En 1987 y 1988, como apoderado general de la fórmula Menem-Duhalde, participé de muchas de las reuniones que presidieron Carlos Corach y César Arias, apoderados de las listas nacionales que corporizaban Antonio Cafiero y Carlos Menem.
En ellas se fueron acordando, en detalle, todos los aspectos que hicieron al desarrollo de la única interna nacional que tuvo el peronismo para elegir sus candidatos. Nada quedó librado al azar ni sujeto a la interpretación de los jueces.
Ambos encarnaban la llamada renovación peronista, que se repuso a la derrota del 83, y que dejó atrás las prácticas de un justicialismo que necesitaba mostrar otra impronta distinta a la asociación con Herminio Iglesias, que quemó un cajón en el acto del Obelisco y sepultó las posibilidades de la formula Luder-Bittel.
Terminó esa siendo una interna ejemplar donde, un candidato militante, que inició su campaña 13 años antes, se terminó imponiendo frente al aparato de todas las gobernaciones -menos dos (La Rioja y Catamarca), y de más del 90 por ciento de los intendentes. Un 52 por ciento contra un 48 por ciento marcó la diferencia. Aunque, lo digno de destacar fue que no hicieron falta planteos judiciales y que no sólo Antonio Cafiero aceptó inmediatamente los resultados, y quedó al frente del PJ Nacional, sino que el propio Carlos Menem, desde el mismo día del triunfo, integró a todos para la campaña electoral y para el gobierno que asumió seis meses antes, en 1989, en medio de la hiperinflación.
Esa experiencia respecto a los bemoles del desarrollo de un cronograma electoral y de la organización de una elección interna me llevó a profundizar, no ya desde la teoría, sino en la práctica efectiva, frente a dos colosos como lo fueron Julio Romero y Vicente Joga, que de internas sabían, y mucho. Hoy, podría decirse, que no me quedó nada por aprender y terminé por entender que por sobre la política están los medios y la Justicia como límite a las prácticas cometeriles de grupos cerrados que creen gozar del plus que significa el uso y abuso de los resortes partidarios. Con Julio Romero y Vicente Joga no fue fácil y, de ellos, dejando atrás las luchas, guardo el mayor de los respetos. Sin acuerdos previos, todo se terminó discutiendo durante largos meses en la Justicia. Fue en la interna de diciembre de 1990, que se inició un año antes, así como en las de 1993 y 1996, ya contra la poderosa escuadra formoseña instalada en el territorio. En la última de ellas, electo Diputado provincial por la minoría que me posibilitó, aun perdiendo, ser Presidente de la Cámara de Diputados un año después.
Ya en 1999, sin estructuras fuertes en contra, la interna fue contundente. Por el 84 por ciento de los votos nuestra lista se impuso a la de Eduardo Galantini, que me disputaba la diputación nacional. Fui cabeza de lista en ese turno electoral en el que sólo se eligieron tres diputados, acompañando a la fórmula Duhalde-Ortega.
Con lo dicho, y recordando que todas las candidaturas las obtuve por dentro del partido, pongo de manifiesto que, aunque no lo busco, cuando quiero volver lo hago como ya lo demostré en 2019. En ese momento, a pesar de que, a mitad del camino, se me llevó a competir contra la fórmula de los Fernández, al obligárseme a hacerlo con boleta corta, saqué 25.000 votos, no habiendo una sola localidad donde haya dejado de tener apoyos. Un desafío que llegó hasta el final, aun sabiendo que con boleta corta no podía competirse. Tampoco parecía válido abandonar la carrera sin dejar en evidencia la trampa de los Fernández, de prevalecerse del control de la birome que, con el tiempo, condujo al peronismo a la derrota.
El relato viene a cuento de cómo se plantea el escenario en el PJ en esta interna donde, desde Buenos Aires, se pretendió hacer «una misa en escena» de una elección dibujada que permitiera terminar en una llamada lista de unidad, homologada por el simulacro de interna, como fue en el orden nacional, o prolongar la intervención para continuar con el «dedo de Buenos Aires».
Esto no está siendo así. Todo lo que no se logró acordar será resuelto en instancias judiciales. Como ocurrió en el 90, 93 y 96, cuando las garantías se lograron por vía de la Justicia.
Hasta hoy, aun habiendo sido convocada la elección para el 9 de marzo, no hay Junta Electoral designada. Ergo, no hay cronograma electoral válido ni reglamento electoral.
La junta -una vez constituida- debe ir, de acuerdo al desarrollo del cronograma, dictando resoluciones con la participación de un veedor judicial, cada una de las cuales son susceptibles de revisión por la vía del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos. Para ello, los plazos del cronograma deben ser de cumplimiento posible, extrañando, en este sentido, que no se haya respetado la feria judicial, siendo claro el criterio lógico de no habilitación que existe en la jurisdicción.
En este contexto, el conflicto parece inevitable. Las autoridades nacionales tuvieron tiempo para arbitrar soluciones políticas y no lo hicieron. De acá en más, la responsabilidad de no haber organizado una elección con todas las garantías y la transparencia necesaria caerá sobre quienes han permitido que el partido continúe intervenido más de cinco años, excediendo el plazo límite de uno, que es el que fija la carta orgánica nacional.
Hoy, pululan candidatos. No está mal que así sea. Y, seguramente cuando se convoque a una elección con todas las de la ley, habrá otros que por lógica, antes de decidir competir esperarán saber las reglas que la regirán.
En el orden nacional la realidad es otra. Habrá boleta única y, por lo que se ve, se mantendrán las Primarias. Esta vez, todos podremos participar con boleta corta. En este contexto, ya lo hice público, aun respetando la precandidatura de Ana Almirón, una respetable compañera, me anoto para la competencia de modo de que sean los correntinos los que decidan y no el «dedo de Buenos Aires».
José Rodolfo Martínez Llano.