El juez de Garantías sustituto de Monte Caseros, Alfredo Aguirre ordenó el traslado urgente de ocho personas que cumplían prisión preventiva hacia unidades del Servicio Penitenciario Provincial.
La medida, plasmada en las Resoluciones N° 333, 339 y 340/26, fue en respuesta institucional a la fuga de un interno que permaneció prófugo durante 24 horas tras escapar de una comisaría local.
El juez Aguirre fundamentó su decisión basándose en criterios ya establecidos por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Se remitió a la Resolución N° 103/21, la cual sostiene que el alojamiento en comisarías o destacamentos compromete a los efectivos policiales, cuya misión principal no es la custodia de personas privadas de su libertad. Esa tarea le compete exclusivamente al Servicio Penitenciario, organismo creado y reglamentado para tal fin.
El fallo se apoya en el Acuerdo N° 5/21 y diversas resoluciones que instan a evitar la permanencia prolongada de detenidos sin sentencia firme en sedes policiales, garantizando que sean derivados a unidades penitenciarias específicas para procesados.
Bajo el amparo del artículo 15 del Código Procesal Penal y la Ley N° 4044, el magistrado también dispuso que, siempre que existan cupos disponibles, se priorice el alojamiento en las unidades penitenciarias más cercanas al domicilio de los familiares de los detenidos, buscando preservar los vínculos afectivos durante el proceso.
Con esta orden, la justicia local busca normalizar la situación de los detenidos bajo prisión preventiva, quienes legalmente están a disposición del juez de Garantías a través de la Oficina Judicial, asegurando que su custodia se realice en entornos adecuados que brinden mayores garantías de seguridad tanto para los internos como para la comunidad.