La semana mostró al gobernador, Juan Pablo Valdés exigiendo al gobierno de Javier Milei que incluya el Corredor Belgrano en el esquema nacional de concesiones viales, mientras sostiene ante la Corte Suprema el histórico reclamo por las regalías de Yacyretá. Dos frentes abiertos con la misma Casa Rosada, el mismo argumento de fondo -correntinos producen y la Nación cobra- y la misma diplomacia de acero envuelta en guante de terciopelo. Una hoja de ruta que la diferencia, y de manera deliberada, del camino que eligió el vecino Chaco.
Por Jaime Meza
Jefe de Redacción
Hay una frase que el gobernador Juan Pablo Valdés repite con la cadencia de quien sabe que las palabras también son política: «Todos los que transitan el puente Belgrano saben que la avenida 3 de Abril soporta exactamente el mismo tránsito que el corredor Belgrano». La dice con calma. Sin estridencias. Pero con la firmeza de alguien que acaba de llevar el conflicto a la Justicia Federal y no tiene intención de bajarse del reclamo.
Corrientes lleva semanas protagonizando un round con el Gobierno nacional que, aunque técnico en apariencia, tiene una densidad política considerable. No es la primera vez que la Provincia choca con Buenos Aires. Pero el cómo lo hace -con recursos judiciales, con argumentos de ingeniería vial, con reuniones con embajadores extranjeros como telón de fondo- dice algo sobre el estilo de gestión que Valdés viene construyendo desde que asumió: reclamar sin romper, presionar sin subordinarse, negociar sin entregar.
La Casa Rosada, acostumbrada a socios incondicionales o adversarios declarados, todavía no sabe bien cómo catalogarlo. Y eso, en la política argentina, es una ventaja.
EL CORREDOR QUE NACIÓN DEJÓ AFUERA
El conflicto tiene un detonante preciso. Cuando el gobierno de Milei diseñó el nuevo esquema de concesiones viales nacionales -parte del plan de privatización de corredores- dejó afuera un tramo de casi seis kilómetros que conecta las rutas nacionales 12 y 16 a través del corazón de la ciudad de Corrientes: las avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia, el corredor que desemboca en el puente General Belgrano.
El Gobierno correntino detectó que, en los llamados a licitación para concesionar rutas nacionales, el puente quedó sin concesión. Es decir, que ninguna administración se haría cargo del mantenimiento de esa estructura ni de la traza urbana vinculada.
La respuesta de Vialidad Nacional fue inmediata y, para Corrientes, inaceptable. El jefe del Distrito Nº 10 de Vialidad Nacional, David Moulin fue tajante: «El Corredor Belgrano nunca fue jurisdicción del Gobierno nacional. Es jurisdicción de la Provincia», dijo.
Valdés no se guardó nada. «Tiene la posibilidad de solucionar esto como buen correntino y debe hacerlo, entendiendo la problemática que genera para la Provincia», le respondió el Gobernador al funcionario nacional, en una frase que mezcló la apelación al origen provincial de Moulin con una exigencia política concreta.
«Nosotros planteamos una medida cautelar no porque estemos en desacuerdo con la privatización del tramo», aclaró Valdés. Y fue directo al punto: «Estamos en desacuerdo porque dejaron a la avenida 3 de Abril fuera de la concesión. Todos los que transitan del puente Belgrano saben que esa avenida soporta todo el mismo tránsito», enfatizó.
El Gobierno de Corrientes ratificó su estrategia judicial para frenar la licitación y reclamó que el Gobierno nacional incorpore modificaciones al pliego antes de avanzar con la concesión. El ministro de Obras Públicas, Jorge Meza confirmó que la Provincia participará de una instancia de mediación en la Justicia Federal a través de la Fiscalía de Estado.
Polich: «Son 2.500 camiones por día y el vecino paga la cuenta»
Claudio Polich administra el ejido urbano por donde pasan diariamente los camiones que conectan el Mercosur. Y su postura sobre el conflicto del Corredor Belgrano es tan clara como la de Valdés, aunque con el tono directo de quien sufre el desgaste en sus propias calles.
