Por Noel Eugenio Breard*
La versión taquigráfica del Senado de la Nación del 24 de junio de 2026 ofrece un insumo central para comprender uno de los debates más sensibles del presente argentino, la relación entre innovación, inteligencia artificial y soberanía económica. En esa sesión, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al defender el proyecto de modificación de la Ley General de Sociedades, trazó una comparación ambiciosa, así como Irlanda construyó durante el siglo XX un marco jurídico y fiscal que le permitió atraer empresas globales y multiplicar su producto, Argentina podría hacer algo similar en el siglo XXI a partir de la inteligencia artificial.
El planteo es atractivo y precisamente por eso exige rigor, ya que el proyecto incorpora una novedad de enorme alcance: el reconocimiento jurídico de las DAOs (Organizaciones Autónomas Descentralizadas) como estructuras con capacidad patrimonial, contractual y operativa, es decir, organizaciones gestionadas parcial o totalmente mediante algoritmos, contratos inteligentes y sistemas de inteligencia artificial. A ello se suma el llamado «súper RIGI», un régimen especial para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, con exenciones fiscales, arancelarias, cambiarias y sometimiento a arbitraje internacional.
La tesis oficial es clara, convertir a la Argentina en un polo global de radicación de la nueva economía algorítmica, y ese debate se enmarca en una pregunta más amplia que hoy recorre al mundo, quién controla la tecnología y al servicio de quién. A 135 años de la Rerum Novarum de León XIII, la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV vuelve sobre esa pregunta, advirtiendo que así como en 1891 la Iglesia denunció la explotación del hombre por el capitalismo industrial, hoy el riesgo es que los algoritmos y la inteligencia artificial subordinen la dignidad humana al poder concentrado. El Rey de España Felipe VI, en ocasión de la visita del Santo Padre, insistió en la misma dirección, la nueva tecnología «no puede ser un monopolio de unos pocos, sino que tiene que ser un instrumento en manos de todos que beneficie a todas las sociedades», posible solo si se logra mantener a la persona en el centro de cualquier discurso, jamás reemplazada, subyugada o coaccionada por ningún algoritmo.
Esa pregunta ordena hoy al mundo en cuatro paradigmas, el norteamericano, de grandes monopolios tecnológicos privados articulados con el Estado, donde la concentración de datos e infraestructura genera una nueva forma de poder global, el chino, de planificación centralizada y control estatal de la innovación, el europeo, que entendió tardíamente que no alcanza con regular tecnologías ajenas y busca construir soberanía tecnológica propia, y el periférico, el más riesgoso de los cuatro, el de países que no controlan la tecnología ni la propiedad intelectual, pero aportan territorio, recursos naturales y marcos jurídicos flexibles para que otros capturen la renta fuera de sus fronteras, siendo justamente ese cuarto paradigma el que América Latina debería evitar, y el riesgo que el planteo de Sturzenegger, aun con buena intención, puede terminar consolidando.
Porque la comparación con Irlanda tiene una parte verdadera y otra profundamente incompleta, ya que es cierto que Irlanda protagonizó una transformación extraordinaria, pasando de economía periférica a plataforma de multinacionales tecnológicas y farmacéuticas, pero no lo hizo sólo bajando impuestos sino integrando cinco factores decisivos, acceso pleno al mercado europeo, estabilidad institucional, infraestructura robusta, política educativa orientada al nuevo capital y, sobre todo, captura de propiedad intelectual, que es el corazón del asunto. Se suele decir que Irlanda «cobraba un royalty» por cada iPhone vendido por Apple, pero lo que hizo fue más sofisticado, alojó bajo su jurisdicción parte de la propiedad intelectual y de la arquitectura societaria global de esas empresas, capturando renta porque capturó inteligencia y propiedad, no porque ofreció domicilio barato. Esa es la pregunta estratégica para Argentina, qué propiedad intelectual argentina va a existir para capturar la renta futura de la inteligencia artificial.
Porque si el país sólo ofrece beneficios fiscales, recursos naturales, territorio y personalidad jurídica flexible, pero la propiedad intelectual queda en Silicon Valley, Delaware o Irlanda, la renta principal se irá afuera. Argentina tiene talento humano, universidades, científicos, programadores y emprendedores de calidad internacional, el problema no es el capital humano sino si ese talento se convierte o no en patentes, modelos propios, algoritmos, datasets estratégicos y soberanía digital. A esto se suma otro concepto central, el tecnofeudalismo, que no es sólo concentración económica sino la sustitución progresiva del mercado por plataformas que controlan datos, infraestructura y decisiones, imponiendo reglas privadas por encima de las públicas, sin eliminar el poder absoluto sino privatizándolo. Ese riesgo se agrava porque la inteligencia artificial no es una nube abstracta sino un complejo material que necesita servidores, energía e infraestructura física, y si Argentina sólo aporta esos insumos sin capturar propiedad intelectual, reproduce la vieja lógica extractiva con tecnología nueva, antes fueron minerales, petróleo o soja, ahora serían datos, energía y jurisdicción.
A este problema económico se suma uno todavía más delicado, la responsabilidad jurídica, porque si una DAO administrada por inteligencia artificial produce daños económicos, financieros, ambientales o sociales, quién responde, cuando la inteligencia artificial no puede ser encarcelada, ni tiene conciencia moral, tampoco repara, de modo que conceder personalidad jurídica sin trazabilidad humana clara puede consolidar un verdadero bill de impunidad algorítmica. Y cuando estos regímenes excepcionales desplazan la jurisdicción nacional y remiten controversias al CIADI, el tribunal arbitral vinculado al Banco Mundial, la discusión deja de ser sólo económica y se vuelve institucional, porque ya no sólo se conceden exenciones impositivas y arancelarias, también se debilita la soberanía jurídica y jurisdiccional argentina.
Sin embargo, la inteligencia artificial y la innovación constituyen fenómenos imparables, por eso sería absurdo que la discusión sea detenerlas, la verdadera cuestión es cómo nos insertamos, si lo hacemos como socios, participando de la propiedad intelectual, cobrando patentes, exigiendo transferencia tecnológica, asociando universidades nacionales y sometiendo toda actividad a la jurisdicción argentina, o lo hacemos como territorio de alquiler, ofreciendo excepciones fiscales y arancelarias o cediendo jurisdicción. La alternativa existe, participación estatal minoritaria en proyectos estratégicos, con transferencia tecnológica, radicación local de propiedad intelectual, asociación con universidades nacionales y responsabilidad humana identificable detrás de cada sistema autónomo, porque las naciones no se desarrollan sólo atrayendo capital sino cuando convierten esa inversión en poder propio.
La cuestión ya no se presenta en si la inteligencia artificial vendrá, porque va a venir. El desafío es si Argentina quiere ser protagonista de esa transformación, o si prefiere volver a ser, una vez más, el territorio que otros usan para producirla.
*Senador Provincial UCR.