Se trata de una banda que utilizaba tecnología para desvalijar autos sin dejar rastros, a principios de marzo. Además de la pena de prisión de dos años en suspenso, el Juez Buffil les ordenó una reparación económica millonaria para resarcir los daños y los bienes robados.
Se terminó el recorrido para la banda de los «rosarinos» que había desembarcado en Mercedes con la tecnología de los inhibidores de señal. En una audiencia celebrada el jueves pasado, en la Oficina Judicial, la Justicia local cerró el círculo sobre un grupo de delincuentes que, a base de dispositivos electrónicos, lograba vaciar vehículos sin necesidad de romper un solo vidrio.
El caso, que se remonta a los primeros días de marzo de este año, encontró una resolución rápida a través de un acuerdo de juicio abreviado pleno. El doctor Adrián Aurelio Casarrubia, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Mercedes, fue quien impulsó la homologación del acuerdo ante el Juez de Garantías subrogante, el doctor Gustavo René Buffil.
El «modus operandi» bajo la lupa
Todo quedó registrado en el legajo fiscal: la tarde del 4 de marzo de 2026, los implicados —oriundos de Rosario, Santa Fe— merodearon la zona céntrica de Mercedes hasta marcar a sus presas. Con un movimiento que parecía natural, se estacionaban cerca de sus víctimas y accionaban un inhibidor de señal. Este aparato impide que el cierre centralizado de los vehículos se active, dejando las puertas abiertas sin que los dueños lo sospechen al alejarse.
En uno de los golpes, se llevaron un celular (valuado en casi $700.000). En el segundo, se alzaron con 600 dólares y 750.000 pesos en efectivo, además de la billetera del propietario.
La pericia de la Unidad de Investigaciones de la Policía de Corrientes fue fundamental para rastrear el vehículo en el que se movilizaban. Tras la aprehensión, los efectivos secuestraron elementos que coincidían punto por punto con lo denunciado por las víctimas.
Condena y billetera abierta
Ante el peso de las pruebas, los acusados —asistidos por los abogados Jorge Adrián Barboza y Patricia Teresa Báez— no tuvieron más remedio que admitir su culpabilidad. El Juez Buffil, tras cerciorarse de que el consentimiento era voluntario, dictó la sentencia: dos años de prisión en suspenso.
Pero la condena no fue solo «papel». El magistrado hizo especial hincapié en la reparación del daño. Para recuperar su libertad ambulatoria bajo reglas de conducta, los ahora condenados deberán desembolsar cifras contundentes:
- Para la primera víctima: $750.000 por el valor del teléfono robado y $387.000 adicionales por daños en el vehículo.
- Para la segunda víctima: La suma total de $1.300.000 y los 600 dólares estadounidenses.
Los rosarinos deberán cumplir reglas de conducta estrictas si no quieren que la «suspensión» de la pena se convierta en una celda efectiva.