Ante la postura del Director de Vialidad Nacional de que el corredor no depende de la Nación, el Intendente fue categórico: «Me parece un contrasentido. Cualquiera que observe el tránsito en el puente sabe que esos camiones y colectivos buscan la vinculación entre la ruta 16 y la ruta 12.
Esa conexión se da por la arteria principal de nuestra ciudad», subrayó.
El razonamiento de Polich apela al sentido común antes que a la letra de la Ley: si los camiones usan la avenida como continuación del corredor nacional, el Estado nacional tiene una obligación de contribuir a su mantenimiento. «Lo que estamos planteando es que tenemos que coparticipar en el tramo que nos toca», sostuvo el Jefe comunal.
Y cerró con una síntesis que ningún vecino de Corrientes necesita traducción: «El vecino no tiene por qué seguir pagando el mantenimiento del Corredor Belgrano», sic.
Detrás de esa frase hay política, pero también hay 2.500 camiones diarios que destrozan el asfalto de una ciudad que, hasta que la Justicia Federal resuelva, seguirá poniendo el lomo.
Los números que no se quiere ver
Más allá de la disputa jurídica sobre jurisdicción, el debate tiene una dimensión técnica que resulta difícil de esquivar. El presidente del Centro de Ingenieros de Corrientes, Daniel Suárez explicó que el corredor soporta un flujo diario estimado en unos 24.000 vehículos, de los cuales entre 4.000 y 5.000 corresponden a tránsito pesado proveniente de las rutas nacionales 12 y 16. Esa intensidad supera la prevista originalmente para una avenida urbana y obliga a mayores tareas de mantenimiento.
El intendente de la capital correntina, Claudio Polich, lo tradujo a términos más concretos: «Diariamente alrededor de 2.500 camiones atraviesan la ciudad para conectar la Ruta Nacional N° 16 con la 12, utilizando arterias clave como la avenida 3 de Abril y la avenida Independencia», detalló.
Y agregó un argumento que resulta difícil rebatir desde cualquier perspectiva de equidad: «No es justo ni razonable que el vecino de Corrientes, con sus impuestos, tenga que mantener una vía que sirve de vínculo entre dos rutas nacionales para el abastecimiento de todo el Mercosur. Estamos hablando de 2.500 camiones diarios que circulan desde San Pablo hasta Puerto Alegre y atraviesan el centro de nuestra ciudad», sentenció.
Suárez recordó además que la avenida 3 de Abril ya formaba parte de la ciudad cuando se construyó el puente General Belgrano y que, de hecho, pasó de tener dos manos a cuatro para absorber el nuevo tránsito interprovincial. La ciudad adaptó su infraestructura al puente. Ahora el puente -y quien lo concesione- debería corresponder.
Para Valdés, la exclusión del tramo representa un «daño patrimonial» injusto para los vecinos de la ciudad, que deben soportar un tránsito pesado de gran magnitud sin el financiamiento nacional que le corresponde.
Diplomacia: cómo se le gana una pulseada a un gobierno que no perdona
Juan Pablo Valdés ha desarrollado con el gobierno de Milei una danza que pocos gobernadores se animan a ejecutar: la del aliado independiente. No es oposición, no es sumisión. Es algo más difícil y más rentable: una relación de negocios donde cada parte sabe lo que tiene y lo que quiere.
Cuando presentó la medida cautelar contra el pliego del Corredor Belgrano, Valdés se cuidó de aclarar que el gesto no era una declaración de guerra contra el modelo libertario. El mandatario buscó despejar lecturas ideológicas y aclaró que la acción no representa un rechazo a los procesos de privatización del Gobierno nacional: «Nosotros planteamos una medida cautelar no porque estemos en desacuerdo con la privatización del tramo, o porque pretendamos bloquear las obras de mantenimiento», aclaró.
El matiz importa. Valdés no cuestionó el método -la concesión privada-, sino la omisión: que Corrientes quedara fuera del trato. Es la diferencia entre ser un adversario ideológico, que la Casa Rosada podría ignorar, y ser un socio que reclama lo que le corresponde, a quien resulta más costoso desatender.
