Por Paula Carvalho Pereda
Conforme las guerras reconfiguran los mercados energéticos mundiales, surge un conflicto creciente entre las prioridades inmediatas (desde garantizar el suministro de combustibles fósiles hasta subsidiar el consumo de energía) y los objetivos de descarbonización a largo plazo. La invasión rusa a gran escala de Ucrania obligó a Europa a salir a buscar fuentes alternativas de gas natural licuado, lo que impulsó la inversión en la construcción de infraestructuras relacionadas. Y el cierre del estrecho de Ormuz llevó a otros países (por ejemplo los de la cuenca atlántica) a ampliar la producción local de gas y petróleo.
Estas decisiones son comprensibles, pero ilustran de qué manera perturbaciones globales pueden consolidar sistemas con alta emisión de carbono. Más allá de la cuestión del aumento de las emisiones, cualquier infraestructura para los combustibles fósiles que se construya hoy operará por unos treinta o cuarenta años, lo que aumenta el riesgo de inmovilización de activos y encarece los esfuerzos futuros de descarbonización. La disrupción causada por los conflictos recientes también restó atención política a los compromisos climáticos.
Visto en esta perspectiva, el cambio climático es un problema de incentivos y tensiones entre objetivos contrapuestos. El conductor que llena el depósito de gasolina paga por el combustible, pero no por sus externalidades negativas, por ejemplo el calentamiento global y sus efectos sobre las comunidades vulnerables y las generaciones futuras. Como los emisores no deben afrontar todo el costo de sus decisiones, emiten más de lo que es deseable colectivamente. Si no se resuelve este problema, los mercados no generarán suficiente estabilidad climática, como tampoco lo hacen con otros bienes públicos como el aire limpio o la atención médica.
El principal modo que tienen los gobiernos para corregir este fallo del mercado es mediante mecanismos de fijación de precios (por ejemplo impuestos al carbono), sistemas de comercio de emisiones o políticas de mando y control. Con estas medidas se busca influir en las decisiones individuales y corporativas: los instrumentos basados en el mercado permiten a empresas y hogares hallar el modo más barato de reducir las emisiones, mientras que las restricciones regulatorias imponen normas o límites (y pueden ser más fáciles de fiscalizar).
Los beneficios de estas políticas climáticas son mundiales, pero los costos son locales y nacionales. Esto crea un incentivo para parasitar los esfuerzos de reducción de emisiones ajenos, que se intensifica cuando las presiones geopolíticas convierten la seguridad energética en prioridad principal. En este contexto, adquiere nueva importancia la difícil tarea de diseñar políticas y mecanismos que vuelvan a ajustar los incentivos.
La experiencia de Brasil es prueba del enorme impacto que pueden tener políticas climáticas bien diseñadas con métricas y normas fiables y consecuencias por incumplimiento. En los años ochenta, hubo en la ciudad brasileña de Cubatão un aumento de la cantidad de bebés nacidos con anencefalia, que se atribuyó a la contaminación industrial descontrolada. A raíz de esta y otras crisis de salud pública vinculadas a la contaminación extrema, el ministerio nacional para el medioambiente ideó el programa PROCONVE, una norma sobre los niveles de emisión de los automóviles que obligó a las automotrices a fabricar vehículos mucho más ecológicos. Tras la implementación de la medida, se observó en Brasil una importante reducción de las emisiones vehiculares. Fue una política de mando y control que funcionó como se esperaba: se estableció una norma clara, se la aplicó de manera uniforme y se midieron los resultados.
Brasil también halló un modo de cambiar los incentivos en la Amazonia, que en 2004 ya había perdido más o menos el 15 % de su selva tropical (un área del tamaño de Ucrania) por falta de vigilancia y fiscalización suficientes. El gobierno federal comenzó a usar imágenes satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales para obtener una medida fiable de la deforestación, lo que permitió una fiscalización casi instantánea. Una región antes anárquica pasó a ser gobernable. Fue así que la tasa de deforestación de la selva amazónica se redujo más o menos un 85 % en menos de un decenio, y hubo una importante disminución de las emisiones nacionales.
Además de la fijación de precios y la regulación, una herramienta poderosa para crear conciencia sobre los costos sociales y ambientales de las decisiones individuales y hacer visibles las normas sociales es el uso de políticas de información. Datos de Brasil muestran que sustituir la carne por pescado un día a la semana puede reducir un 11 % las emisiones hogareñas relacionadas con la alimentación, sin un aumento de costos; lograr que los hogares internalicen esa información puede generar una reducción significativa del total de emisiones nacionales. Además, un estudio realizado en 2014 en Estados Unidos halló un importante ahorro de energía por parte de hogares que recibieron información sobre su consumo en comparación con el de sus vecinos.
Cuando las políticas ponen restricciones (mediante la fijación de precios al carbono, normas de desempeño, marcos regulatorios o inversión pública), los mercados encuentran la forma más eficiente de cumplirlas. Los mercados no son el problema, sino las externalidades no reguladas. También lo es la falta de coordinación global, que puede resolverse mediante ajustes por carbono en frontera que penalicen el parasitismo, clubes climáticos que recompensen la participación y transferencias de tecnología que reduzcan el costo del cumplimiento en los países pobres. En cuanto las autoridades corrigen estas deficiencias, los mercados se convierten en solución.
El contexto político para la acción climática se ha vuelto más difícil, justo cuando las temperaturas globales alcanzan máximos históricos. Cada año de retraso aumenta los costos de la descarbonización. Pero el hecho de que algunos países abandonen sus compromisos no implica que otros deban rendirse. El futuro del planeta dependerá de millones de decisiones individuales y colectivas. El cambio todavía es posible; el principal desafío para los gobiernos es estar dispuestos a diseñar incentivos que lo hagan inevitable.
Paula Carvalho Pereda es profesora titular de Economía en la Universidad de São Paulo y presidenta de la Sociedad Brasileña de Econometría.
Copyright: Project Syndicate, 2026.
www.project-syndicate.org