Hidrovía: la Sociedad Rural, preocupada por sobrecostos

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, alertó que una licitación ineficiente de la vía navegable costará 12.000 millones de dólares al sector en 30 años. Mientras tanto, el gobernador Juan Pablo Valdés encabeza gestiones con el sector privado para consolidar a la provincia como un nodo logístico regional.

El futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay se encuentra en una etapa de definiciones críticas que mantienen en alerta tanto a los productores como a las administraciones provinciales del Litoral. En este escenario, la Sociedad Rural Argentina (SRA) lanzó una dura advertencia sobre los pliegos de la nueva licitación, al señalar que la falta de competitividad en los costos de peaje y la profundidad del calado impactarán directamente en la rentabilidad del campo.
«Los productores somos tomadores de precios internacionales. A ese valor debemos restarle los costos de producción y los logísticos. Cada uno de estos eslabones reduce el ingreso genuino de quien trabaja la tierra», explicó Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA. Según la entidad, errores en el diseño del contrato podrían generar sobrecostos de hasta 390 millones de dólares anuales, sumando unos 12.000 millones de dólares en el total de la concesión de 30 años.
Ante este panorama de incertidumbre nacional por los costos fluviales, el Gobierno de Corrientes busca blindar la competitividad provincial mediante la mejora de la infraestructura propia. Días atrás, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó una reunión estratégica con empresarios e inversores para avanzar en proyectos vinculados al desarrollo de puertos y la optimización de la red ferroviaria.
Durante el encuentro, realizado bajo el modelo de articulación público-privada, Valdés destacó la importancia de mejorar la conectividad para el transporte de cargas: «Es fundamental estrechar vínculos entre el sector público y el sector privado para avanzar en iniciativas que mejoren la infraestructura portuaria y ferroviaria, claves para el crecimiento económico regional», sostuvo.
Puntualmente, durante el acto central por el 163° aniversario de Lavalle, el Gobernador anunció públicamente la decisión de avanzar en la construcción de un nuevo puerto local. Con esta obra se busca transformar la logística regional, facilitar la salida de la producción y generar empleo genuino en una zona con alta densidad hortícola.
Oportunamente, el intendente de la localidad, Hugo Perrotta, coincidió con el titular del Ejecutivo provincial en la necesidad de concretar el puerto multimodal, una infraestructura largamente anhelada por los productores hortícolas y arroceros de la región para abaratar costos de transporte y ganar competitividad en mercados nacionales e internacionales.

LA PROFUNDIDAD

La preocupación de la SRA y la agenda provincial coinciden en un punto técnico: el calado de los ríos. Pereda advirtió que la falta de profundidad en las terminales actuales obliga a los barcos a completar carga en puertos de Uruguay o Brasil, encareciendo la operación. «Necesitamos aumentar la profundidad del calado para permitir que un buque complete su carga en un solo puerto», señaló el dirigente ruralista.
Esta necesidad de mayor calado es precisamente lo que Corrientes busca capitalizar. La política de desarrollo de Valdés apunta a consolidar a la provincia como un polo competitivo aprovechando su posición privilegiada sobre el Paraná. La meta es clara: transformar la ventaja geográfica en una realidad productiva que conecte a Corrientes con mercados internacionales de manera directa y eficiente.

HACIA UNA
TARIFA COMPETITIVA

Para la SRA, la clave de la nueva licitación nacional debería ser bajar los costos operativos, algo que por ahora no se refleja en los pliegos. Pereda fue tajante: «En una licitación que tiene como objetivo bajar costos, suben las tarifas en lugar de bajarlos. Si una empresa cotiza un 5 por ciento debajo del mínimo, se desestima la oferta», afirmó.
Desde el sector productivo se señaló que, con un marco técnico adecuado, sería factible obtener tarifas de peaje inferiores a los 3 dólares por tonelada, permitiendo alcanzar una profundidad de 40 pies en el Paraná. Esto, sumado a las gestiones del Gobernador por infraestructura ferroviaria y puertos modernos, sería «el oxígeno que el campo necesita para seguir produciendo», remarcaron.
En este contexto, toman relevancia las gestiones realizadas desde el Gobierno provincial, gracias a las que formará parte del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, el organismo que seguirá y supervisará el futuro contrato de la Hidrovía.

CORRIENTES,
PARTE DEL CONTROL

Días atrás, Corrientes participó del encuentro convocado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en un proceso licitatorio que, según dieron a conocer desde la entidad, ya supera el 90 por ciento de avance.
Estas reuniones se producen con el propósito de lograr un mayor control, transparencia y una mirada federal en una infraestructura clave para las economías regionales.

Suteco reclama estabilidad

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) formalizó un pedido urgente ante el Ministerio de Educación de la Provincia para garantizar, mediante decreto y resolución, la continuidad didáctica y estabilidad laboral de los docentes que se desempeñan en los Institutos Superiores de Formación Docente (Isfd).
La presentación surge como respuesta a la incertidumbre generada por la implementación de nuevos diseños curriculares previstos para este ciclo lectivo 2026. Según denuncias recibidas por el gremio, esta reestructuración podría derivar en la desaparición de cátedras, reducción de carga horaria y el cierre de carreras o extensiones áulicas en diversas localidades del Interior provincial.
Uno de los puntos más críticos señalados por el sindicato es la vulnerabilidad de los educadores que llevan décadas frente al aula «pero no han podido titularizar sus cargos debido a la inacción del Estado provincial en materia de concursos».
El secretario general de Suteco, Fernando Ramírez, detalló que la situación impacta especialmente en «profesores interinos con 10, 20 y hasta 29 años de antigüedad que nunca pudieron titularizar en sus cargos porque el Estado nunca llamó a concursos en el Nivel Superior, como exige la ley», argumentó el referente sindical.