En Corrientes se perdieron casi 2 mil puestos de trabajo desde fines de 2023 y centenares de firmas privadas podrían desaparecer para julio.
Los empresarios de la construcción, nucleados en Camarco, acaban de declarar al sector en «estado de emergencia».
Lo hicieron en la reunión extraordinaria del Consejo Federal que se convocó esta semana. Advierten que el futuro de 1.400 empresas y 200 mil empleos está en riesgo. La entidad le reclamó a las autoridades nacionales y provinciales «una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados».
En contacto con EL LIBERTADOR, el delegado correntino Gustavo Rosello sostuvo que desde fines del 2023 ser perdieron en la provincia casi 2 mil puestos de trabajo registrados por la paralización de obras, y las estadisticas negativas «irán en ascenso».
Asimismo, Orlando Orione de la Asociación de Constructores Unidos en Corrientes puntualizó que llega al centenar el número de firmas privadas locales que peligran por retrasos de pagos y dificultades para reponer materiales, debido a la inflación galopante. Desde esta última entidad entidad señalan que si bien los proyectos nacionales están parados, los programas provinciales «se hacen a un ritmo más lento».
«El 56% de los trabajadores registrados del sector están entre suspendidos y despedidos. En Corrientes hay más de 300 proyectos de grandes infraestructuras y miles de puestos de trajo en riesgo. Con los costos duplicados, una deuda estimada en $300 mil millones y sin un Ministerio que resuelva los problemas del sector; las empresas comenzaron a levantar obradores» puntualizó.
El órgano de la cámara empresarial que convocó a la reunión está compuesto de Consejeros de las distintas provincias. En ese marco plantearon las problemáticas que el sector aborda y que muchos de ellos catalogaron de «carácter terminal». Luego emitieron una dura declaración en la que señalaron que «de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general».
Sobre este punto especificaron que la parálisis de la obra pública en todo el país pone en riesgo la actividad de 1.400 empresas y más de 200.000 empleos. En esa línea, reclamaron a las autoridades nacionales y provinciales «una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados». Los empresarios aseguran que hay más de 3.000 proyectos paralizados en todo el país y alertan por un «quiebre en la cadena de pagos».
«En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones», dice el texto al que pudo acceder Ámbito, que explica las razones de la declaración de emergencia.