La ciudad enfrenta una crisis silenciosa en sus calles: cada semana, los hospitales públicos reciben decenas de víctimas de accidentes de tránsito. Frente a ese panorama, el secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, salió a confrontar un prejuicio que es muy común escuchar.
«Malinterpretamos por ahí, creemos que es políticamente incorrecto exigirle el orden también a la persona que menos tiene, porque partimos del preconcepto del que anda en moto, es el que menos tiene, o más mal económicamente está. Pero esto no es una cuestión de economía, esto es una cuestión de un orden mínimo del tránsito hacia la calidad de vida», sostuvo en diálogo con Equipo de Noticias.
La declaración del funcionario redefine el debate público que suele instalarse cada vez que el Municipio intensifica los operativos de fiscalización sobre motociclistas. Para Barrios, la ecuación no tiene matices: imponer normas de tránsito no discrimina por condición socioeconómica, sino que protege precisamente a quienes más se exponen al riesgo.
Manifestó que según datos del observatorio municipal, en 7 de cada 10 accidentes registrados en la Capital correntina interviene una motocicleta. A partir de ello, la cifra que más impacta es otra: el 90 por ciento de los muertos en siniestros viales durante 2025 eran conductores o acompañantes de ese tipo de rodado. En términos absolutos, de 30 personas que perdieron la vida ese año, 27 circulaban sobre dos ruedas.
«Si de cada 10 accidentes tenemos en la ciudad 7 en los que participan motos, y el 90 por ciento de los muertos en accidentes de tránsito en la ciudad son motociclistas, tenemos problemas y tenemos que establecer normas mínimas de orden de tránsito», sostuvo.
DESAFÍO
Con esa radiografía sobre la mesa, la gestión del intendente Claudio Polich definió dos ejes de acción que se sostendrán a lo largo de todo el año. El primero apunta a los conductores de vehículos de cuatro ruedas: tolerancia cero al alcohol al volante. El segundo, dirigido exclusivamente a los motociclistas: uso obligatorio del casco, tanto para el conductor como para el acompañante. Ambas medidas, según el Secretario, no son caprichos burocráticos sino herramientas concretas de preservación de la vida.
«Son dos cosas que salvan vida. Para la gestión, son dos reglas claras en el tránsito que vamos a seguir exigiendo durante todo el 2026: tolerancia cero al alcohol en vehículos sobre cuatro ruedas, especialmente, y al motociclista, el uso obligatorio del casco».
La estrategia implica también romper con cierta condescendencia institucional: «El que va en moto tiene que ponerse el casco y el que toma no debe manejar. Esas son reglas mínimas», resumió Barrios en declaraciones anteriores, delineando la filosofía que guía los operativos.
En ese sentido, el Secretario también cuestionó una contradicción visible en el espacio público: el Municipio financia el boleto estudiantil gratuito con un costo de 7.000 millones de pesos anuales para evitar que los jóvenes circulen en moto, pero muchas familias optan igualmente por trasladar a varios menores en un mismo vehículo de dos ruedas y sin protección.