Por María José Lubertinio *
Resulta paradójico que los países que sufren los peores impactos del cambio climático han contribuido muy poco al mismo y, sin embargo, enfrentan los costos de endeudamiento más elevados debido a sus vulnerabilidades climáticas. Casi no les queda otra opción que endeudarse para financiar la mitigación y adaptación climática.
Los préstamos para financiar proyectos de combustibles fósiles, por parte de bancos multilaterales de desarrollo, agencias de crédito a la exportación y otras instituciones financieras se han sumado a las deudas insostenibles e ilegítimas de nuestros países.
Otra de las consecuencias de los altos niveles de endeudamiento es la reducción del gasto público y oportunidades más limitadas para invertir en las medidas de adaptación y mitigación necesarias para garantizar el derecho de las personas a un ambiente sano o para recuperarse después de un desastre climático.
Por otro lado, las economías del Norte han acumulado una enorme deuda climática con las personas y los países del Sur debido a su contribución desproporcionada en la emisión de carbono y otros gases de efecto invernadero, que asciende a casi dos tercios del ‘espacio de carbono’ agregado desde el siglo XIX.
Los recientes hechos ocurridos en Chubut con la sanción de una ley de megaminería en contra de la voluntad popular y la movilización ciudadana sostenida hasta su derogación, y ahora la aprobación de un proyecto del exploración sísmica para la actividad petrolera frente a las costas marítimas de las Provincia de Buenos Aires, demuestran a las claras de lo que estamos hablando.
Gobiernos desesperados por tratar de conseguir dólares para pagar una deuda ilegítima, basada en una estafa, contraída ilegalmente por el gobierno anterior con la corresponsabilidad del propio Fondo Monetario Internacional, recurren a profundizar un modelo extractivista aún cuando se están violando derechos humanos y las reglas más básicas de la democracia ambiental.
La justicia climática no será posible sin justicia económica, social y de deuda. Y la justicia de deuda, económica y social no será posible sin la justicia ambiental y climática. El Norte debe reconocer la deuda climática que tiene con el Sur y proporcionar financiación climática libre de deuda. Los países del Norte deben contribuir a la restauración ecológica, poner fin al extractivismo y al uso de combustibles fósiles, y cambiar a modos de producción, distribución y consumo bajos o nulos en carbono, apoyados en un cambio del paradigma legal y político para la transferencia de tecnología y aplicación de reglas comerciales equitativas.
Avergüenza ver cómo algunos referentes políticos y ambientales, que hasta ayer pretendían sacar patente de ecologistas, salen a defender lo indefendible. Solo algunas voces se alzan en contra desde la Izquierda o desde el Peronismo, como fue el caso del valiente discurso del Gobernador de San Luis en la reunión de gobernadores con el Presidente de la Nación, en la que manifestó su oposición al pago de la deuda en estas condiciones.
Las organizaciones ambientalistas venimos haciendo un llamado a líderes mundiales, gobiernos nacionales e instituciones financieras públicas y privadas, para que adopten acciones urgentes en cumplimiento de sus responsabilidades y se comprometan con:
-Reconocer la existencia de una deuda climática, adicional a una deuda histórica, financiera, ecológica y social, que el Norte global le debe al Sur global.
-Entregar urgente financiamiento climático que no genere nueva deuda, más allá del objetivo incumplido de 100 mil millones de pesos por año, que sea suficiente y responda a las necesidades de mitigación, adaptación y pérdidas y daños climáticos de los pueblos y comunidades del Sur.
-La financiación climática no debe generar deuda y no debe tener condiciones. Debe entregarse principalmente en forma de subvenciones. Si se usaran préstamos, deben ser altamente flexibles y sólo para programas puntuales que no lleven a la acumulación de deudas insostenibles e ilegítimas.
-Los gobiernos y las organizaciones internacionales deberían promover una revisión del enfoque de la sostenibilidad de la deuda, con la orientación de las Naciones Unidas y la participación de la sociedad civil.
-Una reforma de la arquitectura financiera internacional para armonizar las finanzas internacionales con las obligaciones de derechos humanos universalmente reconocidas, incluido el derecho al desarrollo, la igualdad de género y el derecho a vivir en un ambiente sano.
La sociedad civil está masivamente movilizada y en diversidad, más allá de banderas partidarias y aunque falte cobertura mediática, en resistencia contra los proyectos depredadores del ambiente.
Se están debatiendo iniciativas, como los canjes de deuda por cambio climático y soluciones basadas en el mercado como los «bonos verdes», las cuales es poco probable que generen resultados justos y que podrían aumentar la carga de la deuda de los países vulnerables al clima.
No hay justicia climática sin justicia de deuda.
- Abogada, ex titular del Inadi
y ex diputada de la Ciudad,
publicado en Infobae.
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