El juez Gustavo Vallejos dejó tras las rejas sin plazo al capataz Ireneo Zarza y a otros cuatro acusados por la desaparición de la directora rural en el paraje El Malezal. Sin embargo, mientras los peritos cotejan muestras de ADN y buscan el cuerpo, uno de los hijos de la maestra cuestionó que la Fiscalía se cierre en una sola pista y vinculó el hecho con denuncias previas por manejos irregulares en la escuela.
04-POLITICA-5Amás de dos semanas del miércoles 7, en que se perdió todo contacto con Nanci Estela Godoy cuando iba camino a la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, la investigación judicial en Esquina completó su primer cerco punitivo, pero aún no logra despejar todas las incógnitas que sacuden a la provincia de Corrientes.
Este sábado, el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dictó la prisión preventiva sin plazos para el capataz Ireneo Zarza y el peón de apellido Sandoval, medida que dejó formalmente encarcelados hasta el juicio oral a los cinco sospechosos apuntados por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas.
La resolución adoptada tras la audiencia de coerción transmitida desde los tribunales de Esquina consolidó el giro acusatorio que los fiscales, Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González imprimieron al expediente en las últimas 72 horas.
Lejos de las cautelas iniciales que hablaban de una averiguación de paradero o de simples contradicciones testimoniales, el Ministerio Público Fiscal dio por sentado que la educadora de 52 años fue asesinada en la espesura del campo y repartió las calificaciones más severas del Código Penal entre los empleados y puesteros vinculados a la estancia El Curupí.
ESQUEMA
ACUSATORIO Y EL ROL DE CADA UNO
Para los investigadores judiciales, el ataque contra la docente no fue la acción solitaria de un desconocido, sino un hecho ejecutado y ocultado por una red de personas que convivían a diario con la víctima en el paraje.
En la estructura de cargos que dejó a los acusados al borde del juicio por femicidio y homicidio, la Fiscalía imputó como coautores materiales de femicidio al capataz Ireneo Zarza, al peón Sandoval y a Sergio Nahuel Rojas, mientras que, a la pareja de este último, la vecina Rosa Leguizamón, le atribuyó el delito de homicidio simple en calidad de coautora, completando la nómina el peón Ernesto Ezequiel Bordón bajo cargos de falso testimonio y encubrimiento.
La pieza central de esa reconstrucción apunta contra Zarza como el principal responsable del ataque. Distintos testimonios incorporados al legajo situaron al capataz el viernes 9 de octubre en un «puesto tapera» levantado a escasos 150 metros del edificio escolar, un refugio precario donde el hombre solía pernoctar, beber whisky y protagonizar episodios violentos. Pero para que la maestra quedara expuesta en ese paraje aislado, los fiscales sostienen que resultó indispensable la intervención engañosa de Rosa Leguizamón.
LA FIGURA DE ROSA
La situación de Leguizamón muestra el costado más sombrío de la trama. Durante los primeros días posteriores a la desaparición, la mujer se presentó ante la familia y ante los medios de comunicación como una vecina solidaria que le prestaba el caballo a la directora y que había grabado un video mostrando que las pertenencias de Nanci seguían intactas dentro del aula con las luces encendidas. Sin embargo, las pericias demostraron que Leguizamón le mintió a la docente al asegurarle que ningún vehículo de la estancia regresaría ese fin de semana al casco urbano de Esquina para impedir que abandonara el lugar, además de falsear los datos de un supuesto viaje a una fiesta de doma en Sauce.
El hallazgo de una campera negra y un par de alpargatas atribuibles a la maestra durante un allanamiento en la vivienda materna de Leguizamón en Sauce terminó por derrumbar su coartada y motivó que el viernes el juez Vallejos ordenara la prisión preventiva sin plazo para ella y para Rojas, ante el riesgo cierto de que en libertad destruyan rastros o amedrenten a testigos.
Pericia forense ante el silencio del monte
Mientras las versiones encontradas tensan el clima social en Esquina, el destino del expediente depende de la ciencia forense y del hallazgo de restos en una geografía sumamente hostil.
El Superior Tribunal de Justicia dispuso un operativo genético y pericial extraordinario encabezado por José Luis Gálvez, director del Instituto Médico Forense provincial, quien se instaló en la zona con una unidad científica móvil y cuatro peritos especializados.
Los especialistas ya extrajeron muestras biológicas a los cinco detenidos y tomaron hisopados al hijo de la docente, Sebastián Medina, y a la hermana de la víctima para establecer un patrón genético indubitable. Esos perfiles se procesan por estas horas en los laboratorios de la Capital correntina para cotejarlos con las manchas rojizas halladas en los cuchillos y ropas secuestradas en la casa de Bordón, con las prendas incautadas en Sauce y con los rastros levantados en vehículos y monturas.
A la par, efectivos provinciales, Gendarmería Nacional, drones y perros de rastreo concentran la búsqueda en tres puntos específicos de pozos, bañados y montes de El Malezal que habrían surgido de los quiebres en las declaraciones de los propios arrestados.
Suspicacias de la familia
Pese a la contundencia de las cinco prisiones preventivas, el cuadro probatorio exhibe una grieta que alimenta suspicacias en la calle y en el propio entorno familiar de la víctima. Hasta ahora no apareció el cuerpo de Nanci Godoy ni se explicó con nitidez qué móvil llevó a cuatro hombres y una mujer del mismo paraje a concertar o cubrir el asesinato de una maestra rural.
Esa fisura quedó expuesta en la previa de la audiencia definitoria del sábado, cuando uno de los hijos de la educadora rompió el silencio frente a los tribunales de Esquina y cuestionó ante la prensa el direccionamiento de la pesquisa.
En declaraciones recogidas en la sede judicial y difundidas por radio Dos, Adán -hijo de la docente- advirtió que los investigadores «se cerraron en esa hipótesis del femicidio y no hay un hecho puntual de por qué», y aseguró que «hay más personas involucradas en esto».
Lejos de circunscribir el caso a un arrebato violento de peones alcoholizados en un puesto de campo, el joven introdujo una línea de sospecha institucional que remite a lo que ocurría puertas adentro de la Escuela Rural N° 626 desde que su madre asumió como directora suplente.
Según el relato del hijo, «todo empezó por la denuncia, porque había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo». De acuerdo con el testimonio de Adán, la maestra comentaba en su hogar que no podía dejar los libros ni la documentación administrativa en la escuela porque temía que el anterior directivo ingresara a sustraerlos, razón por la cual viajaba cada semana cargando los papeles en su bolso.
Esa versión alternativa abrió interrogantes entre vecinos y testigos de Esquina que dudan de que se trate únicamente de un femicidio clásico o de un homicidio simple aislado. En los pasillos tribunalicios se preguntan qué nivel de relación existía entre los puesteros detenidos -en especial Leguizamón, quien conocía al detalle el movimiento de la escuela- y otros actores con intereses económicos o administrativos en la zona, o si los peones actuaron por cuenta propia o bajo el amparo de terceros que aún no fueron llamados a rendir cuentas.