En el marco del diferendo judicial que rodea la concesión del Corredor Belgrano, el Gobierno de la provincia dio un paso decisivo al remitir a la Legislatura un proyecto de ley para provincializar la traza e integrarla formalmente a la red vial provincial.
La medida busca concentrar la titularidad en el Estado provincial para consolidar las acciones legales en curso, impulsar la readecuación económica del peaje y coordinar la gestión de recursos con el municipio.
En este marco, el Fiscal de Estado, Horacio Ortega, explicó que la propuesta obedece a una decisión política del Gobernador sobre una iniciativa que ya se venía evaluando técnicamente.
El texto contempla que el tramo comprendido desde la rotonda de ingreso hasta el puente pase a integrar el dominio público de la provincia.
La definición se conoció tras una reciente audiencia en la que participaron representantes del Gobierno nacional y de Vialidad Nacional.
Ante la presentación del proyecto legislativo por parte de la representación correntina, las partes acordaron una suspensión de las actuaciones judiciales por un plazo de 60 días.
Según destacó Ortega, la incorporación formal de la traza a la jurisdicción provincial refuerza la posición jurídica de la provincia en el fuero judicial.
En ese sentido, el funcionario remarcó que el ingreso del corredor al dominio provincial otorga mayor legitimidad al derecho reclamado, lo que impactará tanto en el proceso en trámite como en la funcionalidad que el futuro adjudicatario deba otorgarle al trazado.
TARIFA
En cuanto a la eventual implementación del cobro de peaje a partir del mes de octubre, la postura provincial se enfoca en exigir una readecuación económica integral. Ortega precisó que estas negociaciones no están a cargo de la Fiscalía, sino que son conducidas de forma directa por el Gobernador con el Ejecutivo nacional.
No obstante, la Fiscalía de Estado resguardó la posición legal de la provincia mediante la remisión de cartas documento a todos los oferentes que presentaron propuestas en el proceso licitatorio.
A través de estas notificaciones oficiales, se les hizo saber la postura firme del Estado provincial y la continuidad ininterrumpida del reclamo judicial, independientemente de quién resulte adjudicatario de la obra.
Hasta el momento, la estrategia judicial se desarrollaba de manera fragmentada entre las intervenciones de la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad y la propia administración provincial.
De aprobarse el proyecto en el parlamento provincial, toda la traza quedará centralizada bajo un único titular: el Estado provincia.
Esta unificación de la titularidad permitirá ejercer los derechos de manera concentrada y posibilitará la firma de convenios interjurisdiccionales entre la Provincia y el Municipio.
Dichos acuerdos regularán la distribución de los gastos de mantenimiento y explotación, así como el reparto de la recaudación que se genere en el corredor.