La 60ª sesión del bloque regional cerró dos jornadas de debates con la aprobación de proyectos estratégicos impulsados por la bancada correntina. Con fletes fluviales que cuestan hasta US$2.500 bajo bandera nacional frente a los US$700 de los buques paraguayos, reclamaron reformar la Ley de Cabotaje para el 8% de la carga norteña y exigieron que el Congreso revise el límite acuático frente a Ituzaingó.
02-POLITICA 03-POLITICA-4Por Jaime Meza
Jefe de Redacción
El paso de la 60ª sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande por la ciudad de Corrientes dejó mucho más que una foto institucional de vicegobernadores y más de cien legisladores de diez provincias. Durante las deliberaciones desarrolladas entre el jueves 22 y el viernes 23, el foro regional funcionó como una caja de resonancia de los problemas estructurales que asfixian a las economías alejadas del puerto de Buenos Aires y puso sobre la mesa una agenda que vincula la competitividad logística, la defensa de la soberanía territorial y las deudas históricas del diseño constitucional argentino.
En el tramo decisivo del plenario celebrado en el salón Libertad, el senador provincial radical Noel Breard asumió la voz cantante de la delegación anfitriona para fundamentar tres proyectos medulares -uno de ellos en representación del exgobernador y actual par de bancada Gustavo Valdés- que recibieron el voto afirmativo unánime dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Su exposición conectó las urgencias de los aserraderos correntinos y el aislamiento de los pobladores de la isla Apipé con las disputas inconclusas que hace dos siglos enfrentaron al interior con el centralismo porteño.
EL COSTO DEL FLETE
FLUVIAL Y LA TRAMPA
El primer planteo de fondo abordó la paradoja económica que padece el complejo forestoindustrial de Corrientes, provincia que concentra la mayor superficie de bosques implantados de la Argentina. A partir de un relevamiento directo junto a los propietarios de aserraderos e industriales madereros, la representación correntina expuso que la Provincia logró altos estándares de eficiencia a pie de obra gracias a la inversión tecnológica, la calificación de sus recursos humanos y el aporte técnico de la universidad pública, pero pierde toda su capacidad de competencia cuando intenta trasladar la producción hacia los puertos de ultramar.
El diagnóstico parlamentario apuntó de lleno contra la desarticulación que sufrió la Marina Mercante nacional desde las privatizaciones y el desguace de astilleros en la década de los 90. Mientras la normativa argentina empujó a los armadores hacia banderas de conveniencia y redujo la flota propia a una expresión marginal, el Paraguay construyó la tercera flota de barcazas más grande del planeta, sólo superada por las de Estados Unidos y Singapur.
Esa asimetría normativa y operativa golpea de forma directa a las exportaciones del Nordeste. Según las cifras expuestas en el recinto, despachar un contenedor desde la zona industrial de Gobernador Virasoro hasta la salida oceánica en una embarcación de bandera nacional tiene un costo aproximado de 2.500 dólares, mientras que el mismo trayecto en las barcazas de bandera paraguaya que navegan todos los días frente a los puertos correntinos cuesta entre 700 y 1.500 dólares.
Apoyado en las premisas económicas de Michael Porter sobre la construcción de ventajas competitivas frente a la vieja teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, Noel Breard sostuvo que la actual Ley de Cabotaje resulta disfuncional para el interior productivo. Aunque la legislación vigente contempla un permiso de excepción para contratar buques extranjeros cuando no hay bodega nacional disponible, el trámite administrativo es transitorio, engorroso y carente de previsibilidad empresarial.
EN BLOQUE
Para destrabar ese cuello de botella sin perjudicar a la industria naval argentina, el Parlamento del Norte Grande aprobó impulsar ante el Congreso de la Nación una reforma que divida el mercado fluvial en dos segmentos claros. La propuesta consiste en mantener la reserva de bandera nacional para el 92 por ciento del volumen de carga de la hidrovía, concentrado en el nodo agroexportador de Rosario y Santa Fe, y habilitar un régimen diferencial permanente y con seguridad jurídica para el 8 por ciento restante que se origina en los puertos del Norte argentino, permitiendo que las economías regionales utilicen fletes de tercera bandera a valores de mercado internacional.
