Durante su 184ª Junta de Directores, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió su Informe semestral de Libertad de Prensa en el que detalló las principales situaciones que afectan el ejercicio periodístico en la Argentina.
Las graves amenazas a medios y periodistas que se vienen reiterando desde hace varios años en la ciudad de Rosario fueron la principal alarma expresada por el informe, que fue leído por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de Adepa, Daniel Dessein.
El informe de Adepa detalla la serie de intimidaciones que padecieron los medios y periodistas rosarinos, y que luego también impactaron en medios de alcance nacional.
El 12 de marzo pasado, el periodista Sebastián Domenech del canal TodoNoticias recibió en su celular una amenaza dirigida a su colega Nelson Castro, que se encontraba en ese momento realizando una cobertura en Rosario. “Va a terminar como Cabezas”, decía el mensaje, y agregaba; “Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiro(s)”.
El mismo día, en Rosario, también fue amenazado “en vivo” Alejandro Pueblas, de América 24, mientras hacía un móvil en Rosario.
“El homicidio de José Luis Cabezas, el 25 de enero de 1997, trazó un límite que nunca más fue cruzado. Esa línea fue trazada, primero, por un periodismo unido detrás de esa causa, y remarcada luego por toda la sociedad. Desde entonces, no hubo que lamentar el asesinato de ningún otro periodista argentino por ejercer su oficio. Esto nos diferencia de buena parte de los países de nuestra región en los que el asesinato de periodistas es habitual. El aumento feroz de la violencia criminal en Rosario en las últimas semanas nos acerca a esa frontera no traspasada desde hace más de un cuarto de siglo”, advirtió Dessein.
Y agregó que es fundamental que autoridades locales y federales, y de los tres poderes del Estado, investiguen y sancionen a los responsables de las amenazas. Y que velen por la seguridad de quienes asumen con coraje la misión de informar. “Esto exige la revitalización de protocolos de seguridad como el que impulsó Adepa, e instauró el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2016, para luego caer en el olvido durante la gestión posterior. El periodismo requiere políticas decididas para proteger su tarea de iluminar las zonas opacas de nuestra sociedad. De la oscuridad se alimenta el narcotráfico”, enfatizó Dessein.
El informe de ADEPA, aprobado durante la Junta de Directores, enumeró también numerosos ataques a periodistas en coberturas de manifestaciones públicas, especialmente en los casos de cronistas que recibieron heridas de balas de goma de fuerzas policiales y golpes e insultos de manifestantes que protestaban en las inmediaciones del Congreso Nacional durante el debate en el recinto de la denominada “Ley Bases”.
Además, en otro de los capítulos, el reporte analiza la situación económica de la industria periodística, y alerta que la sustentabilidad de la prensa requiere el respeto irrestricto de los derechos de propiedad de los generadores de contenidos.
“La preservación de los derechos de propiedad y la posibilidad de una competencia justa requieren reglas. La desfinanciación del periodismo conlleva el debilitamiento de una herramienta clave para la democracia en un mundo en el que crecen peligrosamente la polarización y la desinformación”, comentó Dessein, para luego detallar los antecedentes que ya se dieron en regiones y países como Europa, Australia y Canadá, donde se han fijado límites a las asimetrías, los abusos en el mercado publicitario y el uso de contenidos ajenos por parte de las grandes plataformas.
Por último, el informe de Adepa se refirió a los daños que la violencia verbal le causa a la libertad de prensa y a la democracia, en alusión a las amenazas y ataques físicos directos a periodistas, el avasallamiento de los derechos de propiedad que sustentan a la prensa o cuando avanzan propuestas legislativas que la desconocen, pero también cuando se denuesta en declaraciones públicas el oficio con generalizaciones agraviantes.
“Si las descalificaciones provienen de altos funcionarios públicos, aumenta el daño que se infiere a la profesión y a la libertad que requiere el periodismo para desenvolverse. Se incrementa, además, el peligro de que la violencia verbal alimentada por las descalificaciones se transforme en violencia física. El insulto puede ser la antesala de algo peor”, dijo Dessein.
Adepa ha cuestionado públicamente las descalificaciones presidenciales dirigidas a periodistas, en las primeras semanas de este año. Información inexacta o intencionada, según la visión del Presidente, fue cuestionada con acusaciones volcadas en su cuenta de X. “Todo periodista o medio puede equivocarse u ofrecer una opinión o información que resulte imprecisa, inadecuada o molesta para un funcionario o para un ciudadano común. Y esto legítimamente puede dar lugar a la expresión de discrepancias o al señalamiento del eventual error, brindando datos que lo evidencien o lo refuten”.
El informe finalizó con un llamado a que la democracia argentina regenere las condiciones propicias para el diálogo activo y profundo que la constituye, y en ese marco, el papel que juega la prensa. “El periodismo diariamente propone una agenda de hechos verificados y de temas que nutren el debate ciudadano necesario para arribar a consensos en la construcción del proyecto colectivo. Lo hace desde ángulos y con enfoques diversos, con errores y aciertos, con propuestas de mayor o menor calidad que son evaluadas por las audiencias”, aportó el informe. “Los dirigentes -agregó–, y también el resto de los ciudadanos, debemos preservar ese sistema ineludible para la protección de nuestras libertades, el mantenimiento de una convivencia armónica y la construcción de un futuro común”.