El proyecto de ley, presentado por los diputados Eduardo Hardoy y Natalia Romero, apunta a crear una guía de actuación ante estas situaciones en la administración pública y los establecimientos educativos de Corrientes. Actualmente, el texto se debate en las comisiones de Salud Pública y de Asuntos Constitucionales.
02-TAPA-POLITICA-OK-6En la Cámara de Diputados de Corrientes se estudia un proyecto de ley a través del cual se busca crear un protocolo provincial de abordaje en situaciones de crisis y salud mental en el ámbito de la administración pública y los establecimientos educativos. La iniciativa fue presentada por los legisladores Eduardo Hardoy y Natalia Romero, pertenecientes al Partido Liberal (PL).
La propuesta se encuentra en la Cámara baja desde hace más de dos meses, ya que ingresó formalmente en la sesión del miércoles 6 de mayo, donde tomó estado parlamentario. A partir de entonces, el texto se encuentra bajo estudio en las comisiones de Salud Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En cuanto al tratamiento del expediente, inicialmente avanzaría en la Comisión de Salud Pública, y luego se hará lo propio en la de Asuntos Constitucionales, según atestiguaron fuentes legislativas consultadas por EL LIBERTADOR.
MARCO DE
ACTUACIÓN
El proyecto plantea la necesidad de contar con herramientas específicas para el personal de la administración pública provincial y de los organismos educativos de gestión pública, frente a episodios como brotes psicóticos, delirios paranoides, crisis suicidas, cuadros de estrés agudo, colapsos emocionales o crisis de abstinencia por consumo de sustancias. Según los fundamentos del expediente, la falta de un protocolo claro genera incertidumbre y dificulta una intervención adecuada, lo que puede derivar en un abordaje tardío o erróneo, con consecuencias tanto para la persona que atraviesa la crisis como para terceros.
En ese sentido, el texto sostiene que un protocolo bien definido no solo protege a quien está en crisis, sino también a sus compañeros de trabajo y superiores, al proporcionar pautas de actuación seguras que fomenten un ambiente laboral saludable.
La iniciativa toma como antecedente la Resolución 3848/2023 del Ministerio de Salud de la Nación, que aprobó el Protocolo de abordaje de la salud mental en el ámbito laboral de la administración pública nacional, y también hace referencia al Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027. Además, se enmarca en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, en la Ley Provincial N° 6.106, que adhiere a esa norma nacional, y en la Ley Provincial N° 5.620, que garantiza el acceso a la atención profesional para personas con padecimientos de salud mental.
Objetivos principales
El articulado establece que el protocolo deberá garantizar la protección de la salud mental en los espacios laborales y educativos alcanzados, fomentar capacitaciones continuas para el reconocimiento de signos y síntomas vinculados a la salud mental, y promover la destigmatización de estas problemáticas en los ámbitos públicos y educativos.
También prevé la creación de un registro reservado de intervenciones, que deberá garantizar la confidencialidad de los datos personales, y establece que ante una situación de crisis deberá garantizarse la asistencia inmediata y la contención de la persona, resguardando su privacidad y solicitando, de ser necesario, la intervención de profesionales de la salud mental o de equipos interdisciplinarios.
En cuanto a la implementación, se contempla la previsión de recursos para la formación continua del personal, la elaboración de materiales informativos y guías de aplicación, y la conformación de equipos de apoyo multidisciplinarios integrados por profesionales de la salud mental, recursos humanos y otras especialidades.
Comisiones
El proyecto se encuentra para su análisis en las comisiones de Salud Pública, y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
La Comisión de Salud Pública está conformada por los diputados Albana Rotela Cañete (presidenta), Ana Améndola, Andrea Giotta, Juan de la Cruz Ojeda y Ricardo Caíto Leconte.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General la componen los diputados Andrea Giotta (presidenta), Ana Améndola, José Vassel, María Sara Aparicio y Eduardo Hardoy.Un tema que merece un abordaje interdisciplinario
El debate legislativo se da en paralelo a un trabajo que el Gobierno provincial viene sosteniendo junto con la Nación en la materia. El 6 de julio, el Instituto Correntino de Abordaje y Prevención de los Consumos Problemáticos (Icap) y la Escuela de Gobierno realizaron una jornada de capacitación en el auditorio Julián Zini, en la ciudad de Corrientes, junto al equipo técnico de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental. El encuentro, denominado «Hablemos sobre consumos problemáticos, salud mental y suicidio», estuvo abierto a la comunidad y a referentes territoriales, bajo la premisa de que «el abordaje debe ser integral».
El cruce entre la iniciativa legislativa y las acciones ya en marcha desde el Ejecutivo da cuenta de una agenda que, en Corrientes, atraviesa distintos poderes del Estado. Mientras el proyecto de Hardoy y Romero busca dotar de un marco normativo específico a la administración pública y al sistema educativo, el trabajo articulado entre el Icap, la Escuela de Gobierno y la Nación aporta una base de capacitación territorial que, de aprobarse la ley, podría potenciar la implementación del futuro protocolo provincial.