciones mantenidas más de un año en secreto, sin control de partes y hasta que desaparecieron del expediente piezas procesales determinantes, entre ellas las grabaciones de los controvertidos dichos de los arrepentidos.
Simultáneamente y al hablar de la entrega de vehículos, vuelven a quedar en la mira los fiscales que avalaron y no apelaron y en la volteada cae la propia jueza federal de Goya, que se estaría autoinvestigando. Demasiados dimes y diretes que deben tener un final que despeje dudas. El rol de la prensa en ello cobra una dimensión principalísima, porque puede contribuir a que se hagan públicos las pruebas, dichos y manifestaciones para llegar a la verdad real.
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