El resultado de esa diplomacia quirúrgica ya tuvo un primer efecto concreto: Nación saldó una deuda de 2.400 millones de pesos y se reanudaron las obras de la Autovía Ruta 12, lo que Valdés anunció como un avance en el marco de la misma agenda de negociación. No todo es conflicto. Pero el conflicto existe y el Gobernador no lo esconde.
Yacyretá: la deuda ante la Corte
El Corredor Belgrano no es el único frente abierto entre la Provincia y el Gobierno nacional. Hay otro, más antiguo y de mayor envergadura económica, que también está en manos de la Justicia: el reclamo por las regalías que Corrientes debería percibir por la energía generada en la represa de Yacyretá.
La paradoja es tan gruesa que cuesta creer que nadie la haya resuelto antes: Corrientes es una provincia productora de energía hidroeléctrica a gran escala, alberga en su territorio buena parte de la infraestructura de Yacyretá (la entidad binacional argentino-paraguaya) y, sin embargo, paga una de las tarifas eléctricas más altas del país.
El ex gobernador, Gustavo Valdés lo había sintetizado con crudeza: «Durante años, Yacyretá no nos pagó las regalías», dijo.
El reclamo tiene base legal concreta. La demanda que la Provincia promueve contra el Estado nacional busca que se le ordene dar cumplimiento a los artículos 43 de la Ley 15.336 y 33 del Decreto 287/93, que establecen el valor de las llamadas «regalías en especie» correspondientes a la energía producida en Yacyretá y Salto Grande. En concreto, Corrientes pide que se le reconozca un precio equivalente al precio medio del Mercado Eléctrico Mayorista por esa energía.
El reclamo provincial ronda los 13.500 millones de pesos, aunque esa cifra data del período en que la demanda fue iniciada y hoy, con la inflación acumulada, la cuenta es sustancialmente mayor.
La Corte Suprema confirmó su competencia para intervenir en el caso, aunque rechazó la medida cautelar solicitada por la Provincia, que pretendía recibir el mismo valor de regalías que otras provincias mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
El gobernador, Juan Pablo Valdés participó en marzo de 2026 de la primera audiencia convocada por la Corte Suprema, donde se produjeron intercambios con representantes de la Secretaría de Energía de la Nación y de Cammesa. Las partes acordaron una segunda audiencia. «Vamos a seguir dialogando y trabajando en defensa de lo que les corresponde a los correntinos, ni más ni menos», dijo Valdés al salir del edificio de Talcahuano.
La frase resumió bien el estilo del Gobernador. Sin estridencias. Sin ultimátums. Pero sin moverse ni un centímetro.
El espejo chaqueño: lo que de este lado no se pretende ser
El contraste con la provincia vecina no es casual ni caprichoso. Es parte de un cálculo político que en el entorno del Gobernador correntino se hace de manera explícita.
El mandamás del Chaco, el radical Leandro Zdero, optó por el camino opuesto: la propia Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem protagonizaron la negociación con Zdero para consolidar una alianza electoral bajo el sello Chaco Puede + La Libertad Avanza. El acuerdo fue orgánico, público y fotografiado. Apenas seis días después del cierre del acuerdo, Nación giró 120 mil millones de pesos a la Provincia. La billetera habló rápido.
Pero las consecuencias del abrazo también llegaron rápido. Las bases de la UCR tradicional no disimularon la molestia con las derivaciones de los acuerdos entre el Chaco y Nación. El oficialismo local tuvo que tapar los logos violetas en los afiches y borrar las fotos de Milei en la campaña legislativa. El intento de despegue llegó tarde y quedó a medio camino entre la coherencia y el oportunismo.
Distinto es el caso de Corrientes: el propio radicalismo correntino ya dejó en claro que no iría por ese camino. «Al radicalismo correntino le cuesta comprender esto. Nos querían intervenir cuando impulsamos una política aliancista», reconocen las propias fuentes del partido.
La UCR de Corrientes, con Valdés a la cabeza, viene construyendo un modelo de poder propio que no depende de alineamientos nacionales para sostenerse. Ese capital político es lo que le da margen para reclamarle a la Nación sin temblar.