Hubo acuerdo entre los bloques del Frente de Todos y del ECO del Senado provincial para citar al ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya el miércoles 30, para que brinde detalles sobre el sistema de contención de las infancias institucionalizadas bajo la tutela del Estado provincial; ello, ante las denuncias penales e institucionales que pesan sobre autoridades y empleados del hogar Rincón de Luz, en Gobernador Virasoro.
Los legisladores destacaron el acuerdo y compromiso de la Cámara en dar lugar a la solicitud de presencia del Ministro «para dar información y esclarecer los hechos que fueron denunciados».
La reunión no tendrá lugar en el recinto legislativo, sino en Salón de Acuerdos. Apunta a que, incluso respetando la investigación que se realiza en el ámbito judicial, el Gobierno correntino pueda decir lo suyo.
El bloque de legisladores del PJ arribaría a la localidad en cuestión para interiorizarse sobre el caso.
De esta manera, la segunda sesión ordinaria del año brindó un nuevo capítulo en el que el bloque del Frente de Todos y ECO anunciaron un entendimiento para invitar al funcionario del Ejecutivo, quien concurrirá a la Legislatura para explicar el sistema de contención de menores institucionalizados bajo la tutela del Estado correntino, internados en hogares y residencias que dependen del Ministerio de Desarrollo Social.
El acuerdo de los bloques legislativos se logró durante la labor parlamentaria, cuando los senadores analizaban el tratamiento del proyecto presentado por el senador de la oposición, José «Pitín» Aragón para interpelar al integrante del Gabinete provincial, dadas las denuncias, infundadas o no, de abuso sexual, torturas, explotación laboral y hasta promoción de la prostitución infantil contra autoridades y empleados del hogar Rincón de Luz.
La decisión del cuerpo legislativo no supone dar entidad al tenor de las denuncias que son investigadas por otro poder del Estado, pero ante la repercusión pública y la trascendencia mediática, se consideró oportuno conocer los puntos de vista del Ejecutivo provincial, a través del responsable institucional que es el ministro Gaya.
Lo que está claro es que este pedido debe llevar a poner blanco sobre negro los hechos y la responsabilidad institucional o de los denunciantes que han instalado el tema, o de los denunciados en la eventualidad que se determine la efectiva comisión del ilícito y el grado de participación de posibles involucrados.
Al final de la sesión, el senador Aragón destacó el acuerdo y compromiso que tuvo el oficialismo en la Cámara alta en dar lugar a la solicitud de presencia del Ministro de Desarrollo Social para información y para esclarecer los hechos que fueron denunciados.
Importa señalar que en ésta, como en otras cuestiones, y más allá del número de integrantes de cada bancada, ayer volvió a primar en el Senado el nivel de diálogo que caracteriza al cuerpo y el consenso para la solución de temas como éste, de alto impacto social.
«Hay muchísimos familiares y, sobre todo, niños y niñas que esperan que el Estado provincial los proteja. Por eso es importante que se puedan aportar soluciones a esa gente que está desamparada. Y que lo podamos hacer desde la política», dijo el Senador, quien agregó: «Espero que el oficialismo cumpla con el compromiso acordado».
Tema jueces
Ayer, también ingresó la lista de jueces sustitutos elevada por el Superior Tribunal de Justicia que fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La senadora, Carolina Martínez Llano anticipó el voto en contra de la bancada del PJ, como vino dándose en los últimos años, poniendo de manifiesto que Corrientes es la excepción en esta particular metodología que afecta el principio del juez natural y contraría el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a partir del caso Uriarte, obligó a que el Consejo de la Magistratura de la Nación y las demás provincias establezcan sus normativas locales al criterio fijado por el más alto Tribunal del país.
Extraña que hasta ahora no haya llegado a la Corte ningún caso concreto planteado en el ámbito tribunalicio de Corrientes, lo cual ha determinado que la metodología aplicada por la Justicia local, avalada por la Legislatura, se mantenga, más allá de la ilegalidad que supone convalidar la intervención de jueces no habilitados para administrar justicia.
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