La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional atraviesa momentos determinantes en el Congreso de la Nación, posicionándose como el eje central de la agenda política y económica del país. En este contexto de alta tensión legislativa, la administración central busca consolidar el respaldo de los sectores productivos para garantizar no solo la sanción de la ley, sino también su posterior implementación efectiva.
En el centro de esta estrategia, la senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, lanzó una convocatoria abierta al empresariado argentino, marcando el pulso de lo que el oficialismo considera una oportunidad histórica para transformar las relaciones del trabajo.
Desde la Cámara alta, Bullrich fue tajante al referirse al papel que debe jugar el sector privado en esta etapa de transición. “Ahora es la hora de jugarse”, sentenció la legisladora, enviando un mensaje directo a las cámaras patronales tras la media sanción de la reforma que ahora regresa al Senado para su validación definitiva. Para la jefa del bloque oficialista, el nuevo esquema normativo representa un quiebre con el modelo anterior, especialmente en lo que respecta a la administración de los recursos que sostienen las estructuras gremiales y la flexibilidad para negociar condiciones hacia adentro de cada unidad productiva.
Paralelamente, desde Corrientes quienes alzaron la voz fueron los empresarios nucleados en la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), al llevar su postura ante la Comisión de Legislación del Trabajo. Allí, el presidente de la entidad, Roberto Báez, expuso los argumentos de una provincia cuya matriz productiva exige -según plantearon- una modernización urgente para salir del estancamiento en la creación de empleo formal y reducir los niveles de incertidumbre que hoy condicionan la inversión en el Interior.
EL LLAMADO A LA ACCIÓN DEL OFICIALISMO
Este sábado, Bullrich hizo especial hincapié en uno de los puntos más sensibles de la reforma: la limitación de los aportes solidarios que financian a los sindicatos. El proyecto establece que estas contribuciones no podrán superar el 2 por ciento, una cifra sensiblemente inferior a los márgenes actuales.
Al respecto, la senadora detalló la visión del Ejecutivo nacional sobre el cuidado de los ingresos de los trabajadores: “Vos ves que, en general, están entre el 4 y el 5 por ciento. Dejarlo en 0 nos parecía que iba a generar un problema muy serio en una estructura muy fuerte que tienen muchos sindicatos, sobre todo los más grandes”, explicó, justificando así el mantenimiento de un piso mínimo pero regulado.
GESTIÓN DEL GASTO
Para la referente de LLA, este ajuste no es meramente administrativo, sino que forma parte de una filosofía de gestión del gasto. Según sus palabras, se trata de “un cambio total a la política de austeridad y cuidado del dinero de la gente, que es la que pone el aporte”. Asimismo, Bullrich destacó que el nuevo marco legal empodera a las pequeñas unidades económicas, permitiendo que cualquier empresa, incluso “la más chica del país”, pueda llevar adelante una negociación colectiva directa con sus trabajadores, rompiendo con la rigidez de los convenios nacionales que muchas veces no se ajustan a las realidades regionales.
MOVIENDO EL AVISPERO
Bajo esa premisa, la senadora insistió en que el empresariado debe asumir un rol protagónico y dejar atrás la pasividad: “Que los empresarios se jueguen a hacer sus convenios por empresa, porque también acá no solamente son los gremios los que hacen esto; también vinieron todas las cámaras a pedirnos”, apuntó. De esta manera, devolvió la pelota al campo de los empleadores, en un momento donde la seguridad jurídica parece ser la moneda de cambio en las negociaciones políticas.
LA MIRADA PRODUCTIVA DESDE CORRIENTES
En sincronía con esta visión de modernización, Báez, en representación de los 15.000 puestos de trabajo directos que nuclea la Fecorr, planteó ante los legisladores nacionales la obsolescencia del sistema vigente.
El dirigente correntino fue enfático al señalar que Argentina continúa rigiéndose por normas concebidas en una realidad económica, tecnológica y social completamente distinta a la actual. Recordó que, al momento de sancionarse gran parte de la legislación que rige actualmente los contratos de trabajo, no existían las plataformas digitales ni la economía del conocimiento, elementos que hoy son pilares del desarrollo global.
Báez advirtió que este “desfasaje” entre la norma escrita y la realidad cotidiana del comercio y la industria solo genera desaliento a la contratación formal. Para el titular de la Fecorr, las leyes actuales no solo no crean nuevos puestos de trabajo, sino que fomentan altos niveles de litigiosidad.
