Un amplio dispositivo de seguridad se mantiene desplegado en sectores periféricos de la capital provincial luego de que se registraran intentos de usurpación de terrenos y viviendas en los últimos días en el barrio Dr Montaña de la ciudad de Corrientes.
La intervención policial y judicial busca contener el predio y evitar el ingreso de más personas mientras se encauzan negociaciones entre los involucrados y las autoridades municipales.
El comisario Leguizamón de la Policía de Corrientes confirmó a EL LIBERTADOR que las fuerzas de seguridad se encuentran realizando tareas de contención e identificación de quienes intentan acceder al lugar.
Según detalló la autoridad policial, el personal permanece apostado en la zona desde el momento en que surgieron las primeras alertas, con el objetivo de prevenir el asentamiento irregular y poner a los infractores a disposición de la Justicia en el marco de la causa en trámite.
Durante las primeras horas del operativo, las condiciones del terreno complicaron el accionar de los efectivos.
Al tratarse de un área extensa y con falta de iluminación, los vehículos policiales sufrieron agresiones por parte de personas que arrojaron piedras y otros elementos, dejando como saldo personal policial herido.
En la causa por usurpación interviene la Unidad Fiscal a cargo del doctor Ángel Machado, quien estuvo al tanto de la situación y se constituyó en el lugar en dos oportunidades para dialogar de manera directa con las personas que pretendían ingresar a las viviendas y a los terrenos.
La presencia del fiscal en el lugar fue gestionada tras la intervención del mediador policial, sumándose además al diálogo los asesores legales del Municipio capitalino y del fideicomiso. De forma paralela, adjudicatarios y preadjudicatarios mantuvieron reuniones con la Comuna en busca de llevar a cabo negociaciones para un final en calma.
Respecto a las versiones que circulan en redes sociales sobre la posible participación de organizaciones sociales, la Policía mantiene abiertas las investigaciones.
En este sentido, el área de análisis de redes realiza un patrullaje informático sobre la convocatoria efectuada a través de plataformas como Facebook, poniendo los resultados a disposición de la Justicia.
El desalojo a los ocupantes tras intensas horas de conflicto y negociación
Vale mencionar que en el conflicto generado en el barrio Dr. Montaña, estuvieron involucradas aproximadamente 500 personas que intentaron ocupar un predio con unas 700 viviendas en construcción e inmuebles lindantes.
La intervención conjunta de la Policía de Corrientes y la Unidad Fiscal permitió despejar el lugar de manera pacífica sin registrarse víctimas ni detenidos.
El hecho comenzó cuando familias provenientes de diversos puntos de la Capital se apostaron en el terreno para delimitar parcelas, argumentando la imposibilidad de afrontar el pago de alquileres y la falta de soluciones habitacionales.
Ante esta situación, el negociador policial Alejandro Bottini inició un diálogo con referentes del grupo que, tras más de siete horas de tratativas, convenció al 90 por ciento de las personas de retirarse voluntariamente. Sin embargo, un grupo reducido permaneció en la zona durante la madrugada de ayer.
La primera noche estuvo marcada por momentos de violencia debido a las dimensiones del terreno y la escasa iluminación de la zona.
Durante las recorridas, vehículos de las fuerzas de seguridad recibieron pedradas y agresiones con diversos objetos, dejando como saldo efectivo policial lesionado.
Para culminar el desalojo, unos cien agentes policiales desembarcaron por la mañana en el predio.
El comisario Leguizamón precisó que la fuerza mantiene un dispositivo de contingencia para resguardar el perímetro, prevenir nuevos accesos e identificar a los involucrados para remitir las actuaciones a la sede judicial.
En el plano judicial, el fiscal Ángel Machado encabezó el procedimiento, constituyéndose en el lugar en dos oportunidades a requerimiento del mediador policial para dialogar con las familias.
El representante del Ministerio Público dejó en claro que se debe cumplir la ley y canalizar los reclamos habitacionales por las vías formales correspondientes.
En las tratativas también participaron asesores legales del Municipio capitalino y del fideicomiso, acordándose reuniones institucionales para atender la situación de los manifestantes y de los adjudicatarios.
Por el momento, la causa caratulada por usurpación no suma detenidos ni imputaciones formalizadas.
Paralelamente, las autoridades mantienen activo un patrullaje informático para analizar videos y publicaciones de Facebook con el objetivo de determinar si existió una organización o convocatoria previa que impulsó el intento de toma.