A semanas de su desembarco oficial en la Capital correntina, el servicio de Uber moto se ha consolidado como una realidad cotidiana en las calles, operando con una normalidad que desafía las advertencias oficiales. Pese a que la Municipalidad de Corrientes declaró la actividad como «no habilitada», la rapidez del servicio y la brecha económica con otros medios de transporte han generado un crecimiento de pedidos. En las paradas de colectivos y esquinas céntricas, es cada vez más común ver a pasajeros que, celular en mano, optan por la comodidad de un traslado individual.
La postura institucional se mantiene inflexible bajo la gestión de la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana. Según las autoridades, la Ordenanza 7.320 no contempla el transporte de pasajeros en dos ruedas, lo que sitúa a la actividad en un vacío legal que el Municipio califica directamente como ilegalidad. Los argumentos oficiales se centran en los riesgos de seguridad vial y la falta de seguros específicos que cubran al pasajero en caso de siniestros, además de señalar cuestiones de salubridad vinculadas al uso compartido del casco, un elemento de uso personal que en este servicio pasa de mano en mano constantemente.
Desde la perspectiva de los usuarios, sin embargo, la prioridad parece ser el ahorro en un contexto de bolsillos ajustados. Una pasajera habitual del servicio que viaja diariamente hacia el centro comenta que, aunque al principio sentía cierta desconfianza por la cercanía física con el conductor y la higiene del casco, la diferencia de precio es determinante, ya que un viaje que en remís supera los 3.000 pesos, en moto se resuelve por menos de la mitad. Otros usuarios destacan que la agilidad para filtrar el tránsito en horas pico les permite llegar a sus trabajos en la mitad del tiempo que les demandaría esperar un colectivo que muchas veces no cumple con sus frecuencias.
Para los conductores, Uber moto se ha convertido en una salida laboral de emergencia o un complemento indispensable para los ingresos del hogar. Un joven que comenzó a trabajar con su moto hace pocos días relata que, en una jornada de doble turno, puede llegar a recaudar entre 50.000 y 60.000 pesos, una cifra que difícilmente alcanzaría en otros empleos informales de la ciudad. A pesar de los ingresos, los trabajadores admiten el temor constante a los controles municipales y al posible secuestro de sus vehículos, por lo que suelen pedir a los pasajeros que se ubiquen en lugares específicos para evitar llamar la atención de los inspectores de tránsito.
El malestar en el sector de los remises y taxis es palpable y se traduce en denuncias de competencia desleal. Los referentes de estas asociaciones sostienen que ellos deben absorber costos de habilitación, seguros comerciales y revisiones técnicas obligatorias que los conductores de aplicaciones ignoran por completo. Esta asimetría regulatoria es el núcleo de un conflicto que, lejos de apagarse con multas, parece encaminarse hacia un debate legislativo inevitable en el Concejo Deliberante, donde la presión de una demanda ciudadana que ya eligió el servicio podría terminar forzando una nueva normativa para la ciudad.
