El Senado de la Nación sancionó ayer la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que obtuvo 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, tras más de cuatro horas de debate. La norma, que ya contaba con media sanción de Diputados, representa uno de los principales objetivos legislativos del oficialismo y modifica aspectos centrales de la legislación laboral vigente, como las indemnizaciones, los convenios colectivos, el derecho a huelga y el régimen de trabajadores de plataformas.
La votación consolidó el respaldo de sectores aliados y bloques dialoguistas, entre ellos legisladores de la Unión Cívica Radical, el PRO y representantes provinciales, que permitieron al oficialismo alcanzar la mayoría necesaria en la Cámara alta, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Cambios centrales en el régimen laboral
Uno de los ejes principales de la reforma es la modificación del sistema de indemnizaciones por despido. Se mantiene el criterio de un mes de sueldo por año trabajado, pero se excluyen conceptos como el aguinaldo y los premios extraordinarios del cálculo. Además, la ley habilita el pago en cuotas —hasta seis en grandes empresas y hasta doce en pymes— con actualización por inflación e interés anual.
La norma también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a colaborar con el pago de indemnizaciones mediante aportes obligatorios de los empleadores. Las grandes empresas aportarán el 1% del salario bruto de cada trabajador, mientras que las pequeñas y medianas empresas contribuirán con el 2,5%.
En materia de convenios colectivos, la reforma establece la prioridad de los acuerdos por empresa o región sobre los convenios sectoriales y elimina la ultraactividad, es decir, la continuidad automática de convenios vencidos. Esto implica que, sin un nuevo acuerdo, las condiciones anteriores dejan de aplicarse.
Flexibilización de la jornada y nuevas modalidades
La ley introduce el sistema de “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descansos o reducciones de jornada en otros días, mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores. También habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada período no sea menor a siete días.
Otro punto relevante es la incorporación de la figura del trabajador independiente de plataformas digitales, como repartidores, que no serán considerados empleados en relación de dependencia sino prestadores de servicios autónomos, lo que modifica su acceso a derechos laborales tradicionales.
Regulación del derecho a huelga y blanqueo laboral
La reforma amplía el listado de actividades consideradas esenciales, que deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75% durante medidas de fuerza, e incorpora la categoría de servicios “trascendentales”, que deberán asegurar una cobertura del 50%. Entre las nuevas actividades incluidas figura el sistema educativo.
Además, se crea un régimen de blanqueo laboral que reduce hasta un 70% las deudas por aportes previsionales para empleadores que regularicen trabajadores no registrados, junto con incentivos fiscales para fomentar la formalización.
Debate político y posiciones enfrentadas
Desde el oficialismo, la ministra de Seguridad y senadora Patricia Bullrich defendió la reforma al sostener que el actual sistema laboral “genera informalidad y desalienta la contratación”. Según el Gobierno, la iniciativa busca promover el empleo formal y reducir la litigiosidad laboral.
En contraste, legisladores de la oposición advirtieron que la ley implica un retroceso en los derechos laborales. El senador peronista José Mayans sostuvo que la norma podría debilitar la protección de los trabajadores y afectar el equilibrio del sistema previsional.
La versión final de la ley excluyó el artículo que modificaba el régimen de licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados durante el tratamiento legislativo.
Un punto de inflexión para el modelo laboral
La sanción de esta reforma marca un cambio significativo en el marco normativo del trabajo en Argentina. El Gobierno la presenta como una herramienta para incentivar la creación de empleo formal y modernizar las relaciones laborales, mientras que sectores opositores y sindicales advierten sobre posibles efectos en la estabilidad laboral y la protección de los trabajadores.
La aplicación de la norma y sus consecuencias concretas en el empleo, la informalidad y la dinámica del mercado laboral comenzarán a observarse en los próximos meses, en un contexto económico aún atravesado por la desaceleración inflacionaria y el proceso de ajuste impulsado por el Ejecutivo.