En las últimas horas se supo que el peligroso narco correntino, Federico «Morenita» Marín, se fugó. El delincuente condenado tenía prisión domiciliaria desde fines de 2022 en un lugar secreto, ya que estaba bajo un programa de testigos protegidos junto a su familia.
Según informó el diario Clarín, en pleno feriado XL, Marín pidió permiso a la Justicia para salir de su casa a ir a atenderse a un hospital por unas hemorroides sangrantes.
Reubicado en un lugar secreto con su mujer y sus cinco hijos luego de declarar como arrepentido, «Morenita» lleva una pulsera electrónica de monitoreo, por eso no podía dejar de avisar si se alejaba de su domicilio.
Según pudo reconstruir el medio porteño, esto hizo a principios de semana. De hecho fue al hospital el lunes y dio el presente luego en la Justicia. Pero al parecer al otro día tuvo que asistir nuevamente a la consulta, pidió permiso pero nunca más se supo de él. No volvió a su casa.
SU TESTIMONIO
El testimonio de Marín fue clave para procesar y llevar a juicio a dos intendentes, policías, gendarmes, abogados y y a funcionarios judiciales federales correntinos que son juzgados actualmente en un polémico proceso.
SU HISTÓRIA
Marín apareció en el radar de la Justicia Federal en 2015. Y su suerte quedó marcada por la megacausa “Sapucay”, que permitió establecer cómo tres bandas narcos actuaban con impunidad en Itatí, incluso con complicidad del poder político local.
Según la investigación de la Procunar, a cargo de Diego Iglesias, la banda de Marín enviaba cargamentos de marihuana a Tucumán, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y la Villa 21 de la Ciudad de Buenos Aires. “Morenita” recién fue apresado en octubre de 2018 cuando una patrulla de Gendarmería rodeó su casa, en Itatí.
El hombre estaba fuertemente armado y se entregó después de una larga negociación. En la causa Sapucay, el capo narco correntino firmó un juicio abreviado por 12 años de prisión tras aceptar la imputación de ser miembro de una asociación ilícita, y coautor en el comercio de estupefacientes agravado por servirse de menores de 18 años y por la participación de funcionarios públicos.