El presidente Javier Milei evalúa incorporar la pesca ilegal y otras actividades económicas al proyecto de sanciones vinculado a la causa Malvinas que se enviará el lunes al Congreso.
La iniciativa, que forma parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsada por el Presidente, se encuentra en su última instancia de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, y busca endurecer el régimen sancionatorio contra empresas que operan sin autorización argentina en el archipiélago. La discusión se da mientras el asesor presidencial Santiago Caputo termina de definir el formato de la presentación legislativa, que ingresará por la Cámara de Diputados, y en la previa a que los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) viajen este viernes a Tierra del Fuego.
EL RECLAMO PESQUERO Y LA LEY PINO SOLANAS
La posibilidad de sumar la actividad pesquera al esquema de sanciones responde a un pedido de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, que planteó ante el Gobierno que el mismo criterio aplicado contra las petroleras que operan en Malvinas debería extenderse a las licencias de pesca que el Reino Unido otorga desde hace décadas en la zona.
A partir de ese reclamo, y de los anuncios de Milei, la administración libertaria analiza extender los alcances de la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, aprobada por unanimidad en marzo de 2011 durante el primer mandato de Cristina Kirchner. La norma establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina solo puede realizarse bajo habilitación de la autoridad competente nacional.
En la Casa Rosada discuten endurecer las penas y ampliar las actividades comerciales alcanzadas en las islas, una alternativa que se conversó en la última reunión de la mesa política, realizada el martes pasado. De avanzar, la ampliación se sumaría al esquema de sanciones que ya pesa sobre las compañías que buscan extraer petróleo en el archipiélago, tras la denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores contra 60 firmas, en coordinación con la Procuración del Tesoro.
El planteo también apunta a la Ley Federal de Pesca, que regula el uso y la administración de los recursos vivos marinos, norma sobre la que existen cuestionamientos en torno a su aplicación efectiva.
Desde el peronismo pidieron, además, que las empresas y actores vinculados a la explotación pesquera en las islas queden alcanzados por el régimen de sanciones, un reclamo que se suma al de las entidades del sector.
LOS ANUNCIOS PRESIDENCIALES
Durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, Milei sostuvo que, con la nueva normativa, las empresas que provean servicios a firmas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos “no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”. El mandatario adelantó además la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo transversal que articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía para fortalecer las capacidades del país en el ejercicio de la soberanía.
ALTERNATIVAS EN VISTA
El Poder Ejecutivo evalúa dos alternativas para la presentación legislativa del lunes: girar el proyecto de manera tradicional o enviar a un funcionario al Congreso para explicar el articulado en persona. En ese escenario, Presti y Quirno, que participaron directamente en la redacción del texto, figuran entre los posibles expositores, más allá de que en Casa Rosada dan por descontado que ambos asistirán cuando la iniciativa se trate en comisión.
El oficialismo apunta a que el tratamiento legislativo comience entre fines de septiembre y principios de octubre, con expectativas de un dictamen ágil dada la escasa resistencia que anticipan en el recinto.
LA MESA POLÍTICA
La discusión legislativa avanzó el martes en una reunión de mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con la presencia excepcional de Quirno y Presti. Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.
Allí se definió que los fondos para la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego estarán contemplados en el Presupuesto 2027, con financiamiento exclusivamente argentino, según remarcaron voceros oficiales.
La agenda legislativa convive además con la ofensiva del Gobierno contra las empresas vinculadas a supuestos negocios petroleros ilegales en las islas, en el marco del proyecto Sea Lion, que involucra a las firmas Rockhopper y Navitas.
En paralelo, el Gobierno nacional destinó partidas adicionales a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales para el desarrollo satelital, entre ellas la misión Sabia-Mar, cuya puesta en órbita está prevista para el primer semestre de 2027, y avanza con la construcción de la Base Antártica Conjunta Petrel.