Este lunes, el Gobierno provincial dio un paso fundamental en la defensa de sus recursos naturales al participar de la primera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la demanda por las regalías hidroeléctricas. La representación correntina en el encuentro, realizado en la sede judicial porteña, estuvo liderada por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien se puso al frente de una comitiva técnica de alto nivel integrada por el fiscal de Estado, Horacio Ortega; el procurador, José Roa; y el titular de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca.
En el centro de la escena se encuentra el histórico reclamo por la deuda de regalías que le corresponden a Corrientes por la generación de las represas hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande. Es una compulsa antiquísima que, para la visión del Gobierno provincial, representa un reclamo fidedigno por un precio justo de la energía.
El clima de la reunión fue calificado por las autoridades provinciales como un avance significativo hacia la resolución de un conflicto que lleva décadas sin una respuesta satisfactoria para los correntinos.
Durante la audiencia, se logró establecer un canal de diálogo positivo con los representantes de la Secretaría de Energía de la Nación y de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), lo que derivó en la fijación de una segunda audiencia para el próximo 22 de abril. Esta nueva instancia buscará profundizar en los aspectos técnicos y económicos que sostienen la demanda correntina.
“Vamos a seguir dialogando y trabajando en defensa de lo que les corresponde a los correntinos, ni más ni menos”, señaló Juan Pablo al concluir la audiencia, modo a través del cual dejó en claro que la Provincia mantendrá su postura intransigente respecto de la protección del patrimonio provincial.
La decisión del máximo Tribunal de declararse competente en esta causa no es un detalle menor: representa un reconocimiento a la validez del reclamo técnico sobre las denominadas “regalías en especie” y pone bajo análisis la discrecionalidad con la que el poder central ha administrado los recursos energéticos federales durante los últimos años.
