En una movida que busca frenar la escalada de psicosis y desorden en el ámbito escolar, la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes, con el respaldo del Ministerio de Seguridad, emitió un comunicado tajante dirigido a toda la comunidad.
El mensaje es claro: lo que para algunos adolescentes puede parecer un «reto» digital, para la ley es un delito con consecuencias penales y civiles graves.
La fuerza de seguridad ratificó que no se tolerarán amenazas, intimidaciones ni incitaciones a la violencia que alteren el normal desarrollo de las clases, citando el Artículo 149 bis del Código Penal Argentino que advierte: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas”.
Además, advirtieron que cualquier mensaje difundido en redes sociales será investigado por las brigadas de inteligencia digital y puesto a disposición de la Justicia, bajo el marco del Artículo 211 (CP) sobre delitos contra el orden público.
El peso de la ley sobre los tutores
Un punto clave del comunicado oficial pone el foco en el hogar. La Policía recordó que, según el Artículo 1754 del Código Civil y Comercial, los padres o tutores son civilmente responsables por los daños y perjuicios que ocasionen los menores a su cargo. Esto implica que, más allá de la sanción juvenil, las familias podrían enfrentar demandas económicas por los costos operativos de seguridad y el daño moral causado a las instituciones.
Antecedentes: del «challenge» de TikTok a la intervención judicial
Esta respuesta oficial surgió de los últimos episodios de amenazas en escuelas públicas y privadas de Capital y el Interior. Hace apenas unos días, la ciudad se vio sacudida cuando aparecieron inscripciones en el Instituto Monseñor Ramón Roubineau y el Colegio Nacional que advertían sobre una posible «masacre» o tiroteo, fijando incluso la fecha del 20 de abril para el supuesto ataque. Una semana antes se registraron amenazas similares en una Escuela Técnica de Santo tomé.
Tras tareas de inteligencia, el jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón, confirmó la individualización de seis alumnos varones, menores de edad, como los presuntos autores de estos mensajes.
La investigación, que se encuentra en manos de la fiscal Lucrecia Troia Quirch, determinó que los jóvenes se habrían inspirado en «retos virales» de la plataforma TikTok, promoviendo las amenazas a través de grupos de WhatsApp.
Actualmente, el alcance de la investigación es amplio: hay 13 establecimientos bajo la lupa, seis en la capital y siete en el interior provincial.
Seguridad activa en las escuelas
Para llevar tranquilidad a los padres, la Justicia ordenó un protocolo de custodia exhaustiva y, en casos específicos como el del colegio Roubineau, se procedió a la revisión de mochilas de los alumnos antes del ingreso al aula. Aunque desde la Jefatura aseguran que la situación está «bajo control», los operativos de vigilancia se mantendrán y podrían reforzarse en los próximos días.
Las autoridades insisten en que el número 911 es la vía inmediata para denunciar cualquier movimiento sospechoso, remarcando que la prevención empieza con el monitoreo que los propios padres hagan del consumo digital de sus hijos.