Se dio inicio a los talleres educativos del proyecto «Adolescer Sin Violencia» en el Centro Cultural de Ita Ibate, con un primer encuentro destinado a los estudiantes del Colegio Secundario «Julia Joaquina López De Pérez». Este proyecto que aborda la problemática de la violencia intrafamiliar y brinda herramientas jurídicas se lleva adelante en el marco del Programa de Voluntariado Convocatoria Anual 2021 «Universidad Públicas Solidarias».
El proyecto está destinado a estudiantes del nivel Secundario de 13 a 18 años y, también, a docentes y directivos de establecimientos públicos o privados de las localidades de Capital, Riachuelo, Ita Ibaté, San Miguel y Curuzú Cuatiá, en Corrientes, y en la Leonesa y Las Palmas, en Chaco.
La abogada Jesica Paz, colaboradora externa de la Unne y coordinadora externa de los proyectos de extensión de la Dra. Pura Gauna, en diálogo con EL LIBERTADOR comentó que esta problemática ya fue abordada en el 2019, a través de un proyecto de extensión presentado a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). «Quisimos ir un poco más allá por la repercusión que tuvo en las escuelas», contó al precisar que el año pasado se presentó formalmente como proyecto de voluntariado a nivel nacional.
Paz es delegada del Centro Jurídico de Atención a Víctimas de Violencia en Riachuelo, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, y es miembro del equipo de profesionales idóneos en atención y tratamiento de adolescentes y situaciones de familia a cargo del proyecto, bajo la dirección de la abogada Pura Gauna, ex Jueza de Menores y con una amplia trayectoria extensionista en el ámbito de la niñez.
Participan el Juez de Paz de de Ita Ibate, Eduardo Modenutti; el médico pediatra, Flavio Serra; la docente universitaria Karina Feldmann, que se desempeña como Juez de Familia en la Provincia del Chaco; la trabajadora social Gabriela Monzón; el abogado penalista y docente universitario, Isidoro Sasson; la docente Pamela Ybalo de San Miguel; y la abogada del área social del Municipio de Curuzú Cuatiá, María Ana Ocampo.
Además, docentes y adscriptos de la cátedra de Derecho de las Familias, con la participación activa de estudiantes universitarios de las carreras de abogacía, psicología y trabajo social.
Paz explicó que la elección de las localidades se dio por razones de movilidad y contacto directo de los miembros del equipo que residen y se desempeñan como docentes en estas ciudades.
EN ALERTA
«La violencia intrafamiliar sigue teniendo un indudable impacto que afecta a los niños, niñas y adolescentes, en distintas áreas de su desarrollo: educación, salud, alimentación, seguridad, afectividad, un nivel de vida adecuado», indicaron.
Aseguraron que esta «crisis social que actualmente afronta nuestro país», se agravó aún más «debido a las medidas de confinamiento y distanciamiento social por el Covid-19, así como las restricciones de movilidad». Estos factores «profundizaron el estrés económico y social, generando mayores riesgos de violencia intrafamiliar, intensificando su aislamiento y produciendo barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales».
De acuerdo a las cifras de estudios realizados por Unicef Argentina y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 70 por ciento de los niños de 2 a 17 años fueron sometidos a algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual.
Según el análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida, el 46,4 por ciento de los padres y madres reconocen que recurren a la violencia física como medida disciplinaria. «Esto crea una sensación que se nutre con la desconfianza en el rol y desempeño de quienes deberían garantizar el bienestar de los adolescentes y, se encuentran afectados por la vulneración frecuente de sus derechos y la disminución en su calidad de vida y el resguardo de su integridad personal», señalaron.
«La violencia intrafamiliar que sufren los adolescentes, provoca una descarga emocional de esa agresión a sus pares, convirtiéndose a la vez en una de las principales causas de violencia escolar, creando una autoexclusión o exclusión del grupo escolar adolescente víctima, por ende, el bajo rendimiento de los mismos, siendo la «otra pandemia» que agravó el aislamiento producido por el Covid-19″, explicaron.