Las organizaciones que conforman la Mesa de Enlace (Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Agentina) y Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, interpusieron un recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, encabezada por la ministra, Raquel Cecilia Kismer.
El objeto del mismo es impugnar la Resolución dictada por Cnta N° 230/2023, que dispuso el otorgamiento obligatorio de una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo para todos los trabajadores rurales en relación de dependencia, comprendidos en la Ley de Trabajo Agrario.
Así las cosas, Coninagro, al igual que el resto de las entidades afectadas, considera que la medida, «además de ilegítima, es arbitraria e irrazonable, ya que muchos de los productores y pequeñas cooperativas que representa se encuentran en una situación de imposibilidad material de cumplimiento y no pueden hacer frente a los bonos impuestos primero por el Estado (Dto 841/2022) y ahora por el Estado y los sindicatos, lo que profundiza los perjuicios ya generados por la sequía y crisis económica que afecta a todo el territorio nacional».
En el recurso, se solicita además, la suspensión inmediata de los efectos de la resolución, puesto el enorme gravamen que produce. «Esperamos que las autoridades tomen nota de la gravedad de la crisis que vive el sector, que perjudica tanto a empleadores como a empleados, y dé marcha atrás con una resolución no consensuada e inconsulta, que colisiona además, con el espíritu tripartito de diálogo y acuerdo que persigue la Cnta de la cual formamos parte», concluyen en un crítico comunicado.
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