Tras un asalto que sacudió la tranquilidad de la ciudad de la costa del Uruguay, efectivos de la Comisaría Segunda de Santo Tomé, con el apoyo estratégico del Grupo Táctico Operativo (GTO), desarticularon una peligrosa banda vinculada de forma directa al millonario asalto perpetrado contra un local de cobro rápido en pleno centro de esta ciudad fronteriza.
El procedimiento, que se desprendió de la causa caratulada como «…robo agravado por el uso de arma de fuego», tuvo su clímax en la madrugada de este sábado 19, cerca de las 2, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron por orden judicial en un domicilio clave ubicado sobre la calle Escalada.
El violento golpe previo y el botín
El gravísimo hecho delictivo que motivó el operativo se había gestado días atrás, cuando la víctima —empleado del Rapipago— fue emboscada en el barrio Feria. Los malvivientes habrían encañonado al trabajador y lo intimidaron de muerte para despojarlo de las llaves del local, los códigos de seguridad y la recaudación, alzándose con un botín estimado en cinco millones de pesos antes de huir.
Resultados contundentes en el allanamiento
El cerco judicial se cerró en madrugada de ayer con la irrupción táctica en la vivienda de calle Escalada. Los policías obtuvieron elementos de prueba que comprometen seriamente a los moradores. Se incautaron $2.545.000, una cifra que representa casi la mitad del botín sustraído al comercio, fraccionada en billetes de distinta denominación.
Secuestraron un automóvil Chevrolet Corsa Classic, sindicado por los investigadores como el utilizado tanto para la logística y el seguimiento previo de la víctima como para garantizar la huida.
A ello se sumaron cuatro teléfonos celulares, un pantalón cargo negro y calzado oscuro que coincidirían con los registros fílmicos y las descripciones aportadas en el expediente judicial.
Tras el procedimiento, el principal sospechoso de 38 años y los otros dos demorados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la dependencia policial correspondiente. Quedaron formalmente a disposición de la Unidad Fiscal en turno, mientras la Justicia evalúa nuevas medidas procesales y no se descartan allanamientos en cadena en busca de posibles cómplices en la región.
