Mucho tiempo pasó desde 2010 cuando se promulgó la Ley 26.657 y su posterior reglamentación en 2013. Si bien su implementación no terminó de ser total, con el cambio de Gobierno nacional se decidió proponer una serie de modificaciones en la legislación actual. Entre los diversos ámbitos que la Ley Ómnibus se planteó modificar, desde un primer momento la Ley de Salud Mental fue una de las que estuvo en el centro de la mira. Si bien la manifestación y la visibilización de trabajadores y destinatarios de estos servicios produjeron una revisión que logró, en una primera instancia, la quita de las modificaciones de la «ley base», el riesgo vuelve a estar latente ya que hay incertidumbre ante las decisiones que se tomarán de aquí en más.
COLECTIVO
En relación al surgimiento del espacio, expresaron: «Nosotros al Colectivo de Salud Mental de Corrientes lo creamos a fines del año pasado por la preocupación que teníamos ante estas modificaciones que ya se venían anunciando. Tanto profesionales como usuarios estamos concernidos por estos cambios. Estas modificaciones excluyen a los usuarios de una participación activa en el sistema, y en cuanto a los profesionales, los vuelve meros agentes de consulta sin capacidad de decisión real, delegando esas facultades a jueces, abogados, e incluso familiares que, quizás, no están en las mejores condiciones para tomarlas».
«En su momento, la Red de Psicólogos de Corrientes se conformó con la intención de nuclear a profesionales interesados en la promulgación y defensa de la Ley 26.657, que estaba incipiente. De allí surge, tiempo después, la Asociación de Psicólogos de Corrientes. Hoy la propuesta de modificación de la ley, nos vuelve a convocar, sumándonos a diversos colectivos para defender lo que creemos una buena normativa, y reclamar una vez más su plena implementación», detallaron.
INTENTO DE
MODIFICACIÓN
Desde el Colectivo de Salud Mental de Corrientes expresaron que «la propuesta gubernamental se concentró en la modificación de ocho artículos de la Ley 26.657. Pero, de lograr modificarlos, esto afectaría gravemente el espíritu normativo de la ley en cuanto a protección de derechos, entre ellos: una regulación laxa de las internaciones involuntarias, la restitución de poder al juez en desmedro de la función del equipo interdisciplinario y la habilitación para la continuidad y la apertura de nuevos ‘manicomios’ tanto públicos como privados».
En el caso de «la creación de nuevas instituciones como neuropsiquiátricos, clínicas psiquiátricas privadas, comunidades terapéuticas para la atención de consumos problemáticos para internaciones en instituciones asilares especializadas, desconoce el cambio de paradigma que la ley actual introduce en la concepción de las internaciones como recurso terapéutico. También los cambios en el rol y la composición del Órgano de Revisión, desvirtúan su función de control en las internaciones involuntarias», señalaron.
«En relación a uno de los puntos más complejos que se pretenden modificar, es que se vuelve a dar autoridad a la entidad judicial para ordenar internaciones. Flexibiliza mucho las pautas de la internación y le termina otorgando al juez facultades para decidir, cuáles son las terapias que debería recibir una persona, sin criterios profesionales. Juega con una sutileza lingüística y plantea cosas que van totalmente en contra del espíritu de la legislación actual, que tiene que ver con brindarle más libertad a las personas y más participación a todos los usuarios en los tratamientos», sostuvieron sobre el intento de cambiar la legislación actual que se dio en un primer momento por parte del Gobierno nacional dentro del Proyecto de Ley Ómnibus.
«Nosotros como profesionales, sabemos que el encierro no cura. Los usuarios lo saben, y lo padecen. No conocemos casos que se hayan curado por estar encerrados más tiempo. Hay gente que está encerrada hace 30 o 40 años. La internación es un recurso terapéutico y esto es importante también destacar: no estamos en contra de las internaciones, pero la internación tiene que tener objetivos claros y debe ser por un período corto. Eso es algo que se ve amenazado con estos intentos de cambio», denunciaron.
AVANCES DESDE
LA PROMULGACIÓN
«Aún con todas las quejas, quiénes hemos tenido la posibilidad de conocer cómo funcionaba todo esto antes de la ley, hemos visto avances. Por ejemplo, uno de ellos es que antes había muchas internaciones que tenían que ver con cuestiones sociales y en esas internaciones una vez que una persona ingresaba podían pasar muchos años hasta que esa situación social o contextual cambiaba», recordaron.
También realizaron una comparación sobre qué sucedía antes y lo que pasa ahora: «Lo que vino a proponer esta ley es que no puede internarse por causas sociales, ni porque un juez lo ordene, o porque un familiar lo solicite. Situación que antes pasaba muchísimo en todos lados. Ahora un equipo interdisciplinario evalúa si se está frente a una situación de riesgo, cierto e inminente para sí mismo o para terceros. Ni bien pasa la situación crítica, una persona debería poder irse de alta».
Ley existente
En relación a la importancia de que exista una ley de tales características sostuvieron: «Fue una transformación de todo lo que tiene que ver con el sistema de atención y cuidados en Salud Mental. Además, se construyó de manera conjunta con la participación de múltiples actores del campo de la salud mental, trabajadores, usuarios, familiares, asociaciones y se transformó en referencia a escala internacional por sus elevados estándares en materia de derechos humanos».
«Se trata de una ley que fue elaborada por personas que sí tenían idea de lo que estaban hablando. Se armó de manera colectiva y vino a transformar una realidad manicomial, aunque aún hoy no ha terminado de ser implementada. De hecho, es eso lo que se reclama aún pasados los años y después de tantos gobiernos. Nosotros desde el Colectivo de Salud Mental y también desde la Asociación de Psicólogos sabemos que hay cosas que no funcionan, pero no creemos que el camino sea modificar una ley que aún no se aplica plenamente», remarcaron.
La legislación actual «puso el foco en el usuario y en la comunidad. Planteó la posibilidad y la exigencia de atenciones alternativas al sistema hospitalario y a las internaciones como medio privilegiado de tratamiento. Al prohibir la creación de manicomios y obligar a sustituir todas estas prácticas de encierro por otras que sean ambulatorias, orientaba todo el trabajo en Salud Mental hacia la comunidad, promoviendo la inclusión y el acompañamiento del padecimiento subjetivo en el mismo entorno de la persona. Esto es algo que nosotros queremos defender, y creemos que, si bien no se termina de producir, ese es el camino y el actual paradigma en Salud Mental. El Estado se comprometió a acompañar este proceso de cambio, y, sin embargo, actualmente el presupuesto de Salud dedicado a Salud Mental es del 3 por ciento, cuando la ley exige que sea del 10», agregaron.
Por otro lado, puntualizaron: «Lo que esta ley propone también tiene que ver con la creación de servicios de Salud Mental, para que, por ejemplo, las internaciones y atenciones puedan ser en hospitales generales. Cuando la ley se crea, dice que se da un plazo de 10 años para que se transformen los hospitales monovalentes en hospitales generales. Sin embargo, en Corrientes el hospital San Francisco de Asís sigue siendo monovalente y el espacio privilegiado de atención en Salud Mental en la provincia. Es claro que eso lleva a una excesiva demanda y dificultades para responder de manera eficiente e integrada a todas ellas».
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