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    Portada » Protocolo antipiquete: transgresiones, acción de la gente y de las autoridades
    Sociedad

    Protocolo antipiquete: transgresiones, acción de la gente y de las autoridades

    29 de septiembre de 2024
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    Ante cada movilización, la ciudadanía critica no sólo la realización de las marchas sino la pasividad con la que se actúa por la no aplicación de la disposición para regularlo. A la vez, se observan constantes como convocatorias con niños, interrupción de la circulación en calles del casco céntrico en horarios picos, ruidos molestos.

    Con el objetivo principal de prevenir el caos vial, el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, surgió como una respuesta para gestionar el creciente número de manifestaciones que interrumpían la libre circulación.
    La medida que sancionó el Gobierno nacional el 15 de diciembre de 2023 generó mucha polémica considerando que muchas voces justifican que «la protesta pacífica es un derecho ciudadano que permite expresar demandas sin recurrir a la violencia».
    Si bien se creó ante la cantidad de marchas desarrolladas en Buenos Aires, la aplicación se extendía a todo el país. A partir de ello, en cierta medida cesaron las movilizaciones, aunque se observa que las veces que ocurren, continúan las mismas cuestiones.
    En la última protesta que se desarrolló en la Capital correntina, se advirtió un grupo de personas de un movimiento social que marchó y luego quedó apostada frente a Casa de Gobierno: en ese caso se interrumpió el tránsito y se observó presencia de niños.
    Ante esa situación se pudo notar el malestar de mucha gente, sobre todo conductores, por el corte de la calle en un horario pico.
    La normativa, denominada «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación», habilita a las fuerzas de seguridad federales (es decir, aquellas que dependen del Gobierno nacional, como la Gendarmería nacional o la Policía Federal) a intervenir ante casos de «impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales».
    La resolución también dispone que la intervención de las fuerzas se podrá producir sin orden judicial (al sostener que «se trata de un delito flagrante», es decir, que es advertido por las autoridades mientras se comete).
    Vale destacar que el Protocolo impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su momento, hace referencia a la presencia de niños y adolescentes. «Se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños en horario escolar».
    «Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las Fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos», anunció.

    El caso de una niña de 10 años afectada y la indignación del Papa Francisco

    Uno de los episodios más impactantes relacionados con el protocolo antipiquetes ocurrió el 11 de septiembre de 2024, durante una manifestación frente al Congreso de la Nación. Una niña de diez años, que estaba sentada en el suelo abrazada a su madre, resultó afectada por gas pimienta lanzado por un efectivo de la Policía Federal. Las imágenes de su rostro enrojecido se viralizaron rápidamente, convirtiéndola en un símbolo de las críticas.
    Frente a ello, a los pocos días, el Papa Francisco se refirió a ello y deploró la actuación de las fuerzas de seguridad durante la protesta que hubo frente al Congreso. Lo hizo en un evento que tuvo lugar en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, en el Palacio San Calixto, en Trastevere.
    El Papa dejó de lado su discurso y se refirió a la protesta en la que una niña de diez años: «Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso», aseguró.

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