Patrocinando a la ONG ambiental Rojaiju Corrientes, los concejales Fabián Nieves y Gabriela Gauna, se presentaron ayer ante la Justicia para evitar que privados se apropien de un sector del predio de la reserva de Santa Catalina que le corresponde a la Municipalidad.
El amparo fue presentado contra particulares que pretenden ocupar 35 de las 275 hectáreas que están bajo protección. El predio total de Santa Catalina, fue donado a la Municipalidad de Corrientes por parte del Estado nacional en el año 2012, siendo declarada zona de reserva en 2013 e incorporada por ordenanza al Sistema Municipal de Áreas Protegidas en 2021.
Tras la presentación, Nieves señaló que «la pretendida ocupación de 35 hectáreas de la reserva por parte de un particular lesiona, restringe, y alterará de manera arbitraria e ilegal el patrimonio ambiental municipal que pertenece a todos los correntinos generando un daño ambiental sin retroceso».
Luego, añadió: «La reserva es un corredor verde protegido, con un bosque nativo con más de 70 especies de árboles de la cual depende también la fauna nativa, donde podemos encontrar 179 especies de aves, monos aulladores, zorros grises, tatúes, comadrejas, guazunchos, lobitos de río, y es lugar propicio para otros mamíferos potenciales como el aguará guazú, yaguarundí, gato montés y oso melero. La reserva es fundamental en la conservación de la biodiversidad en nuestra ciudad».
El edil destacó que «además de constituir una zona de aprovechamiento científico, la reserva está pensada como un espacio de recreación para los correntinos, y representa una inversión sin precedentes en infraestructura verde para disminuir anegamientos, inundaciones y erosión de suelo ante eventos climáticos extremos».
Por su parte, Gauna sostuvo que «en casos de conflictos como estos siempre debe imperar el principio precautorio y ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente», y afirmó que «la reserva pertenece al dominio público y no puede estar sujeta a prescripción adquisitiva de un privado».
«Al estar incorporada al Sistema Municipal de Áreas Protegidas (Simap) no puede llevarse allí ninguna intervención que dañe o altere el ecosistema. La situación es de gravedad institucional y ambiental, y la pretensión del particular nunca puede afectar la sustentabilidad de los ecosistemas de la fauna, flora, y biodiversidad», detalló.
«Por eso presentamos este amparo junto a los voluntarios de Rojaiju Corrientes, para proteger el cordón biológico que significa Santa Catalina, solicitando su absoluta preservación ambiental e impidiendo el acceso indebido de terceros ajenos», finalizó la Concejal.
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