En el ecosistema de las pymes correntinas, un solo fallo judicial adverso basado en criterios de cálculo imprevisibles puede significar, lisa y llanamente, la quiebra de una empresa familiar y la pérdida de todos los empleos asociados a ella.
Por estas razones, desde la federación local consideraron que la reforma impulsada por el Gobierno nacional no debe leerse como un retroceso en términos de derechos, sino como una actualización necesaria para el siglo XXI.
La competitividad y la seguridad jurídica fueron presentadas por Báez como condiciones indispensables para atraer inversiones hacia la provincia. El dirigente remarcó que cuando una empresa puede estimar con claridad sus contingencias y costos de salida, se encuentra en una posición mucho más sólida y predispuesta para ampliar su nómina de personal.
LITIGIOSIDAD Y PREVISIBILIDAD DE COSTOS
Uno de los ejes que mayor interés despierta en el empresariado local es la reducción de la “industria del juicio”. Báez explicó detalladamente cómo el elevado volumen de litigios, sumado a criterios de cálculo que incluyen aguinaldos y vacaciones en las indemnizaciones, genera montos que las pequeñas empresas no pueden prever ni afrontar.
La propuesta de basar el cálculo exclusivamente en el salario es vista como un avance fundamental hacia la transparencia. “Cuando una empresa puede estimar con claridad sus contingencias, está en mejores condiciones de contratar”, aseguró el referente de la Fecorr.
FONDO DE ASISTENCIA LABORAL
Asimismo, la entidad valoró la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), calificándolo como un instrumento innovador para financiar desvinculaciones de manera planificada. Este mecanismo busca reducir el impacto financiero inmediato sobre la caja de la empresa, brindando al mismo tiempo una mayor certidumbre al trabajador que finaliza su relación laboral.
No obstante, Báez aclaró que, si bien el FAL es un avance, todavía quedan desafíos pendientes en lo que respecta a la estructura general de cargas sociales que pesan sobre el sector pyme.
Otro punto destacado fue la necesidad de limitar la ultraactividad de los convenios colectivos. Para los empresarios correntinos, perpetuar acuerdos firmados hace décadas sin posibilidad de revisión ante los cambios tecnológicos es una traba a la productividad. La dinámica de los procesos productivos actuales exige que los convenios sean herramientas vivas que se adapten a la evolución de cada sector, garantizando así la sostenibilidad de las empresas en el tiempo.
EL IMPACTO EN LA MATRIZ CORRENTINA
La presentación de la Fecorr tuvo un apartado especial para la realidad productiva de Corrientes. Báez subrayó la importancia de actualizar el marco normativo agroindustrial, dado que la provincia tiene su motor económico en el campo, la forestación, el arroz y la ganadería. Estas economías regionales requieren, por su propia naturaleza estacional y geográfica, esquemas laborales más ágiles y adaptados al trabajo rural. Teniendo en cuenta ello, consideraron que una normativa específica para estos sectores facilitaría la formalización de miles de trabajadores que hoy se encuentran en los márgenes del sistema.
LA FECORR SE INCLINA POR LOS APORTES OPTATIVOS
Sin embargo, el apoyo a la reforma no fue un cheque en blanco. El dirigente marcó una clara diferencia respecto al artículo 134 del proyecto, el cual establece la obligatoriedad de aportes a cámaras empresariales por montos que podrían superar los 70.000 millones de pesos anuales a escala nacional. “Los aportes deben ser optativos. Nuestra Federación se financia con las cuotas de sus socios”, sostuvo Báez, argumentando que imponer nuevas contribuciones obligatorias terminaría incrementando los costos de los servicios y productos. Según interpretó, esto iría en contradicción con el espíritu de austeridad que el propio Gobierno nacional pregona.
Para finalizar, el titular de la federación local hizo un llamado a la reflexión sobre la deuda social que representa la informalidad. Advirtió que millones de trabajadores fuera del sistema no tienen protección, cobertura de salud ni aportes jubilatorios. En su visión, no existe verdadera inclusión sin empleo formal, y para ello es requisito sine qua non contar con empresas que tengan el horizonte despejado para crecer, invertir y competir en un mercado moderno.