La Cámara de Senadores de Paraguay resolvió la expulsión definitiva de Santiago Peña de la Presidencia de la República. Tras desestimar los debates prolongados y avanzar directamente a la votación, el pleno condenó al ahora exmandatario por mal desempeño de sus funciones con un resultado contundente: 44 votos a favor y una sola ausencia. La decisión abre el camino para el juramento inmediato del vicepresidente Pedro Alliana ante una comisión bicameral del Congreso.
El trasfondo institucional de la jornada estuvo marcado por una maniobra táctica del Poder Legislativo. Pese a que Peña había presentado su carta de dimisión el día anterior argumentando la necesidad de evitar un mayor daño al país y restaurar la tranquilidad, el Congreso rechazó tratar su renuncia. El objetivo de la bancada parlamentaria fue deliberado: la aceptación de la dimisión le hubiese otorgado a Peña la condición de senador vitalicio con inmunidad diplomática; en cambio, la destitución mediante juicio político le retira de inmediato los fueros, dejándolo a disposición de la justicia ordinaria.
Durante el proceso parlamentario, la defensa técnica encabezada por los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro cuestionó la validez jurídica del procedimiento. Los letrados argumentaron que se vulneraron garantías básicas del debido proceso al otorgar plazos inferiores a doce horas para examinar un libelo acusatorio de más de trescientas fojas. Asimismo, citaron antecedentes donde la dimisión de un funcionario extingue la materia del juicio político. Sin embargo, la comisión acusadora de la Cámara de Diputados (integrada por legisladores como Raúl Benítez, Rocío Vallejo, Adrián Vaezken, Freddy Franco y Mauricio Espínola) ratificó que la responsabilidad política y el daño institucional exigían una condena ejemplar.
LA ANATOMÍA DEL ESCÁNDALO UENO BANK
El detonante que aceleró la caída del gobierno de Peña fue el estallido financiero de Ueno Bank, una entidad digital con la que el exmandatario mantuvo lazos comerciales y accionarios previo a su llegada al Palacio de López. La crisis dejó a casi tres millones de ahorristas con sus fondos congelados, desencadenando lo que diversos sectores calificaron en Asunción como el mayor saqueo financiero en la historia reciente del país.
Entre septiembre de 2023 y abril de 2026, los depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS) colocados en Ueno Bank se multiplicaron por 30, pasando de 70.000 millones de guaraníes a más de 1,77 billones de guaraníes.
La acusación sostuvo que se ajustaron normativas internas del organismo previsional para eludir los límites de patrimonio efectivo, direccionando recursos públicos hacia un banco que ofrecía tasas de interés fuera de los parámetros de mercado.
La Justicia paraguaya ordenó la detención de los principales ejecutivos de la entidad (entre ellos el vicepresidente primero Miguel Vázquez, Diego Fernando Duarte, Alejandro Gómez Abente y Juan Manuel Gustale), quienes fueron trasladados al Penal de Tacumbú. Además, se incautaron siete vehículos de alta gama en Asunción y se suspendieron las operaciones de Ueno Casa de Bolsa.