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    Portada » Impulsan ley que promueve el lenguaje claro en el sector público
    Política

    Impulsan ley que promueve el lenguaje claro en el sector público

    24 de noviembre de 2024
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    La diputada, María Eugenia Mancini introdujo en la Cámara baja una iniciativa para mejorar la eficiencia de las comunicaciones gubernamentales, promover la transparencia, el acceso a la información pública, y facilitar el control ciudadano sobre la gestión. La norma propone reducir costos operativos para avanzar hacia un paradigma más abierto y participativo.

    05-POLITICA-5

    La diputada, María Eugenia Mancini (Cambio, Austeridad y Progreso) presentó un proyecto de ley que busca implementar el uso de un lenguaje claro y preciso en todos los actos y documentos del sector público provincial.
    La iniciativa, aún en debate, tiene como objetivo mejorar la efectividad y eficiencia de las comunicaciones gubernamentales, promover la transparencia, el acceso a la información pública, y facilitar el control ciudadano sobre la gestión del Estado.

    REDUCIR COSTOS

    El proyecto pretende reducir costos operativos y administrativos, al mismo tiempo que impulsa un modelo de gestión estatal más eficiente y orientado hacia la participación ciudadana.
    Según la legisladora, de este modo, con lenguaje claro, no sólo se garantiza una relación más accesible entre el Estado y la ciudadanía, sino que también se fortalecen los principios de transparencia y responsabilidad pública.

    SENCILLO,
    DIRECTO
    Y ACCESIBLE

    La propuesta de la diputada Mancini incluye una definición detallada del lenguaje claro como un estilo de comunicación sencillo, directo y accesible, que utiliza palabras y estructuras fáciles de entender para todos los sectores de la población.
    Asimismo, resalta la importancia de eliminar tecnicismos innecesarios y de incorporar un diseño visual que refuerce la claridad de los mensajes, haciendo que la información pública sea verdaderamente inclusiva.
    El proyecto establece objetivos como mejorar la comprensión ciudadana de los actos de gobierno, facilitar la participación activa de la población en los procesos democráticos y reducir los obstáculos comunicativos que muchas veces dificultan la interacción con el Estado.
    En ese sentido, Mancini subrayó que este enfoque permitirá optimizar el uso de recursos públicos, al eliminar redundancias y simplificar procesos administrativos.

    Aplicación obligatoria
    en los tres poderes

    El texto del proyecto de ley contempla su aplicación obligatoria en los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También incluye a organismos descentralizados, entes públicos no estatales, empresas y sociedades del Estado provincial, y organizaciones empresariales con participación estatal.
    Según la Diputada, esta cobertura busca garantizar que el uso del lenguaje claro se convierta en un estándar uniforme en toda la administración pública.

    COMUNICACIÓN
    INTERNA Y EXTERNA

    Otro de los aspectos clave de la propuesta es la obligatoriedad del lenguaje claro en todas las comunicaciones oficiales, tanto internas como externas, y en cualquier soporte. Esto abarca desde documentos administrativos hasta material informativo dirigido a la ciudadanía, asegurando que los mensajes del Gobierno lleguen de manera comprensible a todos los sectores.
    Para supervisar la correcta implementación de la normativa, el proyecto propone que cada uno de los poderes del Estado designe una autoridad de aplicación.
    Esta entidad será responsable de elaborar guías y manuales, promover la capacitación del personal público y brindar asesoramiento técnico para garantizar que el lenguaje claro se incorpore de manera efectiva en las prácticas diarias de los organismos.
    El proyecto también pone énfasis en el diseño visual como complemento esencial del lenguaje escrito. Mancini explicó que la claridad no se limita al texto, sino que incluye la presentación visual de la información, lo que es especialmente importante en materiales como formularios y documentos administrativos.
    También enfatizó en los beneficios esperados de su iniciativa. Según la legisladora, la implementación del lenguaje claro podría reducir significativamente los costos administrativos, facilitar el acceso a la información pública, y hacer más eficientes los trámites y servicios que el Estado ofrece a la ciudadanía.
    Además, resaltó que la claridad en la comunicación fortalecerá la confianza de la población en las instituciones gubernamentales y fomentará una participación democrática más activa.

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