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    Portada » Condenan a exsecretario judicial por espiar el teléfono de su mujer
    Policiales

    Condenan a exsecretario judicial por espiar el teléfono de su mujer

    30 de julio de 2025
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    El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes condenó a Pablo Carlos Molina, exsecretario judicial, a cuatro años de prisión por ordenar la intervención ilegal de las líneas telefónicas de su propia esposa y de un presunto amante. La sentencia, que se fundamenta en los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica, será detallada en sus fundamentos el próximo 5 de agosto.

    La investigación, llevada adelante por el fiscal general Carlos Schaefer y el fiscal coadyuvante Martín Uriona de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), reveló que Molina utilizó su posición privilegiada para satisfacer sospechas de infidelidad, enmascarando el seguimiento personal bajo el pretexto de una pesquisa por narcotráfico. Los fiscales habían solicitado una pena de cinco años de prisión.

    LOS DETALLES DEL CASO

    El caso se remonta al 11 de septiembre de 2014, cuando Molina, en su rol de secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, confeccionó y firmó un oficio judicial. Este documento, también suscripto por el entonces juez federal Soto Dávila, informaba falsamente a la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) sobre la supuesta intervención telefónica, por 30 días, de dos abonados vinculados a una investigación de narcotráfico en curso.

    Sin embargo, las líneas intervenidas ilegalmente entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014 pertenecían a la esposa de Molina y a un allegado a ella, de quien el exsecretario sospechaba que mantenía una relación. El engaño fue descubierto en marzo de 2019 cuando personal judicial, en un relevamiento de efectos, encontró 28 discos compactos con las comunicaciones interceptadas. Gran parte de estas grabaciones contenían al propio Molina discutiendo con su pareja, profiriéndole insultos e incluso amenazas. Respecto a estas últimas, el tribunal correntino se declaró incompetente y remitió la causa a la justicia de Chaco, donde residen la damnificada y Molina, para su investigación y juzgamiento por violencia.

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