El Gobierno Nacional se prepara para dar inicio al proceso de licitación de la reparación de las rutas 12 y 14, dos de los principales corredores viales de la Argentina. Ambas rutas, clave para el comercio del Mercosur, son parte de un extenso plan que busca mejorar la infraestructura vial del país y que ha sido objeto de reclamos tanto de sectores empresariales como de la sociedad civil, en especial desde la provincia de Corrientes.
Según fuentes oficiales, la publicación del decreto que habilitará la licitación se dará a conocer en las próximas horas. Este anuncio llega después de la presión ejercida por la Federación Económica de Corrientes (FEC) y el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que en las últimas semanas emitieron un comunicado exigiendo la reparación de estos tramos, debido al alto costo logístico y los accidentes viales que se vienen sucediendo por el mal estado de las rutas.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo el Ministerio de Economía, ya había dado a conocer un cronograma en noviembre pasado que marcaba el inicio de las licitaciones para los tramos del Corredor 18, que incluye las rutas 12 y 14, así como el Puente Rosario-Victoria. Este corredor conecta a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y es un eje crucial para el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay.
El plan no solo apunta a la reparación de estos 675 kilómetros, sino que se enmarca en un proyecto más amplio que implica la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país. Estas vías representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito, convirtiéndose en un atractivo negocio para las empresas interesadas en gestionar peajes y ofrecer mantenimiento.
Las autoridades aseguran que la nueva concesión incluirá estrictos controles por parte de Vialidad Nacional, encargada de auditar el estado de las rutas y verificar que las empresas concesionarias cumplan con los objetivos de calidad y mantenimiento. La tarifa de peajes se mantendrá hasta que se garantice que las rutas están en condiciones óptimas de transitabilidad, con un esquema de actualización de precios trimestral y un período de puesta en valor durante el primer año.
Con la licitación de estos tramos, el Gobierno espera no solo mejorar la infraestructura, sino también generar ahorros significativos para el Estado, estimados en unos 6.100 millones de dólares en los próximos 15 a 20 años. La segunda etapa del plan, que se lanzará en febrero, implicará la privatización de otros 8.470 kilómetros de rutas y autopistas, lo que representa uno de los mayores cambios en la gestión vial en las últimas décadas.
Este anuncio marca un avance esperado por el sector productivo, turístico y social de las provincias involucradas, que esperan que la reparación de estas rutas impulse el desarrollo económico y mejore la seguridad vial en la región.