Defensoría Vecinal, en postura ambientalista

La entidad adhirió a un recurso judicial presentado por la organización Guardianes del Iberá, contra la ocupación de la reserva Santa Catalina.

La Defensoría de los Vecinos de Corrientes se adhirió como parte actora al amparo ambiental en referencia a la Reserva Ambiental Municipal de Santa Catalina, «buscando con ello proteger y garantizar los derechos de todos los vecinos, especialmente de quienes habitan el predio».
De esta manera, el organismo se pliega al recurso presentado por la organización ecologista «Guardianes del Iberá», que se opone a la ocupación del lugar por parte de un particular.
El predio total de Santa Catalina, ubicado en la zona Sur de la Capital y que tiene una extensión total de 2.387 hectáreas, fue donado a la Municipalidad de Corrientes por parte del Estado nacional en 2012. Al año siguiente, la Comuna puso en marcha el proyecto urbanístico que lleva el mismo nombre y en el que está comprendida la Reserva Natural que ocupa 95 hectáreas que lindan con el río Paraná y el arroyo Pirayuí.
En 2003, el ciudadano José Oscar Giguer presentó un plano de mensura en Catastro aduciendo que 35 hectáreas del sector que hoy ocupa la reserva eran de su pertenencia. Esto motivó a que ya en 2005 se iniciara un juicio de prescripción adquisitiva ante el Juzgado Federal. Sin embargo, cuando la titularidad del predio pasó a dominio municipal, el expediente pasó a órbita provincial en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, a cargo de la doctora Sonia Elizabeth Filipigh.
La causa se trabó por diferentes motivos y en 2012, Giguer le cedió los derechos a otro particular, de apellido Sotelo que es quien ahora obtuvo de parte de la Jueza, una medida cautelar que le autorizaría a ingresar con personas, con vehículos, materiales y demás a la reserva.
La preocupación de la Municipalidad es que, al tratarse de un juicio de prescripción adquisitiva en la que se probó que no hubo una posesión del terreno por parte de este particular en todos esos años, permitirle el ingreso ahora, sería como darle la oportunidad para que realice alguna modificación en el espacio. «Nos preocupa esta actitud de la jueza. No se trata de algo que perjudique sólo al Municipio, es algo que perjudica a todos los contribuyentes porque podrían ser 35 hectáreas menos de una reserva natural que es de todos», agregó Walter González Acevedo, asesor legal del Municipio.

VARIANTE

Otra cuestión que no se tuvo en cuenta es que, el espacio que Sotelo dice que le pertenece está rodeado por otros que son de la Municipalidad. Por lo tanto, para que esta persona ingrese, la Comuna debe permitir que pase por sus terrenos. «Es como decirme a mí que deje pasar a un desconocido por mi propiedad porque alega que el camino de acceso es público cuando en realidad es privado», mencionó el asesor municipal.
Así las cosas, todo está por definirse en un lugar caro a los sentimientos de ambientalistas y cuidadores del ecosistema correntino.

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