En un movimiento que busca descomprimir la tensión interna y reafirmar el diálogo como herramienta de gestión, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés mantendrá el próximo lunes 4 un encuentro clave con el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Horacio Semhan, y el fiscal general, César Pedro Sotelo.
La reunión, que tendrá lugar en Casa de Gobierno, se produce en un punto de inflexión para la Provincia, donde la premisa del déficit cero se entremezcla con las demandas de autonomía financiera de uno de los poderes del Estado.
LA «LÍNEA ROJA» DEL DESFINANCIAMIENTO
El trasfondo del encuentro es estrictamente económico. Mientras que el Ejecutivo provincial ha mantenido una política de recomposición salarial sostenida, pero austera, ajustando los haberes del sector público de manera escalonada para no perder frente a la inflación, el Poder Judicial tomó un camino propio. A través del Acuerdo Extraordinario N° 02/2026, la Justicia se otorgó un incremento que, en los hechos, duplica el porcentaje anunciado por el Gobierno central para el resto de la administración pública.
Para Valdés, esta asimetría no es sólo un problema de equidad, sino de supervivencia financiera. El mandatario advirtió que convalidar ese incremento significaría para la Provincia un bache de 48.000 millones de pesos, una cifra que Corrientes no está en condiciones de absorber sin poner en riesgo el pago de sueldos en tiempo y forma. En la visión del Gobernador, el Estado no puede permitirse el lujo de desfinanciarse en un contexto de incertidumbre.
Entre los recortes nacionales y el reclamo federal
La firmeza del Ejecutivo correntino se explica por el complejo tablero nacional. Corrientes enfrenta hoy un escenario de fuertes recortes en los fondos de Coparticipación -con una caída real cercana al 15 por ciento en el primer bimestre del año- y la parálisis de las transferencias no automáticas por parte del Gobierno central.
A esto se suma la batalla legal y política por las deudas que la Nación mantiene con la Provincia, fundamentalmente los más de 142.000 millones de pesos destinados a financiar el déficit del Instituto de Previsión Social (IPS). Ante este «corsé» financiero, la gestión de Valdés ha optado por blindar los recursos propios, priorizando la estabilidad fiscal por encima de cualquier presión sectorial.
La política del diálogo como marca de gestión
Pese al entuerto institucional que generó el rechazo al aumento judicial, Valdés ha decidido no cerrar los canales de comunicación. Por el contrario, la audiencia del lunes se inscribe en la capacidad de apertura que el mandatario ha mostrado desde el inicio de su mandato.
En las últimas semanas, esa misma impronta dialoguista se reflejó en las intensas agendas compartidas con intendentes del Interior para coordinar obras de infraestructura, y en el contacto permanente con el sector empresarial a través del programa Sostiene Corrientes.
La reunión con Semhan y Sotelo será, en esencia, una mesa de realidades. El Gobernador buscará que el Poder Judicial comprenda que la independencia de poderes no puede ser ajena a la responsabilidad fiscal compartida.
Corrientes intenta, una vez más, mostrarse como un «isla de orden» en un país convulsionado. El lunes se sabrá si el respeto institucional y el pragmatismo económico logran confluir para preservar la paz social en la Provincia.