La ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, comenzaron a ser juzgados este viernes por presunto lavado de activos y asociación ilícita en el juicio oral unificado de las causas Hotesur y Los Sauces. El proceso, que representa el tercer debate oral por corrupción para la exjefa de Estado y el primero en el banquillo de los acusados para el líder de La Cámpora, se puso en marcha pasadas las 10 en los tribunales federales de Comodoro Py bajo la conducción del Tribunal Oral Federal 5.
Por decisión mayoritaria de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni, con el voto en disidencia de su colega Adriana Palliotti, los veinticinco imputados recibieron permiso excepcional para seguir de forma remota el tramo inicial de lectura de las piezas acusatorias. Durante los primeros minutos de la transmisión oficial desde la sala de audiencias mostró a la ex primera mandataria revisando papeles desde el departamento porteño de la calle San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria, mientras que su hijo siguió la lectura desde otro recuadro virtual fumando un cigarrillo.
LA ACUSACIÓN FISCAL Y EL CIRCUITO DELICTIVO
La primera jornada estuvo centrada en la lectura del requerimiento de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques respecto del expediente Los Sauces, acusación que en el debate sostiene el fiscal general Diego Velasco junto a la querella de la Unidad de Información Financiera. Según el planteo del Ministerio Público, entre los años 2009 y 2016 funcionó una estructura delictiva encabezada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con Máximo Kirchner en el rol de organizador, creada para disimular y reintroducir en el patrimonio familiar ganancias de origen ilegal.
De acuerdo con los cargos leídos en la sala, la ex Presidenta diseñó, ejecutó y dirigió un mecanismo permanente de reciclaje de fondos ilícitos a través de la sociedad inmobiliaria Los Sauces. Los fiscales sostienen que el ochenta y ocho por ciento de la facturación de esa empresa familiar, estimada en unos 25 millones de pesos de aquel periodo, provino de contratos de locación simulados con las compañías de Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa, quienes alquilaban departamentos, cocheras en Puerto Madero y hoteles sin justificación comercial real como contrapartida por los contratos de obra pública y beneficios estatales que recibían del gobierno nacional.
El documento acusatorio reveló además una paradoja en torno al inmueble de la calle San José 1111 donde hoy cumple su condena la exmandataria. Según detalló la fiscalía, ese departamento fue comprado por la firma Los Sauces cuando era presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta e hija de Alicia Kirchner, y entregado de forma directa a Florencia Kirchner para su uso particular sin pagar canon alguno. Tras la lectura del primer tramo, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 26 de octubre a las 10 y advirtió que, una vez concluida la etapa de lectura inicial, los acusados deberán presentarse en persona en los tribunales de Retiro.