Inundación y contexto
En el cierre de su intervención, Breard también cruzó las críticas aisladas de quienes cuestionaron la realización de la cumbre en medio de las lluvias que dejaron unos 700 evacuados en el territorio provincial, al recordar que Corrientes tiene un 60 por ciento de su geografía ocupada de forma semipermanente por espejos de agua y que las instituciones atienden la emergencia climática sin detener la defensa de los intereses estratégicos de la provincia.
Una región en busca de peso propio frente al centralismo
La sesión del Parlamento del Norte Grande consolidó en la Capital correntina un bloque político transversal integrado por Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. Tal como expusieron durante las jornadas el presidente del organismo y vicegobernador santiagueño, Carlos Silva Neder, y las autoridades legislativas anfitrionas, el espacio congrega a 10 jurisdicciones que abarcan cerca del 30 por ciento de la superficie y de la población de la Argentina, pero que reciben una porción sustancialmente menor de la riqueza y de la inversión pública nacional.
Más allá de las distintas pertenencias partidarias de sus gobernadores y legisladores, la cumbre dejó sellado un compromiso de actuación conjunta para trasladar las demandas regionales a las comisiones del Congreso de la Nación.
Al paquete de 21 proyectos impulsados por Corrientes se sumaron reclamos unificados por una tarifa eléctrica diferencial para las zonas cálidas -bajo la premisa de que provincias generadoras como Corrientes con Yacyretá pagan la energía al mismo valor que los centros de consumo del Centro del país-, la defensa de los biocombustibles y el financiamiento de corredores viales y ferroviarios que conecten la producción norteña con los puertos del Atlántico y del Pacífico.
La soberanía sobre la isla Apipé y el precedente
El segundo eje de alto voltaje político giró en torno a la situación limítrofe de la isla Apipé Grande, un territorio correntino ubicado frente a la costa de Ituzaingó y a apenas 100 metros del complejo hidroeléctrico de Yacyretá, donde residen unos 3.500 habitantes argentinos.
Al sintetizar la postura que el día anterior había presentado Gustavo Valdés ante la Mesa Ejecutiva del bloque, el bloque correntino lanzó una severa denuncia política contra la Cancillería argentina, a la que acusó de sostener una mirada portuaria y complaciente con el Paraguay en detrimento de los derechos soberanos de las provincias fronterizas.
El conflicto tiene su origen en la tergiversación sufrida por el Tratado de Límites de 1876, firmado tras la finalización de la Guerra de la Triple Alianza. Aquel instrumento internacional determinó que el límite binacional corría por el canal principal del río Paraná situado al Norte, adjudicando la isla Apipé a la Argentina y la isla Yacyretá al Paraguay, de lo cual se desprendía que el brazo de agua ubicado entre Apipé y la ribera correntina de Ituzaingó pertenecía por completo a la jurisdicción nacional.
Sin embargo, durante las obras de la represa de Yacyretá y bajo la presión del régimen paraguayo de Alfredo Stroessner, el trazado fue modificado al correrse la navegación hacia el Sur para sortear los antiguos saltos del río.
La Comisión Demarcadora encabezada entonces por el general argentino Jorge Leónidas Miró convalidó la postura de Asunción al confundir el concepto jurídico de canal principal con el de canal de navegación. Como el tratado original impedía entregar la superficie terrestre de Apipé, aquella resolución administrativa dejó a los pobladores correntinos encerrados en una «isla seca», rodeada de aguas controladas por la Armada paraguaya incluso en el estrecho paso que los comunica con Ituzaingó.
Durante el debate, el Senador correntino recordó el primer paso diplomático obtenido en el Senado de la Nación por gestión del legislador radical, Eduardo «Peteco» Vischi dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores. A diferencia del exministro Felipe Solá, quien sostenía que el cambio de traza era un simple acto administrativo que no requería aval legislativo, su sucesor Santiago Cafiero y los bloques parlamentarios admitieron en los registros taquigráficos que la alteración del límite modificó el título de propiedad soberano y que, por lo tanto, la última palabra le corresponde al Congreso argentino.
Para demostrar la viabilidad jurídica de revertir esa demarcación, Corrientes propuso aplicar el antecedente vinculante de los Hielos Continentales con Chile, el punto 23 derivado del tratado de 1881, cuando casualmente también había intervenido el general Miró con una medición deficiente que hacía perder miles de kilómetros cuadrados a la Argentina.
En la década del 90, la firme oposición de las comisiones parlamentarias a partir de la propuesta del diputado Marcelo Stubrin obligó a los gobiernos de Carlos Menem, Eduardo Frei y Patricio Aylwin a descartar la traza original y realizar una nueva demarcación con tecnología satelital que respetó las altas cumbres.
El argumento correntino cerró con una comparación geopolítica directa con el reclamo por las islas Malvinas. El planteo subrayó que, si el Estado nacional defiende de manera irrenunciable la soberanía sobre el archipiélago austral donde habitan unos 3.000 isleños británicos que rechazan la ciudadanía argentina, resulta inconcebible que el Ministerio de Relaciones Exteriores esconda los expedientes y abandone a su suerte a más de 3.500 argentinos de Apipé que desean vivir bajo su bandera sin pedir permiso a una fuerza militar extranjera para navegar hasta la costa de su propia provincia.
Un debate económico de 200 años
Además de las urgencias logísticas y limítrofes, el plenario del Norte Grande aprobó impulsar en la Cámara de Diputados de la Nación la ley que incorpora al brigadier general Pedro Ferré dentro de la galería de próceres del federalismo argentino, sumando al exgobernador correntino a los reconocimientos legales ya otorgados al salteño Martín Miguel de Güemes, al riojano Ángel Vicente Peñaloza y, hace apenas dos semanas, al santafesino Estanislao López. Como respaldo documental de esa iniciativa, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, y el presidente de Diputados, Eduardo Tassano, entregaron a los parlamentarios de las diez provincias mil ejemplares de las memorias de Ferré, reeditadas mediante una ley provincial con prólogo del gobernador, Juan Pablo Valdés.
HISTÓRICA POSTURA CRÍTICA
Lejos de un homenaje meramente protocolar, la lectura de esos escritos expone que las discusiones actuales del Norte Grande son la continuación exacta de la disputa que Ferré mantuvo hace dos siglos con el centralismo de Buenos Aires.
En las páginas de aquel volumen se reproducen los célebres debates periodísticos y doctrinarios entre Juan Simón García de Cossio, asesor del mandatario correntino, y los voceros de Juan Manuel de Rosas, entre ellos Pedro De Angelis, en torno a tres ejes que la Argentina todavía no terminó de resolver, la libre navegación de los ríos frente al monopolio portuario, el reparto federal de las rentas de la Aduana y la protección de las manufacturas del interior frente a la apertura comercial indiscriminada que impulsaba el puerto con el imperio británico.
La reivindicación parlamentaria destacó a Ferré como el artífice de un federalismo integrador que jamás confundió la autonomía provincial con la fragmentación del país. El caudillo y carpintero naval correntino se retiró del Congreso de 1826 cuando Bernardino Rivadavia intentó imponer una Constitución unitaria y enfrentó luego la hegemonía de Rosas, pero puso sin dudar las tropas de Corrientes al servicio de la Patria en la Guerra del Brasil por la Banda Oriental, expulsó con fuerzas partidas desde Caá Catí una incursión militar sobre la isla Apipé y el 2 de enero de 1833, apenas consumada la invasión inglesa a las islas Malvinas, ofreció por escrito todo el ejército provincial para recuperar la soberanía usurpada en el Atlántico